No se puede alegar en su defensa que éste es el deseo de millones de colombianos. Siempre se conseguirán firmas para exigir que el pan, la leche, la luz, el transporte, los cuadernos, el cine o los medicamentos sean regalados por el gobierno. Esto no tiene gracia.

Lo difícil es que, una vez se expresan estos ingenuos anhelos, los políticos y gobernantes actúen con responsabilidad y que, a riesgo de su impopularidad, expliquen los errores y peligros del populismo.

La construcción de acueductos, el procesamiento, el transporte y la distribución del agua son costosos. En muchas ciudades de Colombia muy pronto deben emprenderse grandes ampliaciones que exigirán cuantiosos recursos. La peor opción sería renunciar a los cobros que financiarían estas obras. No habría con qué hacerlas. Este sería un paso acelerado hacia los racionamientos futuros.

Un precio razonable del agua, además, incentiva el ahorro y la protección del medio ambiente. Una parte de las tarifas del agua debe orientarse al cuidado de las cuencas, ríos y bosques. La gratuidad total estimularía el desperdicio, el consumo excesivo y la destrucción de los recursos naturales. Ningún ambientalista serio podría estar de acuerdo con esta propuesta.

La gran mayoría de las empresas de agua en Colombia es pública. Eliminar la posibilidad de que, en algunos casos, haya inversionistas privados, condenaría a ciudades como Barranquilla a tener un pésimo servicio. Los acueductos privados volverían a manos de las mafias políticas. Y si a todas las empresas públicas se las obligara a regalar su servicio, simplemente se quebrarían. Su cobertura se reduciría, y habría más gente pobre sin agua.

Los pensionados de los acueductos también resultarían damnificados. Ya que las pensiones y los servicios de salud de miles de personas se financian con las altísimas tarifas de agua (deberían costearlos los municipios y distritos), las empresas públicas de acueducto no tendrían con qué pagarlos.

El modelo colombiano de solidaridad, derivado de la Constitución de 1991, establece que sólo las personas de estratos bajos pueden recibir subsidios, pagados en parte por los consumidores más ricos, cuyas tarifas son superiores al costo del servicio. La propuesta del referendo decretaría la gratuidad para todos, ricos y pobres (¿por qué quieren subsidiar a los ricos?). Si se quisiera elevar los subsidios a los más pobres, con un claro costo para las empresas, bastaría que los municipios interesados los cubrieran con sus propios recursos.

Sorprende el silencio de los altos funcionarios (¿será porque algunos se alistan para la próxima campaña política y no quieren tomar actitudes que lastimen sus posibilidades electorales?). Sorprende el silencio del DNP y de lo poco que quedó del Ministerio del Ambiente. Sorprende el silencio de los alcaldes ante la amenaza cierta de la quiebra de sus empresas de acueducto. Sorprende la soledad de la Superintendente de Servicios Públicos, la única persona del Gobierno que ha tomado una actitud responsable en esta materia.