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Eso fue lo que concluyó una de las víctimas el día jueves de esta semana en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas de "HH", previsto en la reforma a la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 de 2012), y que se tramita ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Hace 16 años, dicha victima perdió a su padre y fue despojada de sus bienes por el accionar de “HH”, quien otrora era Comandante de los Bloques Elmer Cárdenas y Bananeros.

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Esta semana se informó a la opinión pública que "se dispararon" las solicitudes de reparación de víctimas de las Bacrim.

En efecto, la Unidad de Víctimas reporta que el año pasado 12.165 personas declararon haber sido víctimas de tales grupos. Es más, en algunas regiones del país sólo se reportan víctimas de las Bacrim, según las versiones de los personeros municipales.

El Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 1 de 2012) es tal vez la apuesta más ambiciosa en términos de justicia transicional del Estado colombiano. En dicha reforma constitucional, se opta por un modelo de justicia transicional que combina herramientas judiciales y no judiciales para terminar el conflicto, garantizar la seguridad, así como los derechos de las víctimas. Pues bien, uno de esos instrumentos de justicia transicional expresamente contemplados es la Comisión de la Verdad, la cual deberá crearse por el Legislador.

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Si uno revisa el artículo 20 de la Constitución, se encontrará con que en Colombia se garantiza el derecho a recibir información "veraz e imparcial".

Tal derecho tiene muy importantes implicaciones y funciones en el marco de un régimen democrático. En efecto, el libre flujo de información veraz e imparcial permite el acceso de los individuos al conocimiento, favorece la participación de las personas y el desarrollo del debate público, y, también, propicia el control ciudadano a los poderes públicos y privados. Pues bien, dichos elementos son consustanciales e indispensables para el buen funcionamiento de la democracia.

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La expresión "crímenes de lesa humanidad" está a la orden del día en los periódicos y noticieros nacionales y locales.

Frecuentemente se califican tales o cuales crímenes como de lesa humanidad, o se solicita que se le de tal tratamiento a ciertos fenómenos (Caso Galán, Palacio de Justicia, entre otros). En esta semana, por vía de ejemplo, se solicitó al Fiscal General que declare como lesa humanidad el asesinato del ex director del diario La Opinión, ocurrido el 12 de marzo de 1993, porque, como los anteriores, está a punto de prescribir sin que las investigaciones de la Fiscalía hubieren concluido.

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Especial atención merece la decisión de 29 de noviembre de 2012 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual se legalizaron cargos en contra de Ferney Alberto Argumedo Torres, más conocido como "El Tigre" o "Mata Tigre".

“El Tigre” se desempeñó principalmente como patrullero y comandante de escuadra de algunos de los grupos del Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las AUC, desde el l4 de abril de 2002 hasta el 5 de mayo de 2005. Recuérdese que dicho Frente estaba adscrito al Bloque Norte de las AUC comandado por el temible Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

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El pasado 12 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá en el caso del "Alemán".

En dicha sentencia, además de pronunciarse sobre el fenómeno de reclutamiento forzado y sobre las reparaciones judicial y administrativa, la Corte “saludo como buena práctica judicial los esfuerzos por proferir sentencias en las que se realiza la contextualización por bloques”.

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¿Qué tienen en común las Repúblicas Árabe de Siria y Africana de Mali?

Además de sus graves tragedias humanitarias, durante las semanas pasadas, las noticias sobre el conflicto en ambos países suscitaron gran revuelo internacional en relación con un actor en común: la Corte Penal Internacional (CPI).

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A finales del año pasado, y de manera casi desapercibida para la opinión pública, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió una de las más importantes decisiones de control de legalidad de cargos.

En esta ocasión, se controló la legalidad de los cargos formulados por la Fiscalía en contra del otrora comandante de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, Herbert Veloza García, más conocido como “HH”.

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Recuérdese que el 14 de marzo de 2012 dicho Tribunal profirió su primera sentencia mediante la cual condenó a Thomas Lubanga por el delito de reclutamiento forzado.

En su momento, critiqué dicha sentencia, entre otras razones, por la insuficiencia probatoria y el desorden en la investigación (Ver columna).

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