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Avanza el Foro Económico Mundial en Davos para discutir a “muy alto nivel” la situación mundial y pensar estratégicamente el futuro.

Asisten 2633 personas de la “élite mundial” (1 y 2). De ellos solo el 15% son mujeres y apenas unas decenas tienen menos de 30 años. La mayoría son de América del Norte, seguidos por los europeos; son pocos los africanos pero menos los sudamericanos.

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ONG de la sociedad civil mundial se unieron para promover la Semana del Copyright(1). Cada día la campaña apunta a un principio fundamental para guiar la política pública en derecho de autor.

Colombia tiene pocos pendientes para cumplir el TLC con EE.UU., pero uno de esos es reformar el sistema de derecho de autor: debe crear un procedimiento de “puerto seguro” para intermediarios de Internet, crear un sistema civil para “medidas tecnológicas de protección”, ampliar el plazo de protección e incluir otras medidas que fortalecerán los derechos de los titulares, pero esto no la obliga a evitar analizar opciones; de hecho es una oportunidad para trabajar en una política pública integral.

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Colombia en la OMPI
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En un par de semanas se reunirá en Ginebra un comité especial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para discutir dos tratados: uno busca solucionar problemas de las bibliotecas, y otro creará un nuevo derecho para los radiodifusores (broadcasting).

Expreso mi preocupación por la aprobación del Tratado de Radiodifusión que surge de la idea de controlar la piratería de señales de TV. El tratado buscaría proteger a la industria del entretenimiento deportivo, cuyo mercado supera los US$600 billones en el mundo, crece más que el PIB y donde el fútbol es el rey.

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Para donde vamos, vamos mal
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Varios sucesos de esta semana dejan la sensación de que “vamos mal”

1. La Corte Europea de Justicia dictaminó que la vigilancia masiva de ciudadanos, derivada de la directiva de retención de datos, no es compatible con los derechos humanos. Dijo que el monitoreo generalizado de la población es inaceptable en sociedades democráticas. La directiva europea ordenaba retener datos de ciudadanos por 2 años. En Colombia la norma equivalente es de 5 y ha facilitado recientes interceptaciones a comunicaciones de personas concretas (me refiero al caso Andrómeda). Vamos mal.

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Ciudadanos en la ciberguerra
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El gobierno tiene que revisar el marco jurídico de ciberseguridad, pero integrando a la sociedad civil con sus preocupaciones de derechos humanos, y no limitando el debate al lenguaje de ciberguerra.

Hace dos meses discutíamos sobre “Andrómeda” y cómo en una operación fachada del ejército se usaban civiles para interceptar correos de negociadores de paz en La Habana, periodistas y líderes políticos. Pedimos participar en la comisión que el gobierno anunció para revisar los alcances de la ley de inteligencia en relación con los derechos humanos. La semana pasada el presidente Santos remitió tal solicitud a los Ministros de Justicia, TIC y Defensa.

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Internet en Campaña
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A unas semanas de que los colombianos elijan a su presidente para el próximo período lo que sabemos de ellos es básicamente su hoja de vida pública, si registran bien en cámara y algo de sus maleables buenas intenciones. No hay detalles de su programa de gobierno.

¿Cómo puedo como ciudadana evaluar, más allá de preferencias partidistas o simpatías personales, a los candidatos a un cargo de elección popular? La respuesta lógica sería buscar su programa en Internet.

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Presidente, queremos estar en la comisión
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La operación Andrómeda del Ejército Nacional evidenció que en Colombia se hace vigilancia de comunicaciones a civiles, amparada en argumentos de seguridad nacional y soportada por un marco jurídico que aprovecha vacíos y grises normativos y está lejos de ser garantista de los derechos civiles.

Es imposible mirar Andrómeda sin recordar las chuzadas del DAS o imaginar el potencial de “Gran Hermano” de los Estados en el siglo XXI (Snowden acaba de agregar a sus denuncias la afirmación de que EEUU sí tiene la capacidad de recabar todas las comunicaciones de Internet de un país, grabarla y procesarla). Aunque la solución más fácil es resignarnos al famoso “el que nada debe nada teme” y reconocer que estamos en una pecera, lo cierto es que el Estado debe responder a un marco legal de garantías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones.

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¿Cómo invierte América Latina en materiales?
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UNESCO reunió en 2012 a representantes de gobiernos, academia y sociedad civil para promover que la política pública de los Estados incentive el desarrollo y uso de Recursos Educativos Abiertos (REA), el documento se conoce como “Declaración de París”.

Hoy los planes y programas de los gobiernos incorporan importantes metas para lograr una mejor apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los sectores, incluido educación. Pero, en general, los mayores esfuerzos y recursos siguen destinándose a la infraestructura.

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La 301 es una lista negra anual y pública de la oficina de comercio de EE.UU. (USTR) que clasifica en tres niveles de prioridad el incumplimiento por propiedad intelectual de sus socios TLC.
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Las fuentes, la intención y el contenido de la 301 son ilegítimos. ¿Dónde queda la soberanía estatal si EE.UU. decide solito que tiene la autoridad para pasar al tablero y acusar, lista en mano, a sus compañeros? La USTR actúa unilateralmente, desconociendo el procedimiento acordado para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual EE.UU. impulsó en los 90 y es obligatorio. La 301 es una pataleta que por el peso de quien la ejerce tiene efectos indeseables: los países en la lista son presionados para modificar sus políticas públicas.

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El 301 es un instrumento de matoneo
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El 301 es una lista negra anual y pública de la oficina de comercio de EEUU (USTR) que clasifica en 3 niveles de prioridad el incumplimiento por propiedad intelectual de sus socios TLC.

Las fuentes, la intención y el contenido del 301 son ilegítimos. ¿Dónde queda la soberanía estatal si EEUU decide solito que tiene la autoridad para pasar al tablero y acusar, lista en mano, a sus compañeros? USTR actúa unilateralmente, desconociendo el procedimiento acordado para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que EE.UU impulsó en los 90 y que es obligatorio.

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