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El director de la Policía, General Palomino, ha enviado una carta a los miembros de esa institución invitándolos “a meditar con valor cuando el demonio de la corrupción toque las puertas de su ser” e instándolos a que no se dejen sobornar por “la delincuencia [que] sabe muy bien cuáles son los cantos de sirena que pueden llegar a convencer a los uniformados”. Es un llamamiento insólito, pero atinado, aunque insuficiente.

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Póliza de cumplimiento para los sindicalistas
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En los último tres años, 1.066 sindicalistas han sido objeto de violaciones a su derecho a la vida y la seguridad.
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** Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org). /
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De ellos, 79 han perdido la vida violentamente (73 asesinados y 6 desaparecidos forzadamente), 31 han sufrido atentados y 953 han recibido amenazas de muerte. La impunidad promedio por estos casos se estima en 96,7%, según estudios de la Escuela Nacional Sindical.

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El debate pendiente de las presidenciales
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Los pasos que se están dando para alcanzar la paz son importantes, pero no suficientes, según la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que presentó el pasado 26 de marzo su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
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 Una paz duradera requiere, según su informe, reconocer “la necesidad de llevar a cabo un cambio estructural radical” para reducir la pobreza y la desigualdad” (párr. 99), así como tomar medidas para modificar “la cultura de contrainsurgencia que impregna las instituciones del Estado y la sociedad” (párr. 54).

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Cautela con las medidas
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En 1992 el Gobierno colombiano tuvo la osadía de decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sus decisiones no eran obligatorias.
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 La Comisión, que para entonces no enviaba casos a la Corte sino de manera excepcional y cuando advertía poca voluntad de colaboración en un Estado, optó por demandar a Colombia ante la Corte por la desaparición de Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Fue una manera didáctica y contundente de mostrarle al Gobierno qué tan obligatorias podrían ser sus decisiones. Así se produjo, tres años más tarde, la primera sentencia internacional de condena al Estado colombiano por violación de derechos humanos.

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Resocialización y ley de justicia y paz
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En agosto deberán ser dejados en libertad varios paramilitares (entre 268 y 430) procesados bajo la ley 975, conocida como la ley de justicia y paz.
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Así lo reveló la Fiscalía, en el foro realizado por la revista Semana el pasado martes. Estas liberaciones tendrán lugar por cumplirse ocho años desde cuando los procesados fueron privados de su libertad, en 2006, pues ese es el período máximo de cárcel aplicable en virtud de la reducción de pena autorizada por la ley 975.

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Paramilitarismo cibernético
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Con la operación Andrómeda y la corrupción descubierta en contratos militares, el Gobierno está siendo víctima de su propio invento por haber promovido la ley de inteligencia 1621 de 2013, que fomenta graves abusos de poder por parte de los agentes secretos del Estado.
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Ante todo, al haber autorizado dicha ley el “monitoreo del espectro electromagnético”, facilitó la violación de la exigencia de orden judicial para cualquier interceptación de comunicaciones. Si bien la Corte Constitucional advirtió que ese monitoreo debe limitarse a efectuar un “rastreo indeterminado” y no permite la fiscalización de “alguien en particular”, la distinción entre las dos actividades es muy difícil de establecer y, especialmente, de controlar.

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El delito de interceptación de comunicaciones (Operación Andrómeda o DAS) no sería investigado judicialmente, según la sentencia sobre el Marco Jurídico para la Paz (C-579/13).
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Así lo advierte la Corte Constitucional, al enunciar unos delitos que pueden dejar de investigarse, aunque no incluye dentro de ellos ninguna de las violaciones de derechos humanos reconocidas como graves por la propia Corte (apartado 8.2.7.1., ii). Esta sentencia afirma, una y otra vez, que el Estado está obligado a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.

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La Corte Constitucional divulgó, a finales del año pasado, el texto final de la sentencia sobre la constitucionalidad del “Marco jurídico para la paz” (C-579/13). Cabe destacar aquí un aspecto positivo, otro negativo y un interrogante al respecto.
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l aspecto positivo consiste en que la Corte, como producto de la minuciosa y extensa revisión que hizo sobre el tema, estableció de manera rigurosa unas garantías que deben ser cumplidas como mínimo por el Estado a favor de todas las víctimas.

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La Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por las macabras violaciones perpetradas en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica (municipio de Riosucio, Chocó).
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Tres mil quinientas personas fueron desplazadas como consecuencia de una acción coordinada entre paramilitares y Ejército. El día 28 de ese mes, los paramilitares aterrorizaron a la población decapitando sin piedad al campesino afrodescendiente Marino López Mena, luego de lo cual jugaron fútbol con su cabeza y arrojaron su cuerpo desmembrado al río.

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Ante los ojos de todo el mundo, el procurador ha venido abusando de sus atribuciones de manera sistemática, a diestra y siniestra.
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 A diestra, para absolver a sus amigos parapolíticos. Y a siniestra, para castigar a sus enemigos, como los alcaldes Salazar y Petro, u oponerse a la sentencia de la Corte sobre el aborto. Se hizo reelegir mediante notorias y grotescas prácticas clientelistas, y ha actuado casi como candidato presidencial en sus giras por San Andrés o por La Haya. Tres reflexiones, entre muchas otras, cabría hacer en el breve espacio de esta columna:

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