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SALVO QUE UNA TUTELA O UNA medida cautelar de la Comisión Interamericana dejen sin efecto su actuación, lo más probable es que el procurador tenga la intención de confirmar la sanción de destitución de Petro.

Pero en cambio, si la revocatoria se llegara a votar en marzo, Petro podría ganarla pues paradójicamente el proceso de la Procuraduría ha incrementado su popularidad.

Esta dinámica podría llevar a dos situaciones, ambas indeseables.

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Salvo que una tutela o una medida cautelar de la Comisión Interamericana dejen sin efecto su actuación, lo más probable es que el procurador tenga la intención de confirmar la sanción de destitución de Petro.
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Pero en cambio, si la revocatoria se llegara a votar en marzo, Petro podría ganarla pues paradójicamente el proceso de la Procuraduría ha incrementado su popularidad.

Esta dinámica podría llevar a dos situaciones, ambas indeseables.

Si el procurador destituye a Petro después de la votación, habría un alcalde que es destituido disciplinariamente, pero que simultáneamente la ciudadanía decidió que siguiera en su cargo. Si el procurador destituye a Petro antes de la votación, entonces los ciudadanos ven afectado su derecho a decidir si Petro sigue o no.

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Cuenta San Agustín en la ciudad de Dios que Alejandro Magno capturó a un pirata y le preguntó por qué pillaba los mares.
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Rodrigo Uprimny ** Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. /
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La respuesta del pirata es legendaria: “Por la misma razón que tú sometes a pillaje toda la tierra; a mí me llaman ladrón porque lo hago en un pequeño barco y a ti te llaman emperador porque lo haces con toda una flota”.

San Agustín relata este pasaje para discutir un complejo y clásico problema de filosofía política: ¿qué diferencia al Estado de una banda de ladrones? Y concluye que es la justicia, pues un Estado desprovisto de justicia degenera en una banda de ladrones, pero a gran escala.

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Hace tres semaas invité al procurador Ordóñez a que debatiéramos con altura si él había o no violado el artículo 126 de la Constitución.
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Mi tesis es que lo ha hecho, pues ha nombrado en cargos de libre nombramiento y remoción a familiares cercanos de los magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, que son funcionarios competentes para intervenir en su designación como procurador. Y el artículo 126 de la Constitución, para combatir el nepotismo y los carruseles de favores, prohíbe tajantemente ese tipo de nombramientos.


El procurador no ha refutado expresamente mi tesis, pero recibí una respuesta tácita de parte suya, que amerita un debate público.

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Fumigaciones y principio de precaución
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Rodrigo Uprimny ** Director de Dejusticia y profesor Universidad Nacional. /
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Una sentencia del 11 de diciembre del Consejo de Estado (CE), muy importante pero que ha pasado inadvertida, permite concluir que las fumigaciones con glifosato deberían suspenderse por violar el principio de precaución (PP).

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¿Democracia o plutocracia?
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¿Está Estados Unidos convirtiéndose en una plutocracia? Es una pregunta legítima, pues la influencia del dinero en las elecciones de ese país, que ya es abrumadora, podría incrementarse por una reciente sentencia de su Corte Suprema (caso McCutcheon).
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Y es una pregunta que debería interesarnos a los colombianos, pues las distorsiones democráticas de Estados Unidos tienen impactos globales.

Después de Watergate, el Congreso de Estados Unidos expidió, en 1974, una ley que establecía topes a los gastos electorales y a las contribuciones privadas a las campañas. Era una regulación sabia para controlar la influencia indebida del dinero en las elecciones, pero la Corte Suprema la ha ido desmontando.

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¿Está Estados Unidos convirtiéndose en una plutocracia? Es una pregunta legítima, pues la influencia del dinero en las elecciones de ese país, que ya es abrumadora, podría incrementarse por una reciente sentencia de su Corte Suprema (caso McCutcheon).
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Y es una pregunta que debería interesarnos a los colombianos pues las distorsiones democráticas de Estados Unidos tienen impactos globales.

Después de Watergate, el Congreso de Estados Unidos expidió, en 1974, una ley que establecía topes a los gastos electorales y a las contribuciones privadas a las campañas. Era una regulación sabia para controlar la influencia indebida del dinero en las elecciones, pero la Corte Suprema la ha ido desmontando.

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Algunos de quienes criticaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiera otorgado medidas cautelares a favor de Petro han sugerido que eso ocurrió porque la CIDH tiene sesgos izquierdistas.
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 Y que por ello decretó medidas cautelares para proteger los derechos políticos de un alcalde de izquierda, ya que anteriormente había otorgado esas medidas sólo frente a amenazas contra la vida y la integridad personal, pero no frente a otros derechos.

Una decisión de la misma CIDH el pasado 24 marzo (resolución 6/2014) muestra que ninguno de esos dos supuestos es cierto: ni la CIDH tiene los sesgos izquierdistas que algunos le atribuyen, ni las medidas cautelares operan sólo frente a riesgos a la vida y a la integridad.

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Ninguno de los argumentos dados por el Gobierno o sus abogados para incumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro es convincente.
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Algunos dicen que esas medidas son simples recomendaciones, que los Estados pueden o no aceptar. Pero no es así: en Colombia esas medidas son obligatorias, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC).

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Abraham Lincoln, en su célebre discurso de Gettysburg, caracterizó la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
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Es una bella definición. Pero la democracia colombiana tal vez requiere una definición más prosaica: nuestra democracia es el gobierno a nombre del pueblo… pero sin mucho pueblo.

Al menos eso indican los resultados del pasado domingo: la inmensa mayoría de los ciudadanos no participó en la selección de quienes serán sus congresistas. Los representantes del pueblo fueron entonces electos con muy poco pueblo.

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