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Con ocasión de la controvertida destitución del alcalde Petro, algunos han cuestionado la actitud del procurador con el argumento de que ella estuvo guiada por sus fuertes convicciones ideológicas.
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Tener una visión de la sociedad edificada sobre nociones de derecha o de izquierda no es en sí mismo malo; por el contrario, esa pluralidad, con la permanente contraposición que genera, es sana para la vida democrática. La utilización de esas ideas como plataforma política es válida, así como los debates que genere en el mismo contexto; las grandes potencias suelen alternar periódicamente gobiernos de una y otra tendencias, sin que sus líderes sean censurados por el solo hecho de profesar alguna de ellas.

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Política criminal mediática
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Reconforta escuchar al ministro de Justicia advirtiendo que las agresiones con ácido no se evitan aumentando las penas; no porque se trate de una teoría novedosa (el carácter subsidiario del derecho penal es una de las nociones más elementales que se enseñan en las facultades de derecho), sino por tener el valor de recordarlo cuando la comunidad social quiere escuchar lo contrario.
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 Dudo mucho que alguien crea seriamente que el incremento punitivo es la panacea para terminar con la delincuencia y que el inconveniente radique en que hasta ahora a nadie se le había ocurrido esa mágica solución. Lo más fácil para él hubiera sido anunciar el endurecimiento de las sanciones, porque genera en la sociedad una reacción analgésica: alivia temporalmente sin atacar las causas del problema

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La destitución del alcalde
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Aun cuando no conozco detalles del proceso que culminó con la destitución del alcalde, la información de los medios me deja la sensación de que el castigo fue desproporcionado; en cambio, no tengo ninguna duda sobre la posibilidad de que el procurador tome decisiones que se solapen con facultades otorgadas a otras entidades como el Consejo de Estado o los jueces penales: es una prerrogativa que debería desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico.
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En cuanto al fundamento de la sanción disciplinaria, los cauces ordinarios para controvertirla son una investigación penal en contra de quien la emitió (si se considera que prevaricó), o una acción contencioso administrativa que incluso prevé desde el comienzo la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

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La despenalización del consumo de drogas
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Un reciente documento de la ONU sugiere despenalizar el consumo de drogas, aduciendo que sería un buen mecanismo para descongestionar cárceles y para destinar a programas de rehabilitación los dineros que hoy se emplean en la represión.
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La idea es mejor que los argumentos con los que se pretende soportarla. El criterio para que una conducta sea convertida en delito o deje de serlo no puede ser la disponibilidad de cupos penitenciarios; por esa vía habría que legalizar el homicidio cuando las penitenciarías se llenen de asesinos. Para que un comportamiento pueda ser incluido en el Código Penal se requiere que represente un atentado contra derechos de terceros, de tal gravedad que sólo sea posible combatirlo eficazmente a través de su criminalización.

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La Comisión de Acusaciones
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El trabajo de la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes suele ser muy criticado.
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Fundamentalmente se dice que, como sus miembros no deben ser abogados, carecen de los conocimientos necesarios para conducir una indagación penal y que sus decisiones tienen un matiz político.

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Tutela contra sentencias judiciales
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Una de las más recurrentes críticas en contra de la acción de tutela se refiere a la posibilidad de que a través de ella se puedan revisar sentencias judiciales; esa facultad ha propiciado buena parte de los llamados choques de trenes entre las cortes Suprema y Constitucional, en cuanto aquélla rechaza cualquier tipo de control de sus providencias alegando ser la cabeza de la Rama Judicial.
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Si un juez civil recibe dinero para resolver un proceso que se adelanta en su despacho, nadie dudaría de que la Fiscalía puede investigarlo e incluso conseguir la anulación del fallo. En el evento de que el mencionado prevaricato hubiera sido cometido por magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema, parece claro que también su proceder debe ser objeto de una indagación penal que, en el evento de terminar con la demostración del crimen, no sólo supondría una condena para sus autores, sino la revocatoria de la decisión que irregularmente adoptaron.

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¿Por qué en Colombia, donde cerca del 70% tiene una imagen desfavorable de la justicia, sólo un 11% desconfía de la tutela?
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¿Cómo se explica que en un país donde se suele decir que aquélla es para los de ruana, tanta gente del común acuda a este instrumento extraordinario? ¿Por qué si existe la generalizada idea de que los jueces no suelen ocuparse de conflictos de poca trascendencia, como robos de menor cuantía o riñas de baja intensidad, se confía en ella para que, por ejemplo, un estudiante no sea obligado a cortarse el cabello? ¿Qué mueve a alguien a solicitar el amparo de un derecho pese a saber que los procesos duran años antes de ser resueltos?

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La constitución de 1991 ha sido merecidamente alabada por contener un importante catálogo de derechos cuya existencia se reconoce a favor de los ciudadanos y por haber incorporado una figura que, como la de la tutela, se ha convertido en el instrumento más eficaz para que cualquiera exija y obtenga, en corto tiempo y sin necesidad de recurrir a complejos artilugios judiciales, el respeto de los mismos.
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Yesid Reyes Alvarado
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Ha sido tal su utilidad, que los funcionarios judiciales dedican buena parte de su tiempo a resolver esas solicitudes, dado lo apremiante de sus términos y lo prioritario de su trámite; debido a ello, es frecuente escuchar voces que proponen limitar su campo de aplicación como una forma de descongestionar los juzgados. Sin embargo, un correcto análisis de la situación debería indicar que si las personas recurren a ella para que les sean amparados sus derechos, lo hacen porque son conscientes de que si acuden a los cauces usuales difícilmente tendrán éxito.

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Las funciones de la Procuraduría
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La destitución que Alejandro Ordóñez ordenó en contra del alcalde de Bogotá ha provocado una gran polémica sobre los poderes de la Procuraduría, que ya se ha traducido en varias propuestas encaminadas a reducir el alcance de sus funciones.
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Yesid Reyes Alvarado
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Desafortunadamente la mayoría de las críticas han estado dirigidas a él como individuo, lo que ha generado la sensación de que se trata de un enfrentamiento entre partidarios del burgomaestre y de Ordóñez. Ese matiz que ha tomado la controversia se puede convertir en el principal obstáculo para adelantar cualquier reforma a la Procuraduría, porque un intento de limitar sus actuales competencias podrá ser visto como una retaliación por la determinación que acaba de tomar.

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Yesid Reyes Alvarado
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En reciente editorial El Tiempo le sugiere a la Corte Suprema que para poner fin a las controversias que se han presentado entre las cabezas de la Fiscalía y la Contraloría, acepte la recusación que presentó Sandra Morelli contra el vicefiscal y tramite la designación de un fiscal ad hoc que continúe con las investigaciones respecto de la contralora.

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