El estatuto de oposición de las minorías

Se podría decir que se trata del estatuto de oposición al que aspiran las minorías o sobre el que, al menos, hay coincidencias. En síntesis, el proyecto define la oposición como un derecho fundamental y autónomo, por lo que establece los derechos para su ejercicio y para las minorías que no participan en el gobierno. En los 23 artículos que contiene se precisan las garantías para el ejercicio de esa oposición e incluye unos derechos para las minorías políticas que no se declaren en contravía al gobierno. La idea, enfatiza Novoa, es garantizar el pluralismo político y la alternancia en el poder, esencia fundamental de la democracia.

La iniciativa consagra dos tipos de derechos: de oposición y de participación. Y dentro de las propuestas en materia de ese segundo ítem se plantea, por ejemplo, que la oposición y las agrupaciones políticas minoritarias que no participen del gobierno tendrán representación en la Junta Directiva del Banco de la República (presentando una terna al presidente para que elija a uno de sus miembros); la Procuraduría (con la creación de una procuraduría delegada para derechos de la oposición), que debe presentar anualmente un informe al Congreso; la Comisión Nacional del Servicio Civil; la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; además de lo establecido en cuanto a las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes y en las comisiones legales, accidentales o transitorias del Legislativo.

Asimismo, el proyecto habla del derecho de acceso a la información pública y a documentos oficiales, derecho de acceso a los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético y derechos de réplica y rectificación. Por otra parte, propone establecer el “día de la oposición”, en el que los partidos y las minorías que no participen en el gobierno, de común acuerdo, tendrán derecho a fijar el orden del día, un día al mes, en cada una de las cámaras o en las corporaciones colegiadas de elección popular, para hacer debates de control político o votaciones para la aprobación de iniciativas de su interés.

En uno de los parágrafos se señala que el Gobierno, en todos los niveles, tendría que presentar anualmente un informe público de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Y para que todos esos derechos anteriormente mencionados no sean “letra muerta”, se establece la acción de protección, que “podrá instaurarse ante la nueva autoridad electoral que debe ser despolitizada y garante de los derechos de todas las agrupaciones políticas y no solo de las mayorías”. Un punto que tiene que ver con la reorganización o reestructuración del actual sistema electoral colombiano, incluido dentro de los acuerdos de paz con la guerrilla.

Otro tema clave se refiere a acabar con el llamado transfuguismo y la cooptación de la oposición y las minorías independientes por parte de quien está en el poder. Y en este sentido, el documento dice que el presidente de la República no podrá nombrar como integrantes de su gobierno a líderes de la oposición o de las minorías independientes sin el beneplácito de su partido político. Quien acepte el cargo ofrecido sin autorización, será retirado en forma inmediata de la colectividad y separado del mismo por cuatro años.

Por cierto, para ejercer el derecho a la oposición, los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en la Cámara de Representantes deberán inscribirse ante la autoridad electoral, que deberá implementar un Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, publicado anualmente en el Diario Oficial o en el periódico oficial departamental o distrital, según el caso, con el listado de quienes se declaren en oposición.

Esos grupos políticos contrarios a los gobiernos de turno tendrán, a su vez, la obligación de desarrollar sus actividades dentro del marco de la Constitución y la ley. “No podrán incitar, utilizar o justificar el uso de la violencia o estimular sentimientos de odio, o cualquier modalidad de discriminación étnica, racional o de género”, dice la propuesta. Igualmente, se plantea un régimen de aplicación gradual del estatuto en las entidades territoriales: “Una vez aprobada, la ley estatutaria se aplicará en forma inmediata en los departamentos y ciudades capitales y, en las siguientes elecciones territoriales, a las ciudades y municipios con menor número de habitantes”.

Otros dos aspectos tienen que ver con las movilizaciones convocadas o apoyadas por los partidos y movimientos políticos de oposición. Para ellas, el defensor del Pueblo deberá designar un vocero que tendrá el encargo de velar por las garantías para la protesta social pacífica e informar a la opinión pública sobre su cumplimiento por las autoridades. A su vez, el Gobierno, a través de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, deberá estructurar programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las agrupaciones declaradas en oposición.

El proyecto será puesto hoy sobre la mesa y aunque no significa una última palabra, teniendo en cuenta que la mayoría de partidos y movimientos minoritarios comparten muchos de sus puntos, es claro que será uno de los ejes de la discusión. “La firma de un acuerdo de paz es una oportunidad excepcional para que se adopte un estatuto de oposición y se fortalezcan las garantías a las minorías, así como para consolidar el pluralismo que contribuya a la realización del principio de la alternancia política”, concluye Novoa.