La dirigencia siria cedió a las presiones de la ciudadanía que, mediante protestas que se prolongan desde hace meses en busca que se pusiera fin a las inusitadas libertades de las que ha gozado el Ejecutivo para gobernar desde 1963, cuando fue declarado el estado de emergencia que, desde entonces, le ha otorgado facultades extraordinarias al Ejecutivo.
El Consejo de ministros optó por derogar la Ley en medio de un clima de extrema violencia, que ha dejado 30 muertos y 90 heridos, tras las protestas de la ciudadanía.
Adicionalmente, se anunció que el Gobierno estudia un proyecto de Ley que busca poner fin a las prohibiciones reinantes para adelantar protestas en la vía pública.
La disposición “regula el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, medidas para autorizarlo, y mecanismos para proteger a los manifestantes”, anunciaron medios de comunicación de ese país del medio oriente.
La clase dirigente concluye así el propósito expresado el sábado anterior por el propio presidente sirio Bachar al Asad, quien se comprometió a liderar la eliminación de estas limitaciones al ejercicio de actuaciones propias de los regímenes democráticos.
Sin embargo, las autoridades siguen repeliendo las movilizaciones de los inconformes, que han sido calificadas de levantamientos armados por parte del Ministerio del Interior; así lo muestra la detención de varios jóvenes que coreaban cantos de reivindicación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Damasco, donde sufrieron golpizas a manos de la Policía.