Los dos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos con mejor percepción por parte de los ciudadanos, según recientes encuestas, el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, protagonizaron un fuerte choque el miércoles por cuenta de la política de indultos.
Primero el vicepresidente anunció que en los próximos días será expedido por el presidente Santos un decreto reglamentario de la Ley 1424, que fortalece el alcance de la Ley de Justicia y Paz. “Se trata de que toda persona desmovilizada de los grupos armados ilegales, que no esté implicada en delitos de lesa humanidad, se acoja al principio de verdad, justicia, colaboración, reconciliación y no repetición y se reintegre a la vida civil”.
Inmediatamente, el ministro Vargas Lleras desmintió públicamente a su compañero de gobierno al decir: “las afirmaciones hechas en este sentido por el señor vicepresidente de la República, Angelino Garzón, carecen de todo fundamento legal y constitucional. No existe ningún proyecto de decreto modificando la política de indultos que vaya a ser expedido en desarrollo de la reglamentación de la Ley 1424”.
Vargas aseguró que la política de indultos que rige en el país está amparada bajo el Decreto 4619, del 13 de diciembre de 2010, y determina que no se concederán indultos por delitos políticos, a quienes hayan incurrido en delitos atroces, de ferocidad o barbarie, de terrorismo, secuestro, homicidio o actos de lesa humanidad. El ministro dijo que no se consideran delitos políticos los cometidos por exmiembros de las autodefensas y que la reglamentación de la Ley 1424, que sale en 15 días, no tiene nada que ver con indultos.
Pero Garzón volvió a intervenir para responderle a Vargas que el Gobierno ha reconocido que existe un conflicto armado, y también como grupos armados ilegales a paramilitares y guerrilleros. “Busquemos todos los sinónimos, pero las personas que se acojan a la Ley 1424, llámense como se llamen, quedan en libertad”, agregó.
En el mismo sentido, el senador de la U Roy Barreras, de la Comisión de Paz del Senado, cree que no es oportuno que haya ninguna modificación vía decreto, porque el objetivo de la ley está cumplido en el articulado.
Al final la Casa de Nariño zanjó la discusión afirmando que “la Ley 1424 otorga beneficios jurídicos a los desmovilizados de los grupos armados ilegales (...) y sin permitir la posibilidad de indulto o amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad”.