La priorización del revolucionario proyecto en la agenda del Gobierno, si bien ha ofrecido el apoyo político requerido, también ha revuelto las expectativas. Y aunque las denuncias de los medios se han dirigido, en buena parte, a los difíciles intereses de algunos empresarios —que los hay— y a los abusos de notarios —que también los hay—, las dificultades pululan desde todos los actores.
En Montes de María, zona emblemática por la intensidad con que se ha vivido el conflicto, el congresista Iván Cepeda ha denunciado sospechosas concentraciones de tierras en manos de unos pocos apoderados —algo, por lo demás, también corroborado por estudios de la Superintendencia de Notariado y Registro—, que, como lo denunció La Silla Vacía, se han pretendido ocultar tras figuras fiduciarias. Por su parte, en el notariado de San Jacinto, la lista de irregularidades que ha salido a la luz no es corta, aunque el notario, Alberto Vásquez, desvirtúe las acusaciones en su contra.
Pero irregularidades se encuentran también en las declaraciones de los campesinos, y muchas más, en el accionar de los llamados intermediarios. En el caso de los Montes de María, por ejemplo, se filtró una lista de los deudores del entonces Banco Agrario, hoy administrados por Covinoc. Intermediarios, o mejor, especuladores, terminaron rastreando a los titulares de la deuda y ofreciendo su pago a cambio de la propiedad. Entre el miedo y la amenaza, muchos campesinos, como era de esperarse, vendieron. Otros, sin embargo, vendieron no por chantajes, sino por ofertas que en su momento les parecieron tentadoras. Pero hoy, ante la valorización de sus antiguos predios, cuyo precio se ha multiplicado por 20 en los últimos años, se presentan como desplazados para recuperarlas y venderlas, ahora sí, a un mejor precio. También se han dado situaciones en las que los campesinos llegan como desplazados por la violencia, cuando en realidad salieron de sus tierras tras sequías o inundaciones.
Este último caso es uno de los más comunes. Muy hábilmente, la cartera de Agricultura, junto con el proyecto de restitución —diferente al de devolución que ha tomado lugar, en el marco del proceso de Justicia y Paz tras las declaraciones de paramilitares, como aquel de chibolo (Magdalena)—, ha puesto en marcha una gran iniciativa paralela de formalización. Con ésta se busca titular los predios que fueron abandonados, independientemente del motivo, y que hoy se encuentran libres. Adicionalmente a la formalización, y con miras a lograr que la restitución sea verdaderamente transformadora, el Ministerio también ha ideado programas de desarrollo rural con el fin de que el derecho de los propietarios no sólo se reconozca, sino se mejore.
Sin duda, las intenciones son las mejores, pero la tarea, en un país que sólo hasta hace un par de años comenzó a titular sus propios baldíos, es monumental. Son menos que más los lugares que están debidamente registrados. Y hay municipios en los que se presentan situaciones tan absurdas como que las Farc fueran la emisora de títulos de propiedad. Para complicar el panorama, hay en el tiempo dos y hasta tres legítimos propietarios sobre el mismo predio y, muchas veces, el primero en el tiempo y, por tanto, primero en el derecho, no fue un campesino sino algún viejo hacendado. Aunque la ley rige desde 1991, los casos complicados son la regla, no la excepción. La estructura administrativa de la cartera, al igual que los jueces encargados de dirimir en los casos, tendrán el reto más difícil. Y, en tanto tienen el poder, también la mayor amenaza. Es labor del Gobierno asegurar los 351 municipios priorizados antes de cualquier restitución. A la lista de líderes muertos, no necesitamos sumarle funcionarios.