A pocos meses de las elecciones regionales comienzan a crecer los rumores sobre presuntos intereses oscuros en el proceso de entrega de avales y, aunque es la promesa de cada cuatro años, el Gobierno y los partidos se han comprometido con blindar sus listas para que las gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas terminen cooptados por la ilegalidad.
Para evitar que sea una simple promesa, el Ministerio del Interior y Justicia contrató un estudio sobre los factores de riesgo para el proceso electoral y ya tiene una lista con personas que estarían interesadas ser candidatos, pero tendrían presuntas inhabilidades que podrían terminar en procesos judiciales.
Esta información aún no es pública y sólo ha sido entregada a la dirigencia de los partidos para que tomen decisiones al respecto. El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, advirtió que “es una decisión política de cada partido, que debe evaluar esa información que les vamos a entregar y decidir si entrega o niega el aval”.
Sin embargo, para tratar de blindar el proceso electoral, tomó la decisión de “judicializar esos hechos y en aquellos que no, lo dejamos como una advertencia”, afirmó el Ministro.
Frente a la trasparencia de los candidatos, los dirigentes de los diferentes partidos han expresado su compromiso de presentar personas que no tengan ningún tipo de antecedente judicial o disciplinario. Así lo planteó el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, quien manifestó que el partido será muy riguroso con la entrega de los avales y descartará de inmediato a los candidatos que tengan problemas.
El presidente del Partido de La U, Juan Lozano, fue más allá, y ante las advertencias sobre la posibilidad de que ingresen dineros producto del lavado de activos en las campañas, pidió un compromiso mayor del Gobierno y en especial de Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para ayudar a verificar la transparencia del dinero que se invierte en las campañas.
Por su parte, José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, dijo que bajo ningún motivo su colectividad se convertirá en una fábrica de avales, “nosotros no regalamos avales y no escogemos candidatos a dedo”.
Como ocurre cada vez que se va a llevar a cabo un proceso electoral los partidos y el Gobierno se comprometen con las garantías y la búsqueda de transparencia. Además, la Corte Constitucional declaró exequible la reforma a la justicia que tenía como fin fundamental evitar que las mafias y la delincuencia se tomen las instituciones públicas. Herramientas hay, pero amanecerá y veremos.