Mientras en el Congreso se planteaba la necesidad de incrementar las regalías por la explotación del oro, el ministro de Minas y Energía Carlos Rodado, justificaba en Toronto las recientes medidas tributarias y declaraba que el Gobierno está evaluando la reducción del impuesto de renta a las empresas mineras.
Se trata de posiciones aparentemente opuestas sobre hechos que no se pueden separar porque el Estado debe tener políticas congruentes sobre el conjunto de las participaciones que recibe por la explotación de los recursos naturales no renovables. Así no tendríamos que vivir situaciones como la denunciada por el periodista Mauricio Gómez Escobar, cuando señala que de seis billones de pesos de regalías pagadas por esa industria, tres le fueron devueltos como prebendas tributarias.
El incremento de las regalías sobre el oro ha sido sustentado con serios argumentos por el senador Laserna; en cambio, las declaraciones del ministro de Minas sonaban a justificaciones por las medidas tomadas por el Gobierno, que antes que incrementar de manera exorbitante las cargas tributarias del sector, corrigieron errores del gobierno anterior que reducían el impuesto de renta en forma significativa y totalmente injustificada.
Es evidente que la preocupación de entonces estaba centrada en mostrar cifras brutas de inversión, sin consideración de los sacrificios fiscales y su nulo impacto sobre el empleo.
Las medidas tributarias tomadas al final del año anterior y con ocasión de la emergencia invernal no afectan de manera exclusiva a la industria minera; por el contrario, todavía goza de prerrogativas.
Por ejemplo, en un reciente decreto se rebajó la mitad de los aranceles a las importaciones destinadas a este sector y desde hace mucho tiempo ha tenido el privilegio de amortizar sus inversiones en cinco años por el método de línea recta, para fines del impuesto de renta, en vez de hacerlo en forma proporcional a los volúmenes extraídos, como indican las técnicas. Distintos gobiernos han intentado corregir esta situación, pero ha sido más fuerte el poder de lagarteo de la industria.
Un interesante documento publicado en 2009 por el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid señala que, a pesar de que América Latina constituye una fuente clave de materias primas para el mundo, como quiera que contribuye con el trece por ciento del petróleo que se produce y posee el diez por ciento de las reservas naturales, el nivel de presión tributaria resulta insuficiente para afrontar las urgentes necesidades sociales que presenta la región, la más desigual del mundo. Una de las tantas causas tiene que ver con la ausencia de suficiente control sobre las empresas multinacionales, “…dadas las posibilidades de planificación fiscal internacional (precios de transferencia, abusos de convenio, capitalización exigua, diferimientos, utilización de países de baja o nula tributación etc.) y el uso de ingeniería financiera y comercial sofisticada”.
A Colombia se la ubica dentro de los países cuya proporción de productos no renovables representa más del veinte por ciento de las exportaciones, junto con Bolivia, Chile, Ecuador, México y Venezuela. No obstante, según el mencionado estudio, nuestro país ocupa el último lugar de este grupo en lo que concierne al recaudo fiscal proveniente de los recursos no renovables, como porcentaje del PIB. En 2005 representaba el 2,3%, frente a 9% de Bolivia, 3,8% de Chile, 6,1% de Ecuador, 8,7% de México y 13,9% de Venezuela. De manera que no hay razones para tener que salir a dar explicaciones sobre las decisiones internas.
*Tributarista