Un ambiente de tensa calma se vive hoy en Puerto Gaitán (Meta) y la vasta región donde se levanta el principal emporio de producción petrolera en Colombia. Tras una semana de protestas con quema de vehículos, bloqueo de vías y presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que derivaron en delicados enfrentamientos, la solución quedó sujeta a la creación de una mesa de diálogo, pero en la trasescena del conflicto quedó evidencia del polvorín social en que puede convertirse este dorado de la economía nacional.
Situada a 189 kilómetros al oriente de Villavicencio y enclavada en la margen izquierda del río Manacacías, zona limítrofe con el Vichada, la región de Puerto Gaitán era habitual epicentro de la guerra entre el Estado, la guerrilla y el paramilitarismo. Sin embargo, en esta recóndita geografía de los Llanos Orientales se escondía un tesoro: Campo Rubiales, una reserva de petróleo descubierta hace 13 años que cambió su destino. Hoy su población crece cada día más, pero al mismo tiempo se empiezan a advertir los problemas sociales.
La prueba fue lo sucedido en los últimos días. Los trabajadores de la empresa contratista Montajes J. M. iniciaron una protesta para reclamar mejores condiciones laborales, y después de la intervención del Ministerio de Protección Social y la Gobernación del Meta el asunto derivó en el bloqueo de la vía entre Campo Rubiales y el casco urbano de Puerto Gaitán. Luego llegó el Esmad, vinieron el enfrentamiento, las acciones vandálicas, la fuerza desmedida de la policía, los heridos, los capturados, los daños materiales y la tensión que hoy se vive.
Desde Toronto (Canadá), sede de Pacific Rubiales, empresa que opera el yacimiento, se emitió un comunicado para advertir que desconocidos que no eran empleados de la compañía fueron quienes bloquearon las rutas y que las medidas de seguridad coordinadas con la Fuerza Pública facilitaron una resolución pacífica a los conflictos entre una firma contratista y sus empleados sindicalizados. No obstante, su presidente en Colombia, Ronald Pantin, calificó lo sucedido como una mala señal para la inversión extranjera en Colombia.
En buena medida lo ratificó el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, quien recordó que actualmente Ecopetrol tiene una participación del 67% en Campo Rubiales, que el yacimiento produce 177.000 barriles diarios y que, sin duda, hechos como los sucedidos esta semana en Puerto Gaitán “afectan los intereses de la Nación, los ingresos de los trabajadores, la generación de divisas para el país, el empleo de la población y las regalías del municipio”. Por eso instó a la realización de un diálogo inmediato que supere las vías de hecho.
La primera medida ya está en marcha. Este martes 26 de julio, una comisión de verificación del Ministerio de Protección Social se desplazará a la zona para evaluar las condiciones laborales de la petrolera y las compañías contratistas. Además, para el 3 de agosto quedó fijada la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo entre los representantes de Pacific Rubiales y los voceros de la Unión Sindical Obrera (USO), con el compromiso de no ejercer retaliación contra ningún trabajador y dar continuidad a los contratos de trabajo.
Aún así, está crispado el ambiente. Las declaraciones de los protagonistas así lo demuestran. El mismo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, lo reconoció con estas palabras: “Buena parte de lo que pasa hoy en Puerto Gaitán es por la prepotencia e indolencia de los contratistas y no puede haber islas en Colombia”. De paso les advirtió que si la situación empeora y se siguen violando los derechos laborales y humanos a los trabajadores, con su propia firma los demandará ante la Fiscalía General de la Nación.
A su vez, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, manifestó que hoy existe un boom de migración hacia Puerto Gaitán que está generando inseguridad, inestabilidad económica y encarecimiento de la vida. Y que además está prevaleciendo un sistema de tercerización de la mano laboral en el que no hay garantías para ejercer la actividad sindical y, en cambio, más de 600 firmas de contratistas con cerca de 12.000 trabajadores que no tienen estabilidad laboral alguna.
“Pacific Rubiales sólo tiene una nómina directa de 1.500 trabajadores. El resto son tercerizados. La región está llena de resguardos indígenas y los sikuanes, que son la etnia más grande, no superan los 100 trabajadores con la petrolera”, insistió Mora. Y realmente nadie sabe a ciencia cierta cuántas familias están dependiendo del trabajo en Puerto Gaitán. En 2001, el censo oficial hablaba de 18.000 habitantes. Para 2007 ya eran 22.000. Hoy se dice que son más de 30.000. Eso sin contar la población flotante, que puede superar los 6.000.
En pocas palabras, Puerto Gaitán es el municipio de moda y no hay llanero que no tenga un pariente que quiera trabajar en la zona. Entre otros aspectos porque no hace muchos años el viaje desde Bogotá era una verdadera travesía por carreteras destapadas y monumentales barriales. Hoy se llega en seis horas por una vía pavimentada, rápida y ancha. El problema es que cada día aparece más gente, crece la informalidad, se multiplican los prostíbulos, las zonas marginales, y en cambio la salud, la educación o el saneamiento básico corren peligro de deteriorarse.
Y a pesar de que Puerto Gaitán maneja buenos recursos, no hay dinero que alcance. En 2001, escasamente administraba $1.200 millones y el Departamento de Planeación lo calificaba como un municipio financieramente inviable. Según un informe de auditoria de la Contraloría, correspondiente a 2009, por concepto de regalías ese año recibió $48.000 millones. Eso sí, con múltiples hallazgos fiscales como debilidades en sus archivos, irregularidades contractuales, atrasos en obras o fallas en los oficios de interventoría.
Su actual alcalde, Óscar Bolaños, es consciente de la problemática, pero reclama por la reforma al manejo de esas regalías. “Es lo más lesivo que se ha hecho con la región, lo más injusto e inequitativo con Puerto Gaitán, que siempre fue golpeado por el orden público y el Estado lo mantuvo en el olvido hasta que apareció el petróleo. Pero las necesidades afloran. Estamos trabajando para disminuir el déficit de vivienda, para generar puestos de trabajo, para convertir el municipio en un destino turístico a través del Festival de Manacacías”.
No es un problema de fácil solución. Los dirigentes de la región lo saben y lo reconocen. La senadora Maritza Martínez, por ejemplo, admite que la actividad petrolera dinamizó la región, pero las empresas contratistas no están garantizando óptimas condiciones laborales. Por eso logró que una comisión de senadores y organismos de control viaje cuanto antes a la zona para poner de manifiesto que se está gestando un problema social muy grave, pero aún el Estado está a tiempo de impedir que la crisis se extienda hasta crear problemas de inseguridad.
Lo ratifica el secretario de Derechos Humanos de la USO en el Meta, Darío Cárdenas: “Lo que pasó está semana tenía que salir a flote. Hay gente que está trabajando hasta 18 horas diarias y hasta 35 días seguidos sin descanso. Además, predomina la mano de obra no calificada. La gente del pueblo, sobre todo los indígenas, no se está beneficiando, la responsabilidad social no existe, no hay inversión social. Los profesionales bien pagos no son de la región. Hay mucho contratista que aprovecha la falta de reglas claras en el ámbito laboral”.
Tarde o temprano se iba a evidenciar. La pelea de los trabajadores de Montajes J.M. es apenas una muestra. En La Cristalina, situada en el área de influencia de Campo Rubiales, también se gesta una bomba de tiempo. La solución no pasa únicamente por superar el orden público. En Puerto Gaitán, donde además de petróleo y ganadería extensiva se cultivan 17.000 hectáreas de palma africana, 7.000 de soya o sorgo y están naciendo enormes proyectos agroindustriales, urgen reglas claras del Estado antes de que el polvorín haga estragos.
Los reclamos de los trabajadores
Después de los graves incidentes de esta semana en Puerto Gaitán y zonas aledañas, a instancias de la USO, los trabajadores agremiados ya tienen un pliego de peticiones para llegar a la mesa de diálogo con el Gobierno y los empresarios. En principio se busca que no haya represalias para quienes lideraron las protestas y menos que haya judicialización de los trabajadores.
Además, se busca que la USO permanezca en Campo Rubiales, que mejore las condiciones de los alojamientos, que haya reglas claras en materia de seguridad social, se contrate a personal de la región y se disminuya el tiempo de trabajo, que hoy llega hasta las 18 hora diarias. La mesa de concertación está prevista inicialmente para el próximo 3 de agosto.
Pacific Rubiales en el Meta
El municipio de Puerto Gaitán (Meta) fue fundado en 1932, inicialmente con el nombre de Majaguillo, pero a partir de 1960 tomó su denominación actual en homenaje al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. En principio sirvió como enlace comercial entre San Martín y Venezuela, a través del río Manacacías.
Desde comienzos de los años 90, la región ya era claramente un destino de exploración petrolera. Y fue así como en 1998 se descubrió el yacimiento de Campo Rubiales, entonces de propiedad de Meta Petroleum. Hace cuatro años la firma canadiense Pacific Rubiales entró a operar en la zona.
En la actualidad, la empresa está centrada en identificar reservas de crudo en la parte oriental de la cuenca de los llanos de Colombia, de la misma manera como adelanta operaciones en Perú y Guatemala. Su presencia en Puerto Gaitán ha convertido la zona en un eje de migración desde todas la regiones del país.