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La crisis genera convergencia entre empleados (asalariados), empresarios (accionistas) y gobierno para conservar los lugares de trabajo, asegurar la permanencia de las empresas y evitar una gran crisis social. Salvar la producción y el empleo asegurando la permanencia de las empresas se convierte en objetivo común que permite para el momento inmediato, posterior a la crisis, la permanencia en y de los puestos de trabajo y la posibilidad de recuperación de la producción y el consumo. Esto solo es posible si empleados, accionistas y Gobierno cooperan entre sí. En otras palabras, se integran, sienten y trabajan como equipo en el propósito conjunto de mantener a flote el barco. Esto significa que las tres partes deben asumir costos, que en el caso de empresarios y trabajadores son costos personales.
Conservar los salarios intactos mientras los ingresos de la empresa son cero o se han reducido en un 70 u 80% no es viable y llevará al cierre de la empresa, dejando a los socios endeudados y a los empleados sin trabajo. La liquidación de las empresas a nadie conviene. Tampoco es viable que el Gobierno asuma todos los costos asociados a la crisis, pues no tiene capacidad financiera y una aguda crisis fiscal no conveniente a la sociedad.
La propuesta de aporte y construcción colectiva exige que el empresario, para conservar los puestos de trabajo, cubra o gestione la cobertura de los parafiscales (salud, pensión, cesantías) según el monto que corresponde al salario previo a la cuarentena. Durante la crisis, el empresario debe trasferir al trabajador entre el 50 % y el 30 % del salario previo establecido antes de la crisis. El empleado o trabajador contribuye pidiendo una licencia no remunerada de entre un 50 % y un 70% del tiempo durante el periodo de inactividad por la pandemia (el porcentaje de la licencia no remunerada varía de acuerdo al nivel de salario. Entre mayor el salario, mayor debe ser el porcentaje de licencia no remunerada). Desde luego, durante el periodo de crisis el accionista no debe retirar ningún tipo de retribución o excedente de la empresa. Las utilidades retenidas deben ser invertidas en el propósito de supervivencia empresarial.
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En términos operativos esto significa que si se acuerda una licencia no remunerada del 70 % o 50 % se está dispuesto a recibir un monto mensual equivalente al 30 % o 50 % del salario que percibía mensualmente. Ese 30 % o 50 % le aporta al empleado para alcanzar el mínimo vital de supervivencia, mientras el aporte de los parafiscales que hace la empresa le asegura conservar los derechos a los servicios de salud, cesantías y pensión. Este acuerdo contribuye a que la empresa logre sobrevivir y pasar la crisis sin entrar en quiebra.
Para que este tipo de propuesta sea viable, dado que muchas empresas no tienen liquidez, es necesario que el gobierno cubra parcialmente o acepte una prórroga en el pago de una parte de los parafiscales. Esta contribución del Gobierno estaría plenamente articulada con el propósito de evitar que no se generen despidos en las empresas. Este tipo de contribución desde el Gobierno es mucho más efectivo y eficiente que transferir recursos a las empresas para libre inversión o cubrir costos de supervivencia de nuevos desempleados.
Endeudarse para cubrir salarios y parafiscales de trabajadores inactivos no es opción para la empresa. En cuarentena y en época de crisis económica, el costo relativo de una deuda fija en pesos, así la tasa de interés sea cero, es muy alto para quien toma el crédito. Esto porque el precio de muchos bienes, servicios y activos disminuirá en la etapa de recuperación, pues la pandemia reduce la demanda durante la pandemia y en la etapa inmediata, posterior de recuperación. Una deuda fija nominal, así no tenga intereses, aumenta en términos relativos y puede llegar a comprometer la solvencia de la empresa (puesto que los activos también bajan de precio por la crisis) que es vital para que la empresa sobreviva y los empleados conserven su trabajo.
El escenario que debemos evitar, y que será al que lleguemos si no actuamos estratégicamente aportando todos para superar la crisis, es que en el momento de recuperación no tengan los trabajadores lugar de trabajo, los socios tengan deuda pero no empresa, y el Gobierno enfrente una aguda crisis fiscal y social. Si este fenómeno es masivo puede incluso afectar la estabilidad financiera, lo que hará más difícil la recuperación.
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En síntesis, para alcanzar el propósito nacional, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, de no generar desempleo y proteger el aparato productivo, es necesario acordar que la empresa mantenga el contrato de trabajo y cubra una parte de los costos parafiscales y de los salarios. Que el empleado pida una licencia no remunerada entre el 70 % al 50 % del tiempo durante el periodo de inactividad de la empresa y que el Gobierno cubra parte de los parafiscales, asegure un buen servicio de prestación de servicios asociados a la salud pública y asegure el mínimo vital para los desempleados.
Salvar el barco es asegurar el mínimo vital de toda la población, evitar despidos laborales, salvar las empresas y el aparato productivo y, evitar una aguda crisis social. Es un acuerdo de conveniencia mutua, voluntario entre trabajadores y empresarios y en el que todos gobierno, empleados y trabajadores debemos aportar.
* Economista ambiental y columnista de El Espectador. Con la contribución de miembros de varias Juntas Directivas de pequeñas y medianas empresas.
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.