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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al juez Pablo Ruz que cierre la instrucción del caso Neymar y lleve a juicio al F.C. Barcelona, como persona jurídica, y a su expresidente Sandro Rosell por dos delitos fiscales y un delito societario en el fichaje del brasileño Neymar.
En su escrito, el fiscal José Perals también ha pedido al juez que impute al actual presidente del F.C. Barcelona, Josep María Bartomeu, por un presunto delito fiscal en el ejercicio 2014 -se calcula un fraude de 2,8 millones de euros-, del que también tendría que responder el Barça como persona jurídica.
El fiscal considera a Rosell responsable de los tres delitos, penados con prisión de 1 a 5 años en el caso del delito fiscal y de 6 meses a 4 años en el del societario, y al Barça solo de los dos delitos fiscales, que se refieren al pago del Impuesto de la Renta sobre los No Residentes de 2011 y 2013.
Incluye en su escrito un anexo con un cuadro que refleja las cantidades pagadas por el Barça por el fichaje y los impuestos que, según cálculos de la Agencia Tributaria, el club defraudó a Hacienda.
Según este cuadro de Hacienda, por el fichaje de Neymar el club pagó un total de 82.743.485 euros, incluyendo varios contratos que sirvieron para contratarle y que se enmascararon con otros conceptos, por los que el Barça tendría que pagar ahora a Hacienda 12.148.696 euros más.
De esta manera, el fichaje del brasileño le ha costado al equipo catalán un total de 94.892.181 euros, sostiene la Agencia Tributaria.
Así, el Barcelona abonó a Neymar en 2011 y 2013, enmascarados bajo otros conceptos, 10 millones como contrato de "préstamo", 7,9 millones por el derecho de preferencia sobre tres jugadores del Santos, 10 millones como "prima de fichaje" de contrato de trabajo y de imagen, 450.000 euros de derechos de imagen, 2 millones como "scouting" (ojeador) y 4 millones por un "contrato de agencia".
Estos contratos enmascarados que el Barça usó para pagar el fichaje se abonaban a tres sociedades vinculadas al jugador, que eran en realidad "meros instrumentos de la órbita" de Neymar propiedad de su padre.
"La finalidad de la utilización de dichas sociedades era fragmentar la retribución real del jugador y en realidad dichas entidades únicamente operaban como intermediarias en los pagos satisfechos por el Fútbol Club Barcelona con concepto de retribuciones laborales por derechos que corresponden al jugador", afirma el fiscal.
En total, indica, el club tuvo que pagar por Neymar 77,9 millones, a los que se añade el 5 % de todos los ingresos del jugador en concepto de comisión a su agente, cantidad que "no se han podido determinar", y los otros contratos fraudulentos que, en total, sumarían "como mínimo" 82.743.485 euros.
El fiscal considera que se debe juzgar a Rosell porque, como presidente del club en 2011, ostentaba la "plena representación" del club e inició las negociaciones con Neymar para ficharle.
Explica que las cifras del fichaje "fueron ocultadas por el presidente del club y no se incluyeron en las cuentas anuales de la sociedad" aprobadas en octubre de 2013 por la asamblea general del club, a pesar de que, remarca, en dicha reunión varios socios preguntaron por el coste real y Rosell mantuvo que había sido de 57,1 millones, cantidad que se reflejó finalmente en las cuentas.
Toda esta estrategia la planificó Rosell porque quiso adelantar un año su fichaje para que el brasileño no fuera captado por otro equipo, lo que suponía un gasto mayor, explica el fiscal.
Así, sostiene que para disminuir este gasto, el expresidente "ideó la operación" de manera que el Barça no pagó a Hacienda 12,1 millones que tenía que haber abonado en concepto de Impuesto de la Renta de los No Residentes.
"Para llevar a cabo ese plan -afirma el fiscal- y con la intención de ocultar el coste real del jugador, Alexandre Rosell ideó fragmentar el pago en diversas partidas, para lo que formalizó una serie de contratos con el Santos F.C. y con Neymar Jr., con diversos objetos y denominaciones y que, sin embargo, tenían una misma causa: el fichaje de Neymar".
El Barcelona ya pagó a Hacienda 13.550.830 euros para saldar cualquier posible deuda tributaria, una cantidad que podría ser considerada como atenuante de reparación del daño, lo que rebajaría la pena por los delitos fiscales.