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La imagen se repite a diario. Forma parte de la identidad del país. Funciona de memoria. Se ha naturalizado. Un policía se acerca a un vendedor ambulante y le exige que se retire del espacio público, lo desaloja a la fuerza y le decomisa su mercancía. Sin embargo, con la puesta en práctica del nuevo Código de Policía, la escena se ensombrece. Ahora los agentes tienen la facultad de destruir los productos y de imponer comparendos.
Esta rutina, según los líderes de los vendedores ambulantes de Bogotá, reunidos en un foro en la Universidad Javeriana organizado por el Ministerio del Trabajo, evidencia la incapacidad del Estado para garantizar los derechos de sus ciudadanos. “Hay que buscar alternativas para conciliar el derecho al trabajo y el derecho al espacio público. Queremos ser escuchados e incluidos en la construcción de la política pública que organiza y regula nuestra forma de supervivencia”, aseguró Alfredo Mahecha, representante de la localidad de Fontibón y uno de los promotores de la Sentencia SU 360 de 1999 de la Corte Constitucional, que declara, a grandes rasgos, que ningún vendedor ambulante puede ser desalojado si antes no se le garantiza la reubicación y las condiciones mínimas de trabajo.
El principal propósito del encuentro fue, en palabras de la ministra Clara López, encontrar caminos de encuentro para evitar conflictividad en la aplicación del nuevo Código de Policía. “Buscamos que a través de las subcomisiones de concertación laboral de todo el país, y por medio del diálogo social, se llegue a acuerdos entre los alcaldes locales y los vendedores ambulantes”.
Para lograrlo, Xintia Navarro, directora de la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control del Misterio, diseñó cuatro comisiones destinadas a escuchar y recoger los aportes y las ideas de los vendedores ambulantes de Bogotá. Las conclusiones, por ejemplo, de la mesa de promoción de la organización y el liderazgo de vendedores ambulantes o de la mesa destinada a analizar el marco legal y político de inclusión en el espacio público fueron consignadas en relatorías y formarán parte de la discusión con la Alcaldía.
Esta dinámica pretende replicar el ejercicio en todas las ciudades del país, mitigar los efectos del nuevo Código y mejorar las condiciones cotidianas de los vendedores ambulantes. La iniciativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el 87 % de los cartageneros encuestados por Fenalco consideran que la invasión en el espacio público aumentó radicalmente en el último año, y que el 93 % cree que el gobierno local no ha tomado las medidas necesarias para controlar las zonas más afectadas.
A esto se le suma el hecho de que en Armenia las centrales obreras han denunciado que varios módulos destinados a reubicar a los vendedores ambulantes están deteriorados y sin usar. Luis Emilio Bohórquez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció en una entrevista radial los posibles sobrecostos en el precio de los módulos que inicialmente fueron presupuestados en $9 millones y después fueron presentados por $12 millones.
Esto demuestra que la compleja situación de los vendedores ambulantes no cambia mucho en las distintas ciudades del país. Por eso, la iniciativa liderada por el Ministerio de trabajo podría ser una oportunidad para afrontar el tema en serio.
Y es que si se escucha con detenimiento las propuestas de los vendedores ambulantes y si se les incluye en el rediseño de la política pública que los regula, las soluciones definitivas saldrían a flote. Por sólo citar un ejemplo, varios vendedores que participaron en el evento aceptaron que de ser necesario estarían dispuestos a pagar un tributo para poder trabajar en las calles de Bogotá.
Así las cosas, la eterna dicotomía, en principio irreconciliable entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público, se puede dirimir y conciliar con un simple ejercicio de escucha y de diálogo.