ANI demandaría por perjuicios a Ruta del Sol 2

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, dice que está sobre la mesa un litigio por tener que parar el proyecto, liquidarlo y volver a licitarlo.

Edwin Bohórquez aya
23 de febrero de 2017 - 11:52 p. m.
Luis Fernando Andrade trabajó más de 20 años en McKinsey.  / Andrés Torres
Luis Fernando Andrade trabajó más de 20 años en McKinsey. / Andrés Torres

¿Por qué el Gobierno decidió, junto con la Concesionaria Ruta del Sol, terminar y liquidar el contrato correspondiente al sector 2 de la Ruta del Sol? ¿Por qué, si el contrato fue ganado de manera ilegal, no se liquidó unilateralmente y se entabló un proceso judicial contra la concesionaria, que integra Odebrecht, por los actos de corrupción ya conocidos? Para el economista y abogado José Roberto Acosta, “una causa ilícita es suficiente causa para decretar la caducidad e ir contra los participantes del consorcio (levantando velo corporativo)”. (Lea Procuraduría reabre investigación por contrato de Ruta del Sol)

Varios abogados consultados por este medio y que pidieron no ser citados, aseguran que en efecto existía la posibilidad de que se le declarara la nulidad, pero había uno de muchos agravantes y ese era que se vendrían unas “consecuencias sobrevinientes” para los integrantes de dicha concesión: Odebrecht (62%), Episol (33%) y CSS Constructores (5 %). Eso, en otras palabras, quiere decir que los demás contratos que tienen estas firmas podrían verse afectados y eso le agrandaría el problema al Gobierno. Por el caso de Odebrecht no habría problema, pues todo el mundo los quiere fuera del país. El problema sería por el lado de Episol (Corficolombiana es su único accionista) y con CSS Constructores (Carlos Alberto Solarte), quienes tienen contratos en la nueva generación de proyectos que adelanta el país, las famosas 4G. (Lea Medida de aseguramiento contra Andrés Cardona por escándalo de Odebrecht)

¿Y los otros agravantes cuáles eran? “La ley colombiana dice, en la Ley 80, que si se adjudica un contrato estatal a través de un delito, ese contrato tiene nulidad absoluta, por eso nosotros pusimos la demanda de nulidad. Pero el tiempo pasa y la obra está paralizada, entonces teníamos que pensar en la economía nacional, en los trabajadores”, le respondió Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a El Espectador.

El ejecutivo, acto seguido, explicó: “En este ejercicio estamos buscando cumplir dos objetivos: uno es identificar y castigar a los corruptos, que es lo que más atención ha traído de los ciudadanos del común, y el otro es proteger a terceros de buena fe, que son víctimas de estos actos de corrupción, y también a la economía nacional y su bienestar. Entonces, si nos quedamos parados esperando a que se determine la nulidad del contrato (en el tribunal de arbitramento), se sigue deteriorando la situación en todos los aspectos, las obras, los trabajadores se quedan sin su salario, los proveedores sin sus pagos y los colombianos sin la infraestructura. Por eso decidimos que era mejor acelerar el proceso y llegar a una terminación por mutuo acuerdo”.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, fue claro en que bajo el acuerdo que se hizo “se les puede pagar a todos los trabajadores que tenía la obra, más de 2.000”, también se les paga a los bancos, que son AV Villas, Davivienda, Bogotá, Occidente, Popular, Bancolombia y Helm (ahora Corpbanca), porque si no se les paga, los bancos no van a volver a financiar y se van a salir de este negocio. “Este es un buen mensaje, porque con todo y el escándalo de corrupción que estamos viviendo, se les responde a los bancos”, advierte Rojas.

Entonces el mensaje aquí es que con el arreglo todos salen ganando. Sin embargo, a pesar de que se hizo dicha terminación por mutuo acuerdo, se va a aplicar el mismo esquema de liquidación que se aplicaría si se hubiera decretado la nulidad. ¿Y eso qué es? “En este acuerdo la contraparte, que es el concesionario, accede a dos cosas que son muy buenas para el Estado colombiano. Una, renuncia a las pretensiones que tenía en el tribunal de arbitramento (donde reclamaba más de $700.000 millones) y lo segundo es que si queda un saldo a favor de ellos una vez se pague a los proveedores, empleados y bancos, ellos lo dejan en depósito, o sea en cuentas por pagar por cuatro años, para responder contra cualquier demanda o multa que se genere por causa de los hechos en cuestión”.

Entonces esa plata que están dejando servirá para pagar la multa que con seguridad va a imponer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) si se comprueba al final de su investigación que se afectó la libre competencia en la licitación de Ruta del Sol tramo 2, teniendo en cuenta que esa multa podría llegar a ser de $70.000 millones. O, también está sobre la mesa una probable demanda de la ANI por todos los perjuicios que se generaron tras tener que parar el proyecto, liquidarlo y volver a licitarlo. Esa demanda se pagaría también con los recursos citados.

La negociación a la que se llegó, cuenta Andrade, permite además reiniciar las obras a través del Invías, que debe hacer una licitación por unos $600.000 millones en obras que se llevarían a cabo este año y en el 2018, y con eso se recobraría el empleo en la región y se mantendría en marcha la construcción”.

El ministro Rojas explica que se pedirá “un traslado presupuestal de una plata que tenía el proyecto, no es plata nueva, que la pasen al Invías, luego vienen las licitaciones y las inversiones. Cada uno de los trabajadores que quedaron cesantes entraría a las nuevas concesiones. Tomaríamos los puntos de la obra y estaríamos en un ritmo de inversión de $400.000 millones este año, dándole un empujón grande al proyecto” e invirtiendo, más o menos, el mismo promedio de recursos que venía adelantando el concesionario que, cabe anotar, era el único de mostrar de los tres tramos de la Ruta del Sol.

¿Y en todo este escenario qué pasa con las pólizas de seguro que respaldaban el cumplimiento del contrato? Dentro del acuerdo se dejó claro que la cobertura de las pólizas quedó activa, se mantuvieron. Se extiende la póliza de cumplimiento por todo el período activo que dure la liquidación. El amparo por salarios y prestaciones sociales se mantiene por tres años más una vez terminado el contrato y el amparo de estabilidad y calidad de obra se mantiene por cinco años más.

Ahora, la otra pregunta del millón. Si bien Episol (Corficolombiana) y CSS Constructores vendrían siendo afectados por los actos corruptos de Odebrecht (al expresidente de Corficolombiana Jorge Elías Melo lo vincularon al proceso y ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía), ¿existe la posibilidad de que, una vez abierta la nueva licitación, alguno de estos actores se quede con el nuevo contrato que estructure la ANI, publique y adelante apenas esté listo? “Pues sí, mientras no se determine que ellos cometieron un delito, claro que sí, y a la fecha no hay ninguna indicación en ese sentido”, le respondió Andrade a El Espectador.

 

Por Edwin Bohórquez aya

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