Con el propósito de aliviar los apremios de los exportadores, sometidos a las oscilaciones de la tasa de cambio, en septiembre de 2008 el Fondo para el Financiamiento de Sector Agropecuario (Finagro) reglamentó una línea especial de crédito. A ella accedieron, vía Banco Agrario, un significativo número de productores agrícolas, especialmente floricultores. Dos años después, con $224 mil millones desembolsados, el Estado está en serias dificultades para recuperarlos y el asunto ya llegó a los organismos de control.
La idea original de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario era beneficiar a productores de banano, follajes, flores o piscicultura, severamente afectados por la revaluación. Sin embargo, Finagro expidió una estricta circular aclarando que los solicitantes de crédito debían cumplir los requisitos mínimos para acceder a ellos, bajo las exigencias de la Superintendencia Financiera. Por razones de riesgo, la banca comercial no le jaló al asunto. En cambio, el Banco Agrario resultó más laxo y les prestó dinero a más de 100 floricultores.
El plan de salvamento se puso de moda y un grupo de pequeños floricultores quiso hacer lo mismo. Pero así como a los empresarios más reconocidos del sector se les otorgaron préstamos con escasas garantías o dudosas informaciones financieras, a los de cultivos menores se les empezó a exigir garantías hipotecarias, incluso por un 40% de su valor comercial. De todos modos, el asunto se convirtió en un saco roto y se aprobaron créditos desde $14 millones hasta $18 mil millones, según el poder empresarial.
Con el paso de los meses, el Banco Agrario se percató de que después de desembolsar tanto dinero necesitaba abonos a capital para garantizar su retorno. Pero sucedió lo que estaba cantado. Buena parte de los beneficiarios, sin modo de responder y las mismas dificultades en sus exportaciones, empezaron a solicitar la refinanciación de sus préstamos. Finagro invocó su reglamento para evitar mayores concesiones y las empresas tuvieron que improvisar maniobras económicas para ponerse al día o definitivamente declararse en quiebra y buscar una salida al atolladero.
Como en la Ley 16 de 1990, que constituyó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se creó un Fondo Agropecuario de Garantías para respaldar los créditos de quienes no puedan cumplir con las exigencias de los intermediarios financieros, este escenario surgió como la tabla de salvación de varios de los deudores. Hoy, la suma de dineros remitidos al referido Fondo ya llega a $25.375 millones. Lo que en pocas palabras significa que el Estado comprometió este alto monto de capital público, que difícilmente va a recuperarse.
Del mismo modo como la propuesta de la línea especial de crédito autorizada en 2008 se volvió famosa entre los floricultores y se accedió masivamente a ella con el argumento de preservar los empleos de sus trabajadores, también trascendió lo que terminó pasando con esos créditos. Por eso en distintas actas de la Junta Directiva del Banco Agrario de los meses de abril y mayo de 2010 quedaron constancias de la preocupación de algunos miembros de la junta sobre la proliferación de anónimos contra lo sucedido en la entidad.
En una de tales sesiones se presentó una situación sui géneris. El entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, con respaldo de otros integrantes de la junta, observó que era innecesario dedicarles tanto tiempo a esos anónimos que, en su opinión, sólo tenían como propósito causarle daño al gobierno. En oposición, Ricardo Sala, miembro de la junta directiva, dejó constancia de que se trataba de denuncias por presuntos actos de corrupción en el Banco Agrario y era necesario darles el trámite correspondiente. El entonces presidente del banco, David Guerrero, se comprometió a adelantar investigaciones internas.
Pero los anónimos y quejas no sólo llegaron al banco. También se remitieron a la Procuraduría y al propio Ministerio de Agricultura. Varios de estos señalamientos están por comprobarse. Por ejemplo, al Grupo Falcon Farms Colombia, una de las exportadoras de flores más importantes del país, según documentación del propio Banco Agrario, se le desembolsaron 12 mil millones. Esta semana trascendió que la Superintendencia de Sociedades admitió un acuerdo extrajudicial que le puede permitir acogerse al régimen de insolvencia.
Otra queja es contra Flores Tinzuque S.A.. Supuestamente, ante las pérdidas acumuladas, decidió acudir al Banco Agrario y le prestaron $4.988 millones. La misma empresa también está registrada entre las firmas floricultoras incluidas en el Fondo Agropecuario de Garantías para proteger su crédito. Un empresario del sector sostiene que después de girar dineros al exterior a uno de sus socios, contactó al banco para decir que podían quedarse con lo que desearan. Lo cierto es que la plata prestada por el Banco Agrario sigue embolatada.
Hoy por hoy, oficialmente aparecen reportados en el Fondo Agropecuario de Garantías, para que sus créditos sean respaldados por el Estado: la Sociedad Comercializadora Internacional Casa Flor, el empresario Guillermo Ricaurte Junguito, Plantas Técnicas Ltda., Flores Chusacá, Flores Tikiya S.A., Flores El Respiro, el empresario Ricardo Mora y Flores Camalena S.A.. A esta última empresa le prestaron $9.000 millones respaldados en un paquete de acciones sin valor porque la empresa que las avalaba había entrado en liquidación.
Paradójicamente, mientras la mayoría de floricultores viven su viacrucis, hace algunos meses se concretó la venta de la división de flores de la multinacional Dole, una de las más fuertes en el negocio. La compró un holding de inversión donde está representada la familia Nannetti, líder en el mercado. Algo de su capital actual tiene origen en préstamos del Banco Agrario, pero hace pocos días un grupo de trabajadores de uno de sus cultivos en Tocancipá (Cundinamarca) tuvo que entrar en huelga por el no pago de salarios, pensión y parafiscales.
En resumidas cuentas, el nuevo presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, a pesar de que entró a manejar una institución económicamente sólida, desde su posesión el pasado 16 de agosto está abocado a resolver una auténtica papa caliente. ¿Qué hacer para garantizar que los $224 mil millones que prestó la administración que lo antecedió puedan volver a las arcas de la entidad? Por lo pronto, $25.375 millones ya están registrados en el Fondo Agropecuario de Garantías con dudosa opción de recobrarlos. Lo demás comienza a llegar a la justicia.
Otros asuntos que inquietan en el banco
Además de las inquietudes que genera la recuperación de cartera en el Banco Agrario, El Espectador y Caracol Radio conocieron otros asuntos que encontró la nueva administración y que deberá resolver de manera urgente. Por ejemplo, el manejo y las garantías de varios y millonarios préstamos en obras de transporte e infraestructura. A este hecho se suman las dificultades derivadas de la contratación y remodelación de al menos 700 oficinas en el país por un valor cercano a los $80 mil millones. Oficinas que no son de propiedad del banco fueron remodeladas, y de éstas cerca de 200 locales por $20 mil millones tienen líos, incluso uno de los contratistas recibió cerca de $7.000 millones y al parecer no responde por las obras pactadas. Un contrato por la centralización de los trámites para la aprobación de créditos es otro de los asuntos que están por resolver. Un negocio que al contratista le representó en el último año ingresos cercanos a los $6.000 millones.
Un banco sólido y de tradición
El Banco Agrario surgió como reemplazo de la Caja Agraria, liquidada por el Gobierno en razón a manejos poco claros y a diferentes líos laborales. La nueva entidad financiera inició labores el 28 de junio de 1999. Si bien su propósito esencial es prestar servicios bancarios al sector rural, en los últimos años ha girado hacia la búsqueda de clientes corporativos en grandes centros urbanos. Este año ha reportado importantes utilidades.
Es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores —Compañía de Financiamiento Comercial— a establecimientos de crédito de los bancos comerciales, denominado inicialmente Banco de Desarrollo Empresarial S.A. y, posteriormente, Banco Agrario de Colombia S.A.; conversión que fue autorizada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución N° 0968 del 24 de junio de 1999.
Coceptos
David Guerrero Pérez
Ex presidente Banco Agrario
“Dejé un banco sólido, produciendo utilidades y competitivo. Los créditos de exportadores eran un programa de ayuda del Gobierno y tienen garantías. No tuve conocimiento de intermediarios que cobraran por la aprobación de créditos. Al contrario, los combatí, además eran aprobados entre varios”.
Augusto Solano
Presidente de Asocolflores
“Todo lo que está pasando es consecuencia de la revaluación y no debe sorprender, esta crisis del sector se puede profundizar. Ya parece que el Gobierno empieza a reaccionar, pero necesitamos que actúe ya. Existen garantías para respaldar los créditos de cerca de 400 cultivos de flores”.
Francisco Estupiñán
Presidente Banco Agrario
“En la medida que los créditos cuentan con una garantía respaldada por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el incumplimiento en el pago de las obligaciones no lesiona el patrimonio del banco. En el caso de la empresa Flores Camalena S.A. se actuará para recuperar los dineros que se le prestaron”.