Buscando fortalecer los niveles de control fiscal, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico anunció la presentación de un proyecto de ley que la faculte para ejecutar un plan de reestructuración administrativa.
La jefe del organismo de control de las finanzas públicas aclaró que no se trata de una iniciativa para adelgazar la nómina, pero sí dejó en claro que los cerca de 1.000 contratos de prestación de servicios no serán renovados, una vez llegue a su término.
Se busca un fortalecimiento institucional de la entidad, porque el control fiscal a las entidades territoriales ha entrado en crisis; situación que se manifiesta en los problemas que se han revelado con la contratación de obras en varias regiones.
Tal vez nunca como ahora, se han denunciado tantos casos de corrupción en todas las esferas del Estado, y no pasada nada, dijo un ex funcionario del Gobierno que prefirió omitir su nombre.
En varias contralorías regionales se manifiesta más una falta de control sobre los recursos públicos.
Las entidades de control regional que han mostrado lentitud en los procesos de control de acuerdo con la Auditoría General son Norte de Santander, Neiva, Cundinamarca, Sucre, Córdoba, Montería, Cali y Cúcuta. Muchas van por el mismo camino de la contraloría de Bogotá, dijo un funcionario de la Auditoría.
En el organismo de control de la capital colombiana se desbordó la capacidad operativa debido al alto volumen de investigaciones que tiene que afrontar.