Denuncian millonarios pagos a ex empleados de liquidada Telecom y sus asociadas

Algunos trabajadores de la extinta Telecom y sus teleasociadas acuden a jueces en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar para que se les paguen acreencias laborales inexistentes, tales como el pago de pensiones sin que cumplan los requisitos legales; pago de indemnizaciones que ya fueron canceladas por la extinta Telecom, y más irregular aún, el pago doble e ilegal en virtud de acciones de tutela instaurados por los trabajadores alegando los mismos derechos, denunció la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María del Rosario Guerra.

"Es preocupante la configuración de una presunta organización delictiva entre ex trabajadores de Telecom, jueces y abogados. Es necesario ponerle freno a estas irregularidades para que no se desangren los recursos del Estado," indicó la ministra de TIC, según comunicado de la entidad.

Recuerda el informe que el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) pagó en 2008 cerca de 10 mil millones de pesos por fallos de tutela relacionados con temas de fuero sindical, retén social en sus modalidades de madres y padres cabezas de familia y prepensión de personas que no cumplían requisitos legales para acceder a dichos beneficios.

En lo corrido del año 2009, con corte a 31 de octubre, el PAR se ha visto obligado al pago forzoso por acciones de tutelas a través de embargos que ascienden a 90 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de 1.000% en procesos de cerca de 400 accionantes.

Pese a que el PAR ha informado estas irregularidades a los jueces y ha ejercido una defensa férrea, oportuna y sólida como lo ha reconocido la propia Corte Constitucional, los despachos judiciales han desconocido los argumentos que acreditan que los accionantes no detentan los derechos solicitados, según denunció la funcionaria.

"El PAR ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría la investigación respectiva, y a la Corte Constitucional la selección e insistencia en aquellos casos en los que se considera que existen posibles irregularidades, violaciones al debido proceso, embargos y pagos de sumas exorbitantes en detrimento al erario de todos los colombianos," indicó la ministra Guerra.

Otro ejemplo de irregularidad es la acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moñitos, Córdoba, en la cual se advirtió por parte del PAR que en virtud de dos acciones de tutela anteriores por los mismos hechos y pretensiones, ya se habían cancelado 4.000 millones de pesos y con la presente orden judicial nuevamente se ordena el pago de 8.400 millones de pesos.