Los cuatro bancos privados que las autoridades intervinieron el 20 de noviembre por reiteradas violaciones a la Ley de Bancos cerrarán sus oficinas al público en vista de las irregularidades detectadas por la junta interventora.
El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, anunció hoy la medida y dijo que se debió a los "daños" detectados durante la inspección de las cuentas de esas entidades.
La intervención afectó a los bancos Canarias, Bolívar, Pro Vivienda y Confederado, todos ellos parte de un mismo grupo financiero.
Rodríguez garantizó que en este proceso quedarán protegidos "los derechos de los trabajadores, depositantes y acreedores".
Los cuatro bancos fueron intervenidos inicialmente a "puertas abiertas", es decir, sin el cierre de sus oficinas y sucursales, pero tras la decisión de hoy, la intervención será a "puertas cerradas", lo que significa que las dependencias de esas instituciones estarán cerradas al público.
Rodríguez señaló que el Fondo de Garantías para los Depositantes (Fogade) tiene 21 días hábiles para cubrir los fondos que los clientes de los bancos tenían, de manera que puedan disponer de ellos.
El ministro precisó que en el caso del Banco Pro Vivienda, los depósitos garantizados por la ley bancaria corresponden a 457.000 personas, el 97 por ciento de los clientes.
En el caso del Banco Canarias la medida ampara a 268.000 personas, el 92 por ciento de la cartera de clientes.
Rodríguez dio a entender que los daños financieros detectados en estos dos bancos "han comprometido su solvencia", lo que significa que podrían ser cerrados definitivamente.
Añadió que en el caso de los bancos Confederado y Bolívar, el daño fue menor y se trabajará "para su recuperación".
De acuerdo a fuentes bancarias, el porcentaje del mercado bancario que poseen estas cuatro instituciones se sitúa en torno al cinco por ciento.
Las "irregularidades recurrentes" detectadas en los bancos intervenidos están el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos, no cumplir con las carteras dirigidas que garantizan créditos a determinados sectores, repartir dividendos sin autorización y realizar operaciones prohibidas con empresas vinculadas".
El 20 de noviembre las autoridades venezolanas detuvieron a Ricardo Fernández Barruecos, principal accionista de los cuatro bancos privados intervenidos.
El 27 de noviembre un tribunal dictó, a petición del Ministerio Público, una medida de prohibición de salida del país contra 16 directivos de los cuatro bancos.
Sin embargo, según la prensa local, la mayoría de los afectados habría huido del país y se habría trasladado inicialmente a la isla caribeña de San Martín.
Por otra parte, el 25 de noviembre fue allanada la Casa de Bolsa U21 por la policía de seguridad del Estado Disip a solicitud de la Fiscalía.
Una nota informativa emitida por ese organismo indicó que se "incautó en el lugar evidencias de interés criminalístico para la investigación, relacionadas con las operaciones que habría efectuado la casa de bolsa con empresas vinculadas con Ricardo Fernández Barrueco".