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Colombia está considerando la posibilidad de relajar los objetivos fiscales para permitir que el Gobierno registre un mayor déficit, ante las dificultades para hacer frente a las consecuencias de la crisis humanitaria en su vecina Venezuela.
El comité que establece los límites de déficit de Colombia tomará una decisión sobre si ajustarlos a la crisis migratoria en su próxima reunión, según informó el ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla. Los costes de provisión de atención médica y otros servicios a los migrantes se reducirán con el tiempo, ya que éstos se sumarán a la fuerza laboral y comenzarán a pagar impuestos, puntualizó el ministro.
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"En el corto plazo es exigente fiscalmente pero en el mediano y largo plazo es positivo", dijo Carrasquilla el viernes, en una entrevista en Bogotá.
La diáspora venezolana aumentará a cerca de 8 millones a finales del próximo año desde los 3,4 millones en la actualidad, si el país continúa su rumbo actual, según un informe de la Organización de los Estados Americanos este mes. Colombia se está llevando la peor parte de la crisis, y ya ha recibido más de un millón de migrantes venezolanos. Miles de individuos llegan al país a diario.
El Banco Mundial ha estimado el coste fiscal de la crisis venezolana para Colombia en medio punto porcentual del producto interno bruto al año.
Eventos extraordinarios
La regla fiscal de Colombia contempla una reducción gradual del "déficit estructural", pero tiene flexibilidad a corto plazo para enfrentar choques temporales, como una caída en el precio del petróleo. También incluye una cláusula que permite su suspensión en el caso de eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica.
El comité también está discutiendo la trayectoria del déficit, para cumplir con la meta de reducción al 1 por ciento del producto interno bruto en el futuro, dijo Carrasquilla. Los miembros del comité y del Gobierno siguen comprometidos con este objetivo, el cual no se va a debatir, señaló.
Según la regla fiscal, Colombia debe reducir el déficit desde el 3,1 por ciento en 2018 al 2,4 por ciento del producto interno bruto este año, y posteriormente lo reducirá gradualmente al 1 por ciento del PIB para 2027. Fitch Ratings y Moody’s Investors Service tienen una calificación para Colombia en el segundo escalón más bajo dentro del grado de inversión, mientras que S&P Global Ratings prefiere una nota BBB-, o un nivel por encima del grado especulativo.
El Gobierno colombiano publicará su plan financiero a medio plazo en junio, incluidas medidas para frenar el gasto, dijo Carrasquilla. Se espera que una revisión de la agencia tributaria, incluidas inversiones en nueva tecnología, produzcan ingresos adicionales equivalentes al uno por ciento del PIB para el 2021, puntualizó.
Ventas de activos
Carrasquilla señaló que no hay "absolutamente ninguna razón" para pensar que la calificación de grado de inversión del país podría estar en peligro por razón de los indicadores macroeconómicos "y así lo están diciendo los mercados".
El Ministerio de Hacienda está estudiando sus participaciones en más de 100 compañías por un valor total de alrededor de US$51.000 millones para evaluar cuál de ellas tiene sentido vender, manifestó Carrasquilla.
Para evitar recortes a la inversión pública a la vez que cumple con la regla fiscal, el Gobierno necesita vender algunos de estos activos, dijo. El Gobierno espera recaudar alrededor de US$3.000 millones este año mediante la venta de activos públicos, según el plan de financiamiento del ministerio publicado el mes pasado.
El Ejecutivo aún no ha decidido si va a vender otra participación en la petrolera estatal Ecopetrol. Una posible venta dependerá del análisis para determinar si se puede hacer un mejor uso de los recursos, matizó el ministro.