“Colombia tiene que buscar la paz”: presidente de la Andi

Para Bruce MacMaster, las interpretaciones que le vienen dando los jueces a las leyes generan incertidumbre jurídica en el sector empresarial. / Andrés Torreas

Foto: ANDRÉS TORRES

A Bruce MacMaster le ha tocado, como a la gran masa de los colombianos, vivir en un país con más de cinco décadas de conflicto sobre sus hombros. Economista, exviceministro de Hacienda y empresario, lleva el timón del gremio económico más importante del país —el de los industriales—, justo cuando se vive un momento histórico: la posibilidad de terminar con una guerra cargada de sin salidas y mucho dolor. Su visión representa la de muchos de los empresarios colombianos, aunque existan temas en los que él mismo advierte que prefiere dejarlos en una mera opinión personal, porque la polarización en torno al proceso de paz con las Farc también se vive en el gremio. En conversación con El Espectador, habla del congreso de la Andi, el próximo 11 y 12 de agosto en Cartagena, de la reforma tributaria, de la paz y hasta se refiere al sonado castrochavismo que, asegura, es un término que ni siquiera entiende.

Se viene el encuentro más importante para la Andi...

Este año no será la asamblea tradicional, será un congreso empresarial en donde, dada la presencia de la Andi en tantos sectores —recuerde que tenemos 30 cámaras sectoriales— lo que estamos haciendo es invitando a empresarios de todas partes para que participen: banqueros, aseguradores, fondos de pensiones (...) será el primer congreso empresarial colombiano. Tenemos 30 eventos al año, la idea es que este sea en el que todo el sector privado se encuentre.

El tema es la innovación y la cuarta revolución industrial. ¿Qué van a tener allí?

Tocaremos tres temas importantes y un cuarto que será de interacción. El primero, de la mayor importancia, es la política industrial. El año pasado lanzamos un libro que le presentamos al Gobierno, el cual se ha convertido en la hoja de ruta de tratamiento de política industrial, y ahora estamos trayendo a Dani Rodrik, el economista más importante del mundo en esos temas, para que le haga la evaluación al libro y nos diga qué debe hacer un país como Colombia, qué no ha hecho y que otros países sí, que conduzca a que tengamos un desarrollo más dinámico del sector empresarial. Se habla de industria, pero en realidad es sector empresarial. Y habrá conversaciones con los ministros.

¿Y en materia de innovación?

El objetivo es entrar en el mundo de la cuarta revolución industrial y la digitalización. No existe la menor duda que los países que van a ser ganadores en las próximas décadas, desde el punto de vista del desarrollo económico, son aquellos que entren pronto en el desarrollo digital. En todo: en medios de comunicación, en servicios, en salud, en producción, hasta los restaurantes con sus reservas mapeadas automáticas... Se viene una revolución muy fuerte.

¿Y a quién traen?

Tres expertos internacionales: Marcos Muñoz, que es el director de nuevas iniciativas globales de MIT, con énfasis en América Latina. A Philip Evans, que es la cabeza del Boston Consulting Group en transformación digital y a Jaana Reemes, que es en McKinsey la persona que trabaja transformación digital. Y estará el ministro David Luna.

También tienen un enfoque geopolítico...

Colombia es un país tremendamente curioso por la información internacional, pero tremendamente ignorante de los efectos de lo que sucede en el mundo sobre nosotros. Aquí se observa todo desde lejos. Entonces vamos a hacer un bloque que se llama Geoeconomía y Geopolítica, en donde estamos trayendo a Rebecca Grynspan, de la Secretaría Iberoamericana, que nos hablará de lo que sucede en Europa y en Oriente Medio, y su efecto sobre Colombia. También a Juan Raffo, presidente de ABAC, el grupo empresarial de APEC, que son todos los países de la cuenca del Pacífico, tratando de identificar lo que sucede en el lejano Pacífico y su efecto sobre Colombia. Y Alfonso Múnera, que es un cartagenero, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe, para que nos hable de todo lo que sucede en el Caribe, que son nuestros vecinos.

El año pasado se habló de política industrial y de lo importante que era tener una. ¿Pasó el tiempo y seguimos en las mismas?

Hay una propuesta que hizo la Andi: se anunciaron unos Conpes, pero no han salido y hay una propuesta del ministro de Hacienda que habla de la nueva economía, a quien por cierto le pregunté que si eso era política industrial y me dijo que sí, que en realidad lo que ellos están haciendo es reconociendo que Colombia necesita un desarrollo en ese sentido, y que el documento que hizo la Andi es el que les está sirviendo a ellos de base para escribirla. Tenemos la expectativa, y eso me lo dijo él, de que se haga el lanzamiento allá.

¿O asea, que en el congreso de la Andi se lance la política industrial?

Así es. Para que sepamos qué va a pasar en Colombia cuando el petróleo recupere sus precios. ¿Vamos otra vez a olvidarnos del sector industrial, de la agroindustria y nos vamos a concentrar en hacer solamente minería y petróleo?

¿Y cómo está la industria hoy en Colombia?

Increíblemente lista para reaccionar, porque después de siete u ocho años de adormecimiento por la enfermedad holandesa, hoy se le pone el incentivo de la tasa de cambio e inmediatamente reacciona. No estamos exportando más pero sí haciendo una sustitución de importaciones grandísima y a mayor velocidad.

La gente está comprando más colombiano...

Y no es por una campaña o canción. Es porque a las personas se les presenta la oportunidad de comprar mejores productos. Todos dependemos de los precios.

Hablemos de la paz. ¿Hay unidad entre los empresarios colombianos en torno al proceso con las Farc?

Por supuesto que no. Los empresarios son como el país, tiene múltiples opiniones, se encuentra gente que es más proclive al tipo de negociaciones que se han llevado a cabo y hay otros que no. En lo que sí hay unidad es en la necesidad de la paz.

¿Usted no cree, como decía Fabio Villegas, que la paz tiene que ir más allá de estas discusiones políticas?

Claro, ese es uno de los grandes llamados que hemos hecho. La polarización en Colombia no es culpa de todos sino de unos sectores minoritarios. Y sí creo que todos los problemas del país deberían ir más allá de las posiciones políticas polarizadas. He hecho varias propuestas para que nos pongamos de acuerdo en elementos fundamentales, en los cuales nuestra sociedad en verdad está de acuerdo, como la paz. Colombia debe superar la polarización política. La paz es deseable, la paz la queremos todos.

¿Pero existe entre los empresarios esa división santismo-uribismo?

La polarización se siente en todo el país, incluso en la familia. En términos de la búsqueda de la paz misma, casi todo el mundo está de acuerdo. Encuentro en los dos gobiernos (el de Uribe y el de Santos) propuestas valiosas. Una columna de Carlos Holmes Trujillo decía que algunas de las cosas que se estaban implementando hoy habían sido propuestas por ellos, pero de alguna forma no se les había reconocido. Eso hay que reconocerlo. Hay que generar escenarios de confianza que nos permitan a todos entender que al final del día tenemos unos intereses superiores que son los que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, lo que esta generación le va a dejar a la siguiente: la responsabilidad con el medioambiente, con los derechos humanos, con las minorías, por ejemplo.

¿Cuál es la posición de los empresarios frente al plebiscito por la paz?

He querido respetar mucho las opiniones personales de cada empresario. Les voy a dar mi opinión: los avances que se han logrado nos permiten poder imaginar un país mejor, por lo menos con un conflicto armado menos. Vamos a tener seguramente que ocuparnos de bandas criminales, de narcotráfico, pero el hecho que nosotros sepamos que las Farc, que fueron el grupo guerrillero que ha estado presente en todas nuestras vidas y que nos ha producido gran parte de nuestras preocupaciones, no van a estar en pie de guerra, para nosotros es una buena noticia. Eso tendrá consecuencias económicas en términos de optimismo, de desarrollo económico, de cultura, del agro...

¿Y calcularon los beneficios de la paz en términos económicos?

Son incalculables. Un país como el nuestro, que ha crecido a tasa del 4,5 % y lo ha logrado en condiciones adversas de seguridad, es un país que tiene que crecer mucho más cuando esté en paz, es un país donde aparecen nuevos territorios a los que ni siquiera podíamos tener actividad, donde se podrán desarrollar nuevas actividades económicas. Para hablar de lo más obvio: el turismo y el agro. Sólo eso genera un potencial económico inmenso. Estamos en el momento en el que vale la pena ponernos la mano en el corazón, que tengamos la mano firme y el corazón abierto para buscar una mejor Colombia para las próximas generaciones. En este momento tenemos una oportunidad de oro para la historia de Colombia, tenemos que aprovecharla lo mejor posible. No me quiero imaginar un escenario en el cual se echaran al traste las negociaciones actuales.

Entonces su opinión es un sí por el plebiscito...

Sí. Colombia debe pasar de tener sólo dos grupos: los amigos del proceso de paz en forma incondicional y los enemigos del proceso de paz en forma incondicional, a tener un solo grupo que quiere la paz, que tiene unas observaciones pero está dispuesto a trabajar. Es el caso de la Andi con Proantioquia, en asocio con Eafit, que hemos dicho: nos parece que estas negociaciones son una buena oportunidad, nos parece que habría que aclarar ciertos puntos. Son varios documentos donde hemos dicho lo que nos preocupa y, de hecho, algunas de esas cosas han sido solucionadas, por ejemplo lo de la dejación de las armas. Nosotros dijimos que por ninguna razón nos imaginábamos a las Farc haciendo política con armas, y en el último anuncio se habla de cómo se va a dar la entrega y eventualmente la destrucción de ellas. Ese punto, se puede decir, está cumplido.

El papel de los empresarios será fundamental en el posconflicto, pero hay que pasar del papel a los hechos. ¿Qué han pensado en cuanto a la generación de puestos de trabajo para los desmovilizados?

Nosotros arrancamos mucho antes. Hoy tenemos 56.000 desmovilizados que han sido parte del programa de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR). De esos, 22.000 están trabajando en las compañías, exparamilitares y exguerrilleros. Eso es tres veces el número de personas que entrarían de las Farc. Y eso ha sido silencioso. Lo ha hecho la ACR y el empresariado colombiano. Las palabras van detrás de los hechos.

¿Y cómo ha resultado esa experiencia?

Ha sido dura, hemos aprendido mucho y esperamos se pueda fortalecer. En la Andi lanzamos hace ya varios meses un programa que hemos llamado “Encadenamientos productivos”, donde no sólo ofrecemos empleo a los desmovilizados, sino formación para que puedan montar sus propios negocios, con acceso a los mercados, y financiación para que generen productos que puedan ser consumidos por nuestras compañías. Hoy tenemos 107 proyectos en 37 compañías con población vulnerable, entre ellos desmovilizados, víctimas de la violencia y exmilitares.

En las observaciones que le han hecho a los acuerdos de La Habana advierten que el tema de la corrupción está “vagamente expresado”. ¿Es un llamado de atención para el Gobierno?

Claro, sin duda, no sólo al Gobierno, sino al país, porque la corrupción muchas veces se expresa en los gobiernos regionales, son quizá los sitios donde más se ve ese flagelo. Uno de los temas fundamentales es el fin del conflicto, pero otro más fuerte en la lucha contra la corrupción. La gente tiene que entender que los recursos públicos son sagrados, son de todos, y que de ellos depende el desarrollo social del país, la capacidad que tengamos de educar bien a la gente. Una cifra de $10 billones es lo que se estima se pierde en corrupción al año. Por eso en la Andi tenemos dos programas: luchas contra la corrupción y lucha contra el contrabando, estimado en US $6.000 millones anualmente.

Dicen también que el Gobierno, la sociedad y las Farc deben ser conscientes de las limitaciones fiscales que afronta el país en un escenario de paz. Que gran parte de estos acuerdos de La Habana suponen erogaciones que pueden incluso minar la estabilidad económica del país. ¿Hacia allá debe ir la reforma tributaria que piensa presentar?

No, debe ser tan buena como que en los próximos 10 años no se necesite ninguna otra reforma tributaria. Debe incluir las necesidades de financiamiento del Estado, incluidos los compromisos que se firmen en el acuerdo de paz. También debe construir competitividad y ser más equitativa. ¿Y eso qué es? Que la gente que está pagando altos impuestos, directos o indirectos, no pague tantos y que los que no están pagando ni un peso lo hagan. Lo que hoy tenemos es una población con muy pocas personas que pagan mucho y muchos que no pagan.

¿Y usted sí cree que por tiempo, ya que no se radicó el 20 de julio, se va a dar un buen debate de esa reforma en el Congreso?

Para que se pueda dar un buen debate tiene que arrancar en la primera semana de septiembre a más tardar, ojalá a final de agosto. Se lo hemos dicho al Gobierno que no cometa el error de retrasarla.

Pues de pronto se va para octubre...

Si es así, sería terminar con una reforma como la del año 2014, que fue muy poco debatida, muy impuesta y pupitreada.

El Gobierno dice que la está consultando, ¿con ustedes ya lo hablaron?

Hemos tenido conversaciones y trabajamos con ellos. Pero nos preocupa el debate público, el debate en el Congreso, a la luz de la opinión nacional, que lo conozcan los empresarios, los congresistas, los ciudadanos. La columna vertebral que tiene que ver con competitividad la hemos venido trabajando, pero el resto todavía no.

En conclusión, con las afugias económicas, el espacio fiscal para financiar el posconflicto se vuelve complicado...

Si eso fuera así, el Gobierno tiene que hacer una priorización, porque lo que se firme en los acuerdos se tendrá que cumplir. La tarea del Ministerio de Hacienda o el debate de los presupuestos en el Congreso deben, justamente, hacer un análisis claro de cuáles son las prioridades del país. Los recursos siempre serán escasos: ahora o con grandes bonanzas petroleras.

Ustedes han hablado también de límites razonables al Fondo de Tierras...

Lo que estamos haciendo es un llamado de atención, sobre todo financiero, alrededor de que efectivamente las tierras que se vayan a ofrecer o estén disponibles o se puedan comprar.

¿Está muy colgada la actualización catastral?

Sí, ese es un ejercicio que se tiene que hacer. Entiendo que ya lo están moviendo, pero hay que conocer más sobre la tenencia y propiedad de la tierra, sobre quién puede explotarla, incluso que los campesinos, las víctimas del conflicto o los agroindustriales sepan que cuando tienen una tierra, tienen el derecho a explotarla y a trabajarla, a invertirle.

¿Los agroindustriales sienten que hay seguridad jurídica para hacer inversiones?

No, hemos dicho que uno de los principales problemas que tiene el país es la incertidumbre jurídica, no solamente por lo que está contenido en las leyes sino por lo que no está contenido, por la forma en la que las cortes y los jueces hacen sus interpretando y por la cantidad de cambios tan comunes y frecuentes que se vienen dando. Hay muchos escenarios en los cuales las licencias se revocan, no se reconocen. De repente, alguien que venía haciendo un proyecto durante años, como fue con un puerto en la Costa Caribe, le otorgan la licencia y a las dos semanas le anuncian que se la van a revocar. O con la gente que viene haciendo minería y a un alcalde se le ocurre hacer una consulta para ver si una actividad, que es lícita, se puede realizar o no en su territorio. La verdad es que eso genera incertidumbre para todo el mundo. Es como si mañana dijeran: vamos a hacer una gran consulta popular para ver si los periódicos están escribiendo bien y si no lo están haciendo, pues hay que prohibir los periódicos. No siempre los procesos electorales terminan atendiendo los derechos y las libertades de todos y las libertades tampoco son ilimitadas. También están los fallos de tutela y lo que ha dicho en varias ocasiones la Corte Constitucional sobre minería y petróleo nos ha preocupado. La verdad es que en Colombia, si hay algo que tenemos que construir es conciencia, particularmente en la Rama Judicial, de que la certidumbre jurídica tiene que ser un bien público. Para que la sociedad funcione, todos tenemos que conocer las reglas.

Hay quienes dicen que lo duro para la economía se va a sentir en 2017...

Por eso es que la reforma tributaria es necesaria. Si sale este año, el 2017 será normal.

¿Cree que Colombia está en riesgo de caer en el castrochavismo si se firma la paz, como dice el uribismo?

Ni siquiera entiendo qué es el castrochavismo. Me parece que es un término polarizante que no conduce a nada, que lo que hace es un daño. Colombia tiene que buscar la paz, es la obligación de esta generación. Colombia es una economía de mercado y así lo reconoce todo el mundo. Es más, las economías que no son economía de mercado han demostrado su fracaso. No me puedo imaginar un modelo económico distinto al que tenemos hoy en día y eso lo entienden hasta las Farc, que han manifestado el interés de incorporarse a este modelo económico. Habrá sectores de izquierda que querrán mayor inversión social y de derecha que querrán menos inversión social, pero es una discusión ideológica dentro del libre mercado. Espero que se siga dando. Pero, para ser franco, no sé ni siquiera qué es el castrochavismo.