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El pasado 8 de febrero, El Espectador contó cómo desde el interior del Banco Agrario de Colombia se habían cambiado las condiciones que la junta directiva de esa entidad había estipulado para los desembolsos del crédito por $120.000 millones aprobado a Navelena en noviembre de 2015. Se trata del préstamo otorgado al consorcio al que se le encargó recuperar la navegabilidad del río Magdalena y que está compuesto en un 13,3 % por Valorcon y en 86,5 % por Odebrecht, la firma brasileña que entregó US$11 millones en sobornos a cambio de contratos de construcción de infraestructura en Colombia y que está en la mira de las autoridades de varios países por sus tentáculos de corrupción.
Dos días después de la publicación de este diario, las conductas de los funcionarios del banco fueron consignadas en un informe de auditoría interna de la entidad, conocido por El Espectador. Allí se recoge el paso a paso de las modificaciones que se hicieron a las condiciones del préstamo que fue solicitado por Navelena el 26 de agosto de 2015, aprobado por la junta directiva el 12 de noviembre del mismo año y desembolsado los días 17 y 22 del mes siguiente, en montos de $70.000 millones y $50.000 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, en el documento, se señalan las “debilidades de control interno y de gobierno corporativo” en el único banco público del país.
El Espectador pudo conocer que el pasado viernes fueron suspendidos de sus cargos el gerente de asesoría jurídica del negocio, Juan Carlos Orjuela, y el vicepresidente que estaba encargado de la banca comercial en el momento de los desembolsos efectuados a Navelena, Alejandro Jiménez. Este último fue apartado ahora de la gerencia de banca empresarial y la Fiscalía General de la Nación le imputará el cargo de delito de falsedad en documento el próximo 15 de marzo. Entre las faltas que la auditoría interna le achaca a Jiménez está haber aprobado el cálculo de las tasas preferenciales que se dieron en el crédito a Navelena a partir de ingresos “establecidos sobre la base de expectativas futuras” del área comercial y no ingresos reales.
El informe de auditoría estudió el crédito desde su origen, análisis y decisión, constitución de garantía, desembolso y recuperación de la cartera. Advierte que, de entrada, no hay “una solicitud formal por parte de la empresa (Navelena) para el trámite de un crédito por $120.000 millones, por cuanto la existente en los soportes documentales sólo asciende a $100.000 millones”. Es decir, Navelena en principio pidió prestados $100.000 millones, pero, de alguna manera, el monto que llegó a la consideración de la junta directiva que aprobó el crédito es superior en $20.000 millones. Según la auditoría, sólo hubo una “manifestación vía correo electrónico de la Vicepresidencia de Banca Comercial en donde se indica a esta oficina que el aumento del monto obedece a la variación en los gastos preoperativos que ocurre en el lapso de agosto a septiembre (de 2015)”.
Asimismo, señala que funcionarios de la entidad ignoraron o no tuvieron en cuenta las condiciones tanto financieras como reputacionales de Odebrecht. A septiembre de 2015, las cifras de Norberto Odebrecht Colombia (titular del 25 % de Navelena), “aun cuando reflejan un significativo incremento de los ingresos que pasaron de $27.864 millones en 2014 a $74.094 millones, por el impacto en los costos y gastos arrojan pérdidas operacionales por $3.881 millones, las cuales, aunadas por el rubro de otros egresos, conllevaron a que las pérdidas netas ascendieran a $7.204 millones”. Agrega que, si bien el hecho de que las pérdidas superen ampliamente el valor del capital de la compañía no impide la posibilidad de otorgamiento del crédito en cabeza de Navelena, “sí es un factor de riesgo inherente sobre el cual no figura mención alguna ni en las presentaciones comerciales ni en el estudio realizado por la gerencia de análisis de crédito”, dice la auditoría.
Casi igualmente inoportuno fue el concepto jurídico que se emitió con respecto a la reputación de Odebrecht. Para el trámite de la operación a cargo de Navelena, “la gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio (adscrita a la Vicepresidencia Jurídica) emite un concepto 13 días después de la aprobación por parte de la junta directiva (es decir, el 25 de noviembre) en donde plasma su opinión sobre la ausencia de inhabilidad para contratar con la firma Odebrecht en Colombia”.
Llama la atención en el informe de auditoría que quienes se pronuncian sobre la posibilidad de que esa empresa pueda contratar, a pesar de las circunstancias legales que enfrentaban en ese momento en Brasil Odebrecht y sus directivos, son los abogados externos Ricardo Hoyos Duque, expresidente del Consejo de Estado, y Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación, así como las firmas Arrieta Mantilla y Asociados y Jaime Lombana Villalba & Abogados.
Gran parte de las 31 páginas de la auditoría se extiende en la minucia de las modificaciones a las condiciones con base en las cuales la junta directiva dio su visto bueno al crédito. Entre ellas estaba que el banco tuviera en custodia el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Navelena y Fiduciaria de Occidente, que la vicepresidencia comercial se asegurara de que el Banco Agrario quedara como beneficiario de la fuente de pago (fiducia) y, además, que esa misma vicepresidencia certificara que Cormagdalena reconociera al banco como “acreedor financiero de la etapa de preconstrucción” y autorizara modificar el contrato de fiducia suscrito entre Navelena y Fiduoccidente. Eso, básicamente, garantizaba que al banco se le pagara sí o sí, y con prioridad respecto a cualquier otro acreedor, pero las condiciones fueron cambiadas.
Según la comunicación 981 del 16 de diciembre, conocida por este diario, la vicepresidenta de crédito y cartera, Marcela Ferrán, le informa al vicepresidente de banca comercial (e), Alejandro Jiménez, que el comité de crédito (la primera instancia que estudia la solicitud del préstamo) decidió “aclarar el texto de la garantía de la operación (crédito)” aprobada por la junta directiva. Eso, según la misma 981, se hizo con base en otra comunicación del mismo día de la gerencia de asesoría jurídica -a cargo de Juan Carlos Orjuela- y la vicepresidencia de banca comercial, en la que “se indica que no es necesario tener en custodia el contrato en original de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía, fuente de pago y pagos suscrito entre Navelena S. A. S. y la Fiduciaria de Occidente S. A., dado que el certificado emitido por la Fiduciaria de Occidente es suficiente”.
Pero, además, el 17 de diciembre, el día del primer desembolso, la vicepresidencia de crédito y cartera, el gerente nacional de análisis de crédito (e), la subgerente de crédito empresarial y oficial (e), el profesional sénior de análisis financiero (e) y la coordinadora de crédito empresarial y oficial informaron al vicepresidente de banca comercial (e) que el mismo comité de crédito de la vicepresidencia de crédito decidió “modificar el texto de las condiciones previas al desembolso” del crédito. Según la comunicación 0992 de esa fecha, se eliminó el requisito de que Navelena incluyera al Banco Agrario como beneficiario de la fuente de pago de la fiducia y de certificar que Cormagdalena reconociera al banco como acreedor financiero de la etapa de preconstrucción y la modificación del contrato de fiducia mercantil.
Finalmente, el 22 de diciembre, día del segundo desembolso, por $50.000 millones, el comité de crédito hizo otra “aclaración”, firmada por Irleana Martínez, profesional sénior de análisis financiero, y Édgar Velasco, coordinador de crédito: dado que no era necesario tener original del contrato de fiducia, “el banco deja en custodia la copia”.
Lo irregular de estos hechos parte de la base de que, según la política institucional del Banco Agrario, cualquier modificación de las condiciones financieras y de garantías de una operación de crédito debe ser aprobada por el estamento que dio originalmente el visto bueno. Es decir, a la luz de eso, la única que podría haber modificado las reglas de juego era la junta directiva, y así lo reconoce la misma auditoría.
Ahora bien, ¿por qué estaba encargado Alejandro Jiménez en la vicepresidencia de banca comercial? Fuentes del Banco Agrario confirmaron que la titular de esa dependencia, Mónica Santamaría, estaba ocupando el cargo de vicepresidenta encargada de Banca Agropecuaria, después de que, por decisión de la junta directiva, Magdalena Fandiño dejara esa función.
El Espectador en julio pasado informó sobre diferencias que, según fuentes cercanas a este diario, existían entre miembros de la junta directiva y el expresidente del Banco Agrario -Francisco Solano-, quien estaba en el cargo al momento de la aprobación del crédito a Navelena. La razón era que el órgano directivo tenía en buen concepto a Fandiño, pero Solano no se sentía a gusto trabajando con ella. Posterior a la remoción de la funcionaria por parte de la junta directiva, que accedió a la petición de Solano, este último decidió cambiar a otros dos vicepresidentes, lo cual no cayó bien en la junta.
En un artículo publicado el 2 de julio, Francisco Solano explicó: “Hice unos cambios que creí que eran necesarios para el banco, normales. Cuando los tres cambios, al otro día salió que en Bancolombia habían cambiado a cuatro. Consideraba que había cosas por mejorar (…) que haya tenido un timing desafortunado, en una coyuntura complicada, sobre todo por los temas de la junta. Se mezclaron dos variables independientes por una decisión de la asamblea en la que no tengo nada que ver (el cambio en los miembros independientes de la junta)”.
¿Qué sigue? El Banco Agrario espera la audiencia de caducidad del contrato de alianza público-privada entre Cormagdalena y Navelena, que se llevará a cabo el próximo ocho de marzo, en vista de que el consorcio no cumplió con el cierre financiero el pasado 22 febrero, fecha en que terminaba el último plazo que la Corporación había otorgado. El banco estima que el dinero del crédito se estaría recuperando aproximadamente en mayo.
El informe de auditoría sugiere la inexperiencia o por lo menos la descoordinación que en el momento del desembolso existía en el banco y que hizo cambiar de parecer una y otra vez sobre la naturaleza del crédito: “La carencia en el interior del banco de una línea de crédito para la financiación de una operación catalogada en principio como un crédito puente en un proyecto de infraestructura, que se ajustara a las condiciones del mercado sin tener que acudir a condiciones excepcionales para obrar en consecuencia, determinó que en las etapas de análisis posteriores se propusiera como un cupo de tesorería, se aprobara como crédito con destino a inversión y finalmente se desembolsara como una operación de capital de trabajo que, además, a la fecha aparece nombrada en el sistema como un mejoramiento de perfil de deuda por defectos asociados a la falta de coherencia entre las etiquetas que identifican las líneas de crédito en los diferentes módulos del sistema”.
Según documentos publicados por Caracol Radio, entre 2007 y 2016 el Banco Agrario aprobó recursos por más de $2,1 billones a empresas del sector de infraestructura. Allí están incluidas las garantías bancarias de casi medio billón de pesos sobre las que informó este diario en enero pasado y otorgadas para proyectos de vías de cuarta generación, respaldos que fueron aprobados con un plazo de 12 meses renovables, entre febrero y julio de 2016, apenas meses después de que el Banco Agrario estableció la política y las normas que rigen la expedición de ese tipo de garantías, procedimiento que fue reglamentado internamente en 2016.
Además de las determinaciones disciplinarias que se tomaron dentro del banco -con respecto al gerente Orjuela y el vicepresidente (e) Jiménez-, la entidad está evaluando cómo mejorar el proceso de aprobación de créditos, que, a la luz del informe de auditoría, está en mora desde hace rato.
El proceso sobre las irregulariadades en el crédito seguirá en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, esta última ante la cual el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, interpusieron denuncia penal. José Roberto Acosta, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, afirmó en su columna semanal en El Espectador, el 11 de febrero: “Es penoso que (el ministro y el secretario de Transparencia) escurran sus responsabilidades en los subalternos, cuando la junta directiva siempre conoció que Marcelo Odebrecht estaba preso y que el riesgo reputacional era un hecho objetivo y protuberante, a pesar de los ‘sesudos’ conceptos de pomposos y costosos abogados externos”.