El camino es objetar

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Una verdadera encrucijada fiscal vive el Gobierno por la aprobación en el Congreso de varias leyes que tienen un alto costo monetario. La dificultad se presenta en tiempos en que al Ejecutivo le está tocando hacer gimnasia financiera para cumplir con las metas que impone la regla fiscal.

Las leyes aprobadas, sin el aval o el descuido del Gobierno, tienen un costo fiscal superior a los $5 billones anuales. La ley que reduce el aporte en salud a los pensionados demandará recursos adicionales por $3,1 billones y la reducción de las semanas de cotización para las mujeres puede requerir unos $150.000 millones, en tanto que otras leyes como la de fertilización costaría $1,1 billones y la que crea el programa de tamizaje neonatal, $300.000 millones.

En las dos primeras “procede, aunque es una decisión del presidente de la República, objetar esos proyectos porque no contaron con el aval fiscal del Gobierno”, señaló el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar.

La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2003 contempla que cuando se proponen leyes como las que están en entredicho, relacionadas con pensiones, tiene que decir de dónde van a salir los recursos para financiarlas.

“Esos proyectos de ley no tenían esas fuentes de financiación”, reiteró Escobar. “Incurrir en ese costo podría ser una promesa vacía, que es la que uno no puede darse el lujo de dar como Ministerio de Hacienda”, destacó el funcionario.

Costo monetario

Cálculos oficiales indican que a valor presente neto, hacia el año 2060, el costo del proyecto que disminuye las semanas de cotización para las mujeres podría ser superior a los $62,9 billones.

Mientras que para el año 2021 la disminución de los aportes de salud para los pensionados podría tener un costo fiscal de $4,03 billones.

“El Gobierno se encuentra en una encrucijada porque han aprobado iniciativas que han surgido en el Congreso, porque son muy atractivas y populares políticamente, pero terriblemente costosas”, advirtió el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar Gómez.

Otros analistas consideran que el sistema de salud se podría afectar al entrar en vigencia la ley que baja los aportes a salud de los pensionados. “Serían menos recursos que le entrarían al sistema de salud colombiano”, alertó Escobar. “Si son $3,1 billones menos de aportes, serían $3,1 billones más que tendrían que ponerse en el Presupuesto General de la Nación”, indicó.

En cuanto a las leyes aprobadas relacionadas con el programa de tamizaje neonatal y la de fertilización, analistas estiman que ya hay una ley estatutaria que define el proceso para que estos temas se incluyan, o no, dentro del paquete de beneficios que tienen los colombianos en el plan salud. “Estos proyectos de ley tratan de irse por otro camino y creemos que eso es inconveniente”, destacó el viceministro de Hacienda.

“Si uno quisiera incluir eso (leyes) dentro del Presupuesto General de la Nación hay dos opciones: una, recortar $5 billones de gastos de otras entidades, cosa que es imposible, por lo menos en el corto plazo. La otra es hacer una reforma tributaria. Cualquiera de las dos (opciones) va a terminar afectando la economía en general y a muchas personas, pues lo que se les da a unos se les quita a otros. En este momento es difícil por la situación que está atravesando la economía”, señaló Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de la firma de corretaje Credicorp Capital.

Otra ley que ha despertado polémica es la relacionada con las horas extras, pero con la cual el Gobierno está de acuerdo en reducir la jornada laboral diurna en una hora. La pérdida de empleos es mucho menor con esta decisión, admiten funcionarios de la administración Santos.

Escobar manifiesta que durante el trámite de los proyectos con costo fiscal para el Gobierno, el Ministerio de Hacienda advirtió sobre las inconveniencias monetarias de las iniciativas.

Velandia anticipa un momento de mucha dificultad. “El escenario negativo es que las objete (las leyes) el Gobierno y que la Corte Constitucional le dé el aval, así nos metemos en problemas fiscales y con los inversionistas extranjeros, porque el Gobierno no tendría cómo reaccionar rápido a esos mayores gastos”. El director de Fedesarrollo considera que en el caso en que la Corte no le dé la razón al Gobierno “le queda la opción de subir el IVA, aumentar otros impuestos o reducir el aumento a los maestros que acabar de aprobar”.