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El mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos, señala el Consejo Gremial Nacional en un pronunciamiento sobre el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación.
Esta situación fue advertida por la Cámara Colombiana de la Infraestructura al inicio de la semana: los proyectos, tanto los que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como los del Instituto Nacional de Vías (Invías), están en riesgo. La Cámara es el gremio que representa a los empresarios del sector constructor.
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El Consejo Gremial explica que las vigencias futuras son el mecanismo mediante el cual, el Estado puede respaldar compromisos contractuales de aportar recursos, especialmente en los proyectos de infraestructura, que son normalmente de largo plazo, es decir, que van más allá del cuatrienio donde se contrataron. Ese mecanismo permite a los gobiernos proyectar grandes obras.
Para los empresarios es claro que generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones.
Alguna modificación al sistema de vigencias futuras no solo afectaría a los proyectos y sus operadores y constructores, sino que puede causar un gran daño a la confianza que el Estado colombiano le genere a los mercados nacionales e internacionales con inmensos riesgos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados.
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El Consejo Gremial considera que esta pérdida de confianza tendrá efectos muy negativos al momento de desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público-privados, que irán en detrimento del país, afectando la seguridad jurídica, la actividad económica, las inversiones en infraestructura y la generación de empleo y competitividad.
Los empresarios han solicitado al gobierno reconsiderar la conformación del presupuesto y asegurar que el mismo esté acorde con la ley que lo aprobó ́, y que se asegure de respetar los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de vigencias futuras.