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Una moderada tempestad acaba de levantar el ministro de Transporte, William Camargo, al anunciar la terminación anticipada del contrato de la concesión “Autopistas del Caribe” por la imposibilidad de su cierre financiero.
De inmediato reaccionó el gremio de los constructores de obras públicas en el país. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazando o avalando la declaración del ministro Camargo.
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El pronunciamiento del titular de la cartera de Transporte se produjo debido al no cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra. Advierte el gremio constructor que “de confirmarse oficialmente el cierre anticipado del citado contrato de dicha concesión y su reversión al Instituto Nacional de Vías, se sentaría un precedente lesivo para el desarrollo vial del país”.
En un comunicado, la CCI señala que una decisión frenando la concesión, “lesionaría la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que han creído en el modelo de concesiones y cuya participación ha sido fundamental para la financiación de obras de la envergadura que requerimos como Nación”.
Además, los empresarios consideran que el hecho constituirá un mensaje que generaría inseguridad jurídica.
El fuerte pronunciamiento del gremio constructor sostiene que “es inadmisible que la falta de gobernanza para permitir la operación de los peajes y la politiquería irresponsable de algunos, con su visión de corto plazo, terminan frustrando la posibilidad de que el Caribe y Colombia tengan las obras que se necesitan”.
Explica que los problemas para alcanzar el cierre financiero “no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y Atlántico que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio y la apertura y funcionamiento de la de Arroyo de Piedra”.
La CCI defiende el modelo de concesiones basado en el cobro de peajes, “ha demostrado ser efectivo y determinante para avanzar en la modernización de la infraestructura vial del país ante las limitaciones fiscales”.
Sin este modelo, “el país habría tenido que tramitar una sucesión de reformas tributarias tan cuantiosas como innecesarias, tal como lo ha manifestado Fedesarrollo en diversos escenarios”, dice la CCI.
“Contrario a los anuncios de la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, y los promotores del llamado comité anti peaje de Turbaco, el cobro del peaje debe mantenerse sobre todo el corredor de carga que cubre la concesión “Autopistas del Caribe””, pide la Cámara.
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Para el gremio es claro que, de confirmarse la cancelación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, “los usuarios de ese corredor de carga seguirán pagando los peajes, pero no tendrán la garantía del mantenimiento y la debida operación del corredor vial ni mucho menos su ampliación a doble calzada, obras y acciones que recaería en INVÍAS”.
En el comunicado, la CCI señala que la ANI “no ha demostrado ser eficiente en el cumplimiento”, de mantenimiento de las vías.
La CCI pidió al Gobierno nacional y autoridades locales y departamentales asumir “la responsabilidad de restablecer el cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, de manera que se logre salvar la concesión”. Recuerda que la inversión efectuada en la concesión supera los $4,3 billones para la construcción de 74 Km de segunda calzada, 20 km aproximadamente en variante, 8 intersecciones a nivel y desnivel, 16 puentes peatonales, y el mantenimiento y operación de 253 km origen – destino.