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La región Caribe conocerá en menos de diez días su futuro en materia de electricidad. Su proveedor actual de luz, Electricaribe, se encuentra intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hace más de tres meses y el 14 de marzo la entidad dará a conocer su decisión de si lo cambia o, por el contrario, la filial de Gas Natural Fenosa seguirá prestando el servicio a esta región, más allá de la lluvia de críticas que siempre tiene el servicio ofrecido por esta compañía.
La empresa, que hace parte del grupo Unión Fenosa (español), presta el servicio a más de 2,2 millones de clientes residenciales, oficiales, comerciales e industriales de la Costa, quienes se quejan de la intermitencia del servicio y las altas tarifas que cobra Electricaribe, a la que además culpan de, por las intermitencias y los cortes, afectar los electrodomésticos en cuanta casa tiene su servicio. A la delicada situación por la que atraviesa la compañía se le unen el mal estado financiero que padece ya hace varios meses y los incumplimientos en los que ha incurrido en algunos acuerdos con el Estado, razones por las cuales fue intervenida.
El representante a la Cámara David Barguil, quien hizo un “campamento de protesta” por varias ciudades de la región Caribe con el fin de que la Superservicios efectúe la liquidación de la empresa y se busque otra firma que distribuya y comercialice el servicio, en conversación con El Espectador fue claro: “Electricaribe ha cometido abusos con sus usuarios. Nosotros esperamos su salida definitiva para que otro u otros prestadores puedan dar un buen servicio. Gracias a ellos estuvimos ad portas de un apagón y además le incumplieron al Gobierno con el Plan 5 Caribe”.
Pero algo más suscitó el malestar de los costeños, muchos de ellos representados en la voz de este congresista. Resulta que la canciller María Ángela Holguín, durante su intervención en un foro realizado por la organización Nueva Economía Fórum, de España, durante una ronda de respuestas a un cúmulo de empresarios y políticos, hizo la siguiente declaración refiriéndose a una reunión que había sostenido hace 15 días con altos funcionarios del Gobierno relativa al caso de Electricaribe y su casa matriz española: “Yo ese día salí más o menos ilusionada en que vi que podíamos avanzar y llegar a un acuerdo, espero que sea así, esto pasó hace 15 días y en 15 días todas estas cosas van cambiando, pero toda la mejor voluntad del Gobierno para que lo arreglemos, en donde Gas Natural quede tranquilo, quede bien, para nada es positivo en la relación que haya una empresa, así sea una sola, que salga descontenta, mal de Colombia”.
Estas declaraciones caldearon los ánimos en Colombia e hicieron que muchos la criticaran por estar, dijeron, del lado de la empresa española y no de los colombianos afectados por el servicio de Electricaribe. Pero los toros siempre hay que verlos desde distintos ángulos. La Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza de José Miguel Mendoza, ha comentado la difícil situación que padece Electricaribe, pues según el funcionario, es una de las más complejas en la historia del sector. Por eso el Gobierno creó un plan de financiación para evitar la quiebra de la compañía y poder asegurar así la prestación continua del servicio de energía en la costa Caribe y evitar que la compañía sea solventada con recursos del erario público.
Actualmente la intervenida empresa debe presentar un informe mensual, notificando su estado financiero, su flujo de caja y sus indicadores de recaudo para así llevar un monitoreo detallado de la reactivación organizacional. Asimismo, en el proceso de intervención se encuentran también la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes deben garantizar que el proceso sea de manera transparente y se pueda tomar la mejor decisión que salvaguarde los intereses de los usuarios de esta zona del país.
Las reacciones han sido de no parar. Todo el mundo habla del caso. La exministra y hoy congresista, también costeña, María del Rosario Guerra, desde su cuenta de Twitter recordó y advirtió: “Electricaribe debió prestar buen servicio y cumplir compromiso de inversión. No más Gobierno indolente con usuarios del Caribe”. También aparecen trinos como “los costeños unidos sacaremos a Electricaribe y tendremos al fin un proveedor de servicio eficiente”. El senador Daniel Cabrales dijo lo suyo: “La Canciller no debió ir de irresponsable a casi que defender intereses de Electricaribe mientras costeños seguimos sufriendo mal servicio”.
La historia sin fin. O por lo menos así ha sido siempre. Así que el país tiene sus ojos puestos en la decisión de José Miguel Mendoza, el superservicios, quien ha guardado silencio para no entorpecer la decisión final que se debe tomar antes de 10 días. Mientras tanto, los usuarios de Electricaribe siguen padeciendo de un servicio deficiente, con cortes frecuentes, daños de electrodomésticos por los que nadie responde y empresarios a los que les he tocado comprar plantas de energía con las que deben sustentar sus producciones. La historia sin fin de Electricaribe está cerca de terminar.