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En dos años, los constructores y vendedores deberán responder, por un periodo de 10 años, a los compradores de vivienda nueva en Colombia en caso de que la edificación muestre fallas estructurales, amenaza de ruina o colapse, como ocurrió por ejemplo con el edificio Space, en Medellín, hace más de cinco años.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 282 de 2019, denominado “de Amparos de la Ley de Vivienda Segura”, cuya intención es proteger el patrimonio de los propietarios a través de tres mecanismos de resarcimiento que son: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
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“De esta forma, las familias propietarias que reporten fallas en las viviendas serán indemnizadas (en dinero), en reconstrucción de la vivienda, o intervención para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción. En caso de que las familias requieran arrendamiento, el Gobierno Nacional otorgará un subsidio por un valor mensual de hasta 1,5 SMLMV”, explica un comunicado del Ministerio de Vivienda.
La adquisición del seguro por parte de los constructores será obligatoria a partir del 21 de febrero de 2021. Sin embargo, la norma permite que los constructores adquieran de manera voluntaria esta protección desde ya.
“El objetivo es que las personas que detecten irregularidades en las viviendas reporten de inmediato las mismas a la aseguradora o financiera para activar el mecanismo de amparo”, añadió.
Pese a que el Gobierno afirma que la aplicación de esta norma no impactará “significativamente el precio de la vivienda”, los constructores reconocen que estas medidas “tendrán impacto en los costos de producción y comercialización de vivienda nueva en el país”. Sin embargo, en un comunicado, la presidenta del gremio Camacol, Sandra Forero, expresó: “lo más importante es que se reconozca el efecto sobre los costos para la construcción formal de vivienda, y así la tarea de todos los actores y del Gobierno Nacional será minimizar ese impacto a través de definir condiciones óptimas para que se garantice el acceso, disponibilidad y asequibilidad de estos instrumentos para los proyectos de construcción y los hogares compradores”.
El valor de la cobertura del mecanismo de amparo, explicó el Gobierno, “será igual al valor de reconstrucción o reemplazo de la vivienda amparada según el Índice de Precios del Consumidor (IPC). Las tarifas definidas por las entidades financieras o aseguradoras para la constitución de los mecanismos de amparo sobre las Viviendas de Interés Social y Prioritario tendrán en cuenta el valor tope de las mismas, definido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente”.
“El costo del seguro no se traduce necesariamente en un aumento del valor de la vivienda, pues existe en el mercado competencia entre los constructores. A ello se suma la masificación de la cobertura, que genera competencia entre las aseguradoras”, explicó Fasecolda, el gremio asegurador.
"Lo que yo negaría de plano es que se le transfiera integralmente el costo, porque eso implicaría asumir que la industria de la construcción es un cartel y, ciertamente, no lo es. Viene un periodo de ajuste, son los dos próximos años. En este periodo de ajuste la industria de la construcción y la industria de seguros tienen que desarrollar interlocuciones muy eficientes, para que, en efecto, si los constructores adoptan este mecanismo, lo hagan en bien suyo, en bien de sus proyectos y en bien fundamentalmente de quienes van a adquirir esas viviendas", indicó el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero.
“Una vez otorgado el mecanismo de amparo, la entidad no podrá eximirse del pago de la indemnización a que haya lugar al comprador de la vivienda aduciendo malas prácticas de los profesionales que participaron en la construcción de la edificación”, agregó el Ministerio de Vivienda.
Fasecolda, por su parte, apreció que “la existencia del seguro fortalece a la industria constructora en el país, porque contribuye con la gestión de los riesgos asociados a la actividad y minimiza la ocurrencia de fallas en la etapa de diseño y construcción, todo ello en beneficio del consumidor de vivienda”.
Según el gremio de firmas aseguradoras, en 2018 se construyeron 172.000 vivienda nuevas en el país, de las cuales 102.000 correspondieron a vivienda de interés social.