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Luz Estella Florido trabaja prestando servicios de aseo. Como millones de colombianos, recibe mensualmente $781.242, el salario mínimo. Sus gastos los distribuye en transporte ($105.600), alimentación ($300.000), servicios ($205.000), arriendo ($385.000), vestuario ($200.000), salidas ($200.000) y otros conceptos como pago de créditos ($335.000). Todo suma $1’730.600.
Gladys Romero es compañera de trabajo de Florido y también recibe un salario mínimo; ella, por su parte, calcula sus gastos mensuales en $1’357.200. Estas dos mujeres, según lo dicho a este diario, no lograrían satisfacer sus necesidades si no fuera por el apoyo que reciben de sus familiares y otros ingresos adicionales. Tampoco lo harían los nueve millones de ocupados que en Colombia, según el DANE, reciben el salario mínimo legal o menos.
El gasto mensual de estas dos trabajadoras pareciera estar acorde con lo que plantea la Confederación General del Trabajo (CGT) al afirmar que lo ideal sería que un asalariado en el país reciba mensualmente $1’600.000. Para esta organización, ese ingreso permitiría un acceso real a la canasta de bienes y servicios. De ahí que su planteamiento sea que se deje a un lado el salario mínimo legal y se pase a hablar de un salario mínimo vital.
De acuerdo con Iván Daniel Jaramillo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el concepto de lo vital está asociado con el derecho de subsistir, mientras que lo legal se refiere a lo que cualquier legislación fije como piso básico de remuneración. En teoría, el salario mínimo legal debería funcionar para cubrir todas las necesidades de las personas, pero no lo ha hecho, según Jaramillo, debido a que es un monto fijado en gran parte con un criterio de control inflacionario, lo que ha “deteriorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores afectando su mínimo vital”.
En el orden de ideas de la CGT, el actual salario mínimo estaría depreciado en un 104 % frente al costo real de vida de personas como estas trabajadoras. En palabras simples, al colombiano que recibe dicho ingreso le hacen falta $818.758 para acceder de manera plena a los ocho grupos que conforman la canasta básica de productos y servicios: alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación; cultura, diversión y esparcimiento; transporte y comunicaciones, y otros gastos, dentro de los cuales figuran artículos para el aseo y cuidado personal.
Las actuales negociaciones de salario mínimo que adelantan Gobierno, empresarios y trabajadores se muestran distantes de alcanzar el ingreso ideal que calcula la CGT, ya que la apuesta más ambiciosa —la que puso sobre la mesa la CUT— plantea un incremento del 12 %; es decir $93.749, para consolidar una cifra de $874.991. Aún quedarían faltando $725.000, sin tener en cuenta el incremento de los precios de dichos productos y servicios.
No obstante, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, aseguró en entrevista con El Espectador que ve inviable que el incremento para alcanzar el $1’600.000 se dé de la noche a la mañana, ya que su propuesta está encaminada para que la transición se haga de manera gradual. Es por eso que ve como un buen comienzo que se acepte la propuesta que presentaron en la mesa de negociación de incrementar el salario mínimo un 10 %, es decir, $78.124.
“Tiene que ser progresivo. Nadie es tan ingenuo de creer que le van a doblar el salario mínimo legal, pero por lo menos que se inicie el proceso. Por eso proponemos un incremento del 10 %, que permite ir en ascenso a ver si al cabo de 15 o veinte años en Colombia ya no hablamos más de salario mínimo legal sino de salario mínimo vital”, afirmó el directivo.
Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta nacional de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, se muestra distante a la propuesta planteada por la CGT. Para ella, presente en la mesa, cuando se habla de salario mínimo legal se está abordando el salario mínimo vital; es decir, el ingreso que necesita un trabajador para satisfacer sus necesidades.
“Como gremio somos conscientes de que todos deberíamos ganar más, el país debería mejorar su poder adquisitivo. Eso es algo que ha ido mejorando, tal vez no al nivel de países desarrollados, pero hoy tenemos mejores condiciones”, menciona la directiva.
Al referirse al $1’600.000 que propone la CGT asegura que si un empleador destina un salario de $1’000.000 también tendría que guardar casi $1’600.000 para pagar no solo la nómina sino también los costos no salariales; de lo contrario recibiría sanciones legales. El anterior ejemplo lo utiliza para mostrar la otra cara de la moneda, una en la que el presupuesto del empresariado se vería afectado al tener más compromisos económicos.
Quintero, además, aseguró que factores como la productividad deben verse incrementados si se quiere acceder a un ingreso salarial más alto. Vale la pena recordar que la productividad de este año creció solo medio punto porcentual.
“¿Cuánto tiempo nosotros desgastamos en el espacio por el cual nos están pagando para cumplir ciertas funciones? Ese es un tema que tiene que analizar la persona: ¿cómo puedo aportar más a la empresa para que tenga mejores resultados? Así quizá ya no tengamos que preocuparnos por un salario mínimo”, concluyó la presidenta de ACOPI.
Finalmente, el presidente de la CGT asegura que un ingreso superior para los trabajadores no solo resultaría beneficioso para ellos sino para la economía nacional, ya que esto generaría una mayor demanda de productos y servicios que se vería reflejada en más ventas para las empresas y, por consiguiente, más generación de empleo.
“En los Estados Unidos no exportan ni siquiera el 10 % de su producción nacional. El músculo de su economía está en el consumo interno, en el cual la gente tiene capacidad de compra. Si nos seguimos sometiendo al salario mínimo seremos un país donde el común denominador será la pobreza; algo contradictorio en una nación que quiere ingresar al club de los países ricos, pero con trabajadores empobrecidos”, resaltó Gómez.