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Camiones, tractomulas, minimulas que tienen aprobaciones o autorizaciones falsas de sus matrículas, otros incluso sin aprobación del ente rector, cientos de ellos radicados en la Secretaría de Tránsito de Facatativá o de Pacho, en Cota y La Calera, (Cundinamarca); en Armenia, La Tebaida y Quimbaya (Quindío); La Estrella, Envigado, Sabaneta (Antioquia); Bucaramanga y Floridablanca (Santander); Neiva (Huila), El Guamo (Tolima) y Guacarí (Valle). Y la lista sigue. Parece interminable. Es lo mínimo. Son 1.013 vehículos los que identificó el Gobierno y sobre quienes ya se dio la orden a las empresas del sector para que no les den carga y, de esta forma, se les obligue a enfrentar la ley de una vez por todas.
Consulte aquí la lista completa de matrículas de los vehículos que no pueden transportar carga
Placa por placa, carpeta por carpeta, son “1.013 vehículos identificados por el Grupo de Desintegración, que revisó todos los archivos, contrastó con el Runt y vio inconsistencias. Ellos ya no deben rodar con carga”, le dijo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, a El Espectador. Era una noticia esperada por los camioneros, quienes desde el año pasado, justo cuando este sector realizó el paro más largo de la historia –46 días–, reclamaban acciones en contra de los miles de vehículos mal matriculados. “Son las primeras 1.000 placas que no pueden cargar por no haber cumplido con la regulación. Se cree que el total superará las 18.000 placas”, advirtió la Asociación Colombiana de Camioneros.
Y aunque el tema parece obvio en el sector, todavía hay quienes se preguntan por qué están mal matriculados. Pues resulta que debido a malas prácticas de algunos miembros del sector en el país, al mercado entraron miles de camiones y tractomulas violando la ley. Existió un modelo que exigía a cada propietario comprar una póliza para poder traer un carro, pero muchos ingresaron sin ella. Varios vehículos fueron matriculados con una misma póliza, están los que empezaron a trabajar con pólizas fraudulentas y también los que lo hicieron con pólizas no aprobadas por el Ministerio.
Sin entrar en el detalle, Colombia se llenó de camiones y la sobreoferta generó competencia desleal, reducción en el precio de los fletes y permitió el ingreso de dineros ilegales pues, como circulan los casos en el corrillo de los transportadores, dinero del narcotráfico fue lavado con la compra de flotas enteras de camiones, cientos de ellos mal matriculados y usados en el boom petrolero que vivió el país cuando el precio del crudo estuvo por encima de los US$100.
Buscando control en la materia, y después del paro del 2016, el Gobierno terminó publicando dos decretos sobre la materia: el 1514 de 2016 y el 153 de 2017, junto con la resolución 332. Allí fue donde, leyendo en un resumen muy ejecutivo, se sentó la hoja de ruta con alternativas de normalización de la situación para, por ejemplo, los pequeños tenedores de buena fe (transportadores con menos de tres carros). Esa normalización se debe hacer o desintegrando un vehículo de carga (chatarrizando) o haciendo un pago proporcional de acuerdo con el valor del carro que tiene el problema de la matrícula.
Y allí también se dejaba claro que dentro de las medidas de control aparecía la restricción en el acceso a la carga basada en los controles en la vía por parte de la Policía Nacional y de los organismos de Tránsito en todo el país. Eso, en efecto, es lo que ya empezó a suceder. De acuerdo con una fuente cercana a El Espectador, 150 vehículos han sido devueltos de los puertos a donde iban a cargar, pero no pudieron por aparecer en la lista. Pero ya “pueden empezar su proceso de normalización, que empiecen a chatarrizar carros para poder normalizarse”, advirtió el ministro.
Jairo Herrera, presidente de Asecarga, fue claro: “Nosotros lo que pedimos es claridad. Apoyamos estas normas para que haya transparencia en el negocio. Son 250 empresas habilitadas en el país y les hemos pedido a nuestros afiliados que no les den carga a esos carros mal matriculados hasta que normalicen su situación. Muchos dicen que fueron asaltados en su buena fe, pero yo no creo eso, porque muchos en vez de pagar la póliza se aliaron con un tramitador y matricularon por $5 o $10 millones”.
Entonces, para que estos 1.013 carros puedan volver a trabajar, tendrán que chatarrizar una buena masa y con eso “se baja la sobreoferta. Esto es una cosa muy buena. Esperábamos unos 4.000 vehículos identificados, pero como va la cosa, creo que va a ser más grande”, dijo el ministro. De acuerdo con información conocida por El Espectador, ya hay 123 autopostulaciones de normalización. El gran reto ahora es que quienes matricularon con trampa sí terminen chatarrizando y no presentándose como tenedores de buena fe para, en últimas, volver a engañar al Estado y salir victoriosos del problema.