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Se espera que para diciembre del presente año se radique ante el Congreso un proyecto que permita mejorar la protección a la vejez. Cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo aseguran que una tercera parte de las personas en edad de jubilación recibe una pensión, es decir 2,2 millones. De estas, las más adineradas se llevan el 50% de los subsidios.
Las anteriores y otras problemáticas, como el bajo número de cotizantes en el sistema pensional, son las que se buscan mitigar por medio de esta iniciativa, en la que trabajan en conjunto el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Colpensiones, el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Regulación Financiera. A este equipo de trabajo se busca sumar la opinión de la ciudadanía.
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Por medio de la página web, www.mintrabajo.gov.co/web/comisionvejez , se pretende que los interesados en participar en la construcción de este proyecto participen conociendo la iniciativa, aportando con ideas o quejándose ante lo que consideren incorrecto.
En el portal las personas podrán responder las siguientes preguntas: “¿Qué le preocupa del actual sistema pensional?”; “¿En qué debería enfocarse la Reforma de Protección a la Vejez que estamos construyendo?”, y, “¿Tiene alguna propuesta para la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez?”.
“Queremos que esta Reforma de Protección a la Vejez sea construida entre todos”, comunica el portal.
En la presentación de esta página web el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que la contribución hecha por los trabajadores es inferior a lo que están recibiendo los jubilados; ese faltante ha sido compensado por los impuestos de la ciudadanía y su monto alcanza el orden de los 3 puntos del PIB anual, es decir, unos 30 billones de pesos. Con la reforma se busca que esa inversión baje al incrementarse el recaudo pensional.
Dentro de las propuestas, que desde ahora se conoce intentarán incluir en dicho proyecto de reforma, destaca la de formalizar a los trabajadores por horas cuyo ingreso sea inferior a un salario mínimo. Esta ya es conocida por su presencia en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
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Según cifras aportadas por el DANE, en Colombia el 44% de los trabajadores recibe menos de un salario mínimo, esto es nueve de los 22 millones de ocupados que hay en el país. Para la ministra de trabajo, Alicia Arango, el panorama es preocupante, ya que esto significa un enorme obstáculo en la lucha contra la informalidad.
Este 44% está conformado por trabajadores que no alcanzan a completar una jornada laboral de ocho horas. Parte de las iniciativas busca que estos tengan derecho a recibir prestaciones sociales y aportar para obtener un ingreso al momento de llegar a la edad de jubilación.
Dentro de los ejemplos que puso la ministra, para reforzar el argumento de esta iniciativa, es el de los ordeñadores que solo trabajan tres horas al día, “porque la vaca no da más”, y el de los estudiantes que trabajan media jornada laboral. “¿Por qué estas personas no pueden cotizar y ahorrar para su vejez?”, cuestiona Arango.
En suma, la propuesta contempla que las personas que reciben menos de un salario mínimo puedan registrar un aporte a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que, a futuro, podrían representar ingresos de hasta el 85% del salario mínimo. Si se tiene en cuenta el salario mínimo vigente en 2019, esto sería cerca de $700.000 pesos mensuales.
Hay que tener en cuenta que esta población no puede cotizar en el fondo público de pensiones, o en los privados, porque sus ingresos no son superiores al salario mínimo. En consecuencia, el pensamiento de la cartera laboral es que por lo menos estas personas reciban una ‘especie de pensión’ vía BEPS, aunque la intención de fondo es que más adelante los trabajadores consigan un empleo de más de un salario mínimo y su ahorro en BEPS sea pasado al fondo de pensión en el que se ubique.
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Arango recalcó que este tipo de trabajadores no podrían un solo peso para su contribución, sino que el empleador se encargaría de aportar un 15% y el Gobierno un 20%.
Para el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) esta iniciativa no es más que “una formalización maquillada por la vía de reconocer menos ingresos a los trabajadores”.
Ante la posible eventualidad de que los empleadores tomen esta figura de contratación, para hacer que toda su nómina, que antes trabajaba jornadas de ocho horas, ahora se duplique con trabajadores de medio tiempo cuyo ingreso es inferior al salario mínimo, la ministra aseguró que se implementarán inspecciones que vigilen este tipo de comportamientos.
Para Arango no todos los trabajos son de tiempo parcial y las empresas no tendrían por qué aprovecharse de esta reforma para adoptar dicho esquema de contratación.