Lo que viene en la pelea de operadores y Mintic

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La condena de un tribunal de arbitramento contra Claro y Movistar, por $4,7 billones, no sólo sienta un duro precedente jurídico en el país, sino también abre una serie de preguntas sobre el desarrollo de un sector que atraviesa por un momento difícil debido a factores como mayores impuestos al consumo. Por ejemplo, en 2016, los servicios de correo y telecomunicaciones cayeron 1,9 %, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE). (Lea "Futuro incierto para las TIC")

El pleito entre el Ministerio TIC y las empresas viene desde 2013, cuando la Corte Constitucional dijo que a estos operadores sí les aplica una cláusula conocida como reversión de activos: es decir, tendrían que devolver los equipos y la infraestructura con la que operan o, en este caso, pagar por ella. La condena de este martes del tribunal de arbitramento fue cuantificar la cuantía del pago: $3,1 billones para Claro y $1,6 para Movistar.

Entre los analistas consultados hay un cierto consenso en que la decisión del tribunal no resulta sorpresiva, pues en últimas está ratificando lo que ya había dicho la Corte hace cuatro años. “Lo primero que se tiene que dejar claro es que en Colombia no se está atentando en contra de la inversión extranjera. El fallo se dio en línea con las leyes colombianas. Desde un principio se sabía que Claro y Movistar iban a perder la demanda, pues la ley dice que se debe seguir lo que dice el contrato”, opina Julián Cardona, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y consultor en telecomunicaciones y TIC.

En un sentido similar se expresó Juan David Duque, secretario general del Mintic, al decir que “las condenas económicas son duras. Pero esto es algo que no toma por sorpresa a los operadores. Es un pleito de hace varios años”.

“El momento es lo que complica todo. Esto se veía venir, pero la aspiración es que el monto fuera mucho menor. Uno podría decir que las compañías deberían estar preparadas para asumir este escenario. Pero es normal que las casas matrices bajen el ritmo de inversión mientras se discute qué va a pasar. Las empresas no se van a suicidar dejando de invertir, pero sí pueden frenar el paso al que lo venían haciendo”, opina Daniel Medina, exministro de las TIC.

Una de las inversiones críticas en el sector es la subasta del espectro de 700Mhz, que el Gobierno espera finalizar a finales de este año o principios del próximo. Hay que tener en cuenta que este proceso arrancó en 2015 y durante 2016 no hubo anuncios al respecto. Esta porción del espectro electromagnético es muy codiciada por los operadores, pues permite que la información viaje a altas velocidades, con menores interferencias, pero con gran cobertura. También es importante para la prestación del servicio de cara a los usuarios, pues permite la expansión de las conexiones móviles 4G, que hoy tienen una participación de 30 % en el mercado nacional.

“La decisión del tribunal de arbitramento no tiene por qué afectar la subasta de espectro ni el futuro desarrollo de los proyectos del sector ni a los usuarios. El laudo arbitral sobre la reversión de la infraestructura de telefonía móvil celular debe cumplirse a cabalidad, y éste no debería generar ninguna afectación para las telecomunicaciones del país”, opina Antonio García Rozo, presidente de Aciem.

El exministro Medina opina que la discusión alrededor de la subasta puede no estar alineada con el fallo, pues los reparos de los operadores tenían que ver más con las condiciones del proceso. Por su parte Duque, del Mintic, dice que “la decisión de participar en la subasta es empresarial. El Gobierno quiere llevar a cabo el proceso. El espectro es un bien necesario para prestar el servicio, pero también para mejorar en cobertura, para crecer”.

Cardona tiene otra posición al respecto: “La subasta del espectro podría verse afectada, pues los operadores ya habían indicado que por la situación económica del país no tienen los recursos para participar activamente en el proceso. Y la situación empeoró, pues ahora tienen la incertidumbre de no saber si deben pagar sus multas. Por esto creo que el Gobierno debería contemplar aplazar la subasta”.

Para Medina, uno de los puntos claves es el destino que tendrán los recursos que el fallo les ordena a pagar a las compañías. “Los impactos de la decisión también dependerán de dónde se quede ese dinero. Si se reinvierte en el sector, eso duplicaría el presupuesto del Fontic, y con eso usted podría ampliar la banda ancha para estratos bajos o la última milla en sector rural, por ejemplo. Esto podría ayudar a recuperar la confianza inversionista”.

Medina hace referencia al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el cual se financia la inversión en estos temas en el país. Al respecto, Duque asegura que los recursos “en primera medida entrarían al Fontic. Esto no debería hacer crecer el presupuesto de la entidad, sino que garantizaría el desarrollo del sector durante 20 o 30 años”.

Las compañías no se han pronunciado más allá de lo que dijeron al conocerse la noticia, aunque se sabe que Claro, por ejemplo, tiene un proceso ante un tribunal extranjero por este mismo tema. Los pasos que tomen las empresas determinarían una porción del futuro de las telecomunicaciones.

¿Qué mensaje le da este fallo al sector? García Rozo, de Aciem, responde: “El laudo arbitral demuestra que se cumplieron unas condiciones jurídicas para que cada uno de los actores inmiscuidos en el proceso de reversión de la infraestructura de telefonía móvil celular (Estado-operadores) pusiera sobre la mesa sus puntos de vista para la defensa de sus intereses”.