Los empresarios toman la palabra

Uno de los principales llamados de los empresarios es a reforzar la seguridad jurídica en el país. / Flickr - Prensa Andi

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, explicó que este gobierno se enfocará en incrementar la productividad, entendida como la capacidad promedio de producción en cada hora de trabajo y el rendimiento del capital con cada dólar invertido. “El 65 % de los aumentos en productividad suceden en el interior de las empresas. Hay que tener capacidad de producir más y de mejor forma”, aseguró.

La propuesta se conoció en el marco de la versión número 74 de la Asamblea Nacional de la Andi, que finalizó ayer en Cartagena. Allí, empresarios y Gobierno se dieron cita para discutir los retos de los sectores productivos y trazar una ruta hacia la competitividad.

Durante su intervención en uno de los paneles del evento, Restrepo argumentó que la productividad es “transversal a todos los problemas del sector comercial e industrial” y es la clave para “alcanzar un desarrollo empresarial sostenible y aumentar el crecimiento potencial del país”.

Es por eso que viene trabajando con el Consejo Privado de Competitividad, del que hace parte la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), para diseñar un modelo de inserción que se implemente en diferentes fábricas del país y resuelva problemas puntuales. Un comité entraría durante un tiempo a las empresas a revisar los procesos e implementar estrategias que hagan crecer la productividad desde frentes como comercialización y mejoramiento en habilidades gerenciales.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que hace muchos años el país perdió el norte para consolidar un desarrollo empresarial productivo. Un estudio del gremio identificó 90 puntos en los que hay espacio para mejorar, relacionados principalmente con trámites. “Allí hay un frente gigantesco para trabajar. Tenemos una manía de querer regular y reglamentar todo, pero no somos capaces de utilizarlo bien”, dijo.

Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados, mayor franquiciado de McDonald’s en el mundo, aseguró que, aunque las condiciones en Colombia son bastante estables, “hay mucha burocracia, papeleo y trabas”. Su recomendación es simplificar las cosas, crear mejores condiciones y atraer la inversión extranjera, “mostrar que en Colombia tendrá un lugar seguro, porque la plata es lo más cobarde que hay”.

En relación con esta problemática, el ministro Restrepo señaló que, en términos de seguridad jurídica, hay que revisar reglamentos y normas y definir si deben modificarse, disminuirse o eliminarse, con el fin de simplificar las relaciones entre los sectores público y privado, “pero no podemos exacerbar al empresario”. El asunto va más allá de eso, pues la seguridad jurídica también implica claridad en la plataforma tributaria.

Frente a las cargas impositivas, Mac Master mencionó como ejemplo la reducción del impuesto de renta en Estados Unidos, que hoy se ubica entre 14 % y 21 %, mientras en Colombia la suma de los tributos representa alrededor de 40 % de los ingresos, sin contar los cobros territoriales.

Cifras de la Andi dan cuenta de que en el país hay cerca de un millón de empresas, pero 70 % del recaudo lo ponen sólo 3.552 compañías que son grandes contribuyentes, lo que muestra, entre otras cosas, la alta concentración de las obligaciones con el Estado en unas pocas manos y la falta de sistemas que eviten la evasión de las empresas más pequeñas. “El Gobierno ha reconocido que necesitamos competitividad internacional en el tema tributario”, recalcó el presidente.

Harold Eder, presidente del Grupo Manuelita, describió la estructura tributaria colombiana como compleja y de cargas elevadas, e ilustró cómo al modificarla se puede desarrollar la frontera agrícola y aprovechar el potencial agroexportador del país. Esa fue la fórmula de Perú para convertirse en una de las principales despensas alimentarias del mundo “con pocos elementos, con medidas simples, una de ellas: reducir el impuesto de renta de 29 % a 15 % por 10 años”.

Sin embargo, no todos coinciden con este planteamiento. Rafael del Castillo, presidente de la gestora de proyectos urbanísticos Novus Civitas, dijo que el reto no está en bajar los impuestos, sino en agrandar la base de recaudo con un mayor número de empresas pequeñas, medianas y grandes que contribuyan. “Hay que estimular e incentivar, a través de diferentes mecanismos, la creación de empresas para aumentar el tamaño del mercado y crear un círculo virtuoso”.

Con respecto al escenario internacional, Restrepo destacó que “el libre comercio es para todos”. Y no lo dice sólo él, es una premisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo asegura que no dejarán de lado a los sectores que han recibido un impacto crítico por cuenta de los TLC. Para actuar en su defensa, el ministro invitó a los empresarios a que pongan en conocimiento del Gobierno cualquier dificultad o demanda si son testigos de alguna violación a los derechos comerciales, y se comprometió a garantizar que se tomen decisiones oportunamente.

De acuerdo con la Andi, actualmente, las investigaciones relacionadas con medidas antidumping toman en promedio dos años, “tiempo suficiente para que una compañía quiebre”, según Mac Master.

Finalmente, el líder gremial llamó a “definir pronto” una estrategia clara frente a la guerra comercial en la que están inmersos Estados Unidos, la Unión Europea y China, principalmente, aunque involucra cada vez más a otros países, afectados en alguna proporción.

Más allá de la industria

La industria no es el único sector que tiene propuestas para el Gobierno. Las empresas minero-energéticas le pidieron a esta administración que promueva políticas que permitan que tanto las energías renovables como las no renovables se sigan desarrollando, específicamente en las áreas de exploración y explotación.

María Fernanda Suárez, ministra del ramo, dijo que trabajarán en la reactivación de la inversión: “Uno de nuestros planes es trabajar en la ronda permanente, un sistema en el que todas las industrias van a poder decirle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en qué bloques están interesadas. Eso esperamos poder hacerlo en el curso de este semestre”.

Para el sector financiero, que también se sumó al impulso por la productividad y a la propuesta de reducir la carga normativa (en este caso ajustándola a principios internacionales), la clave está en combatir el uso de efectivo y favorecer los medios electrónicos. Óscar Cabrera, presidente del BBVA para Colombia, explicó que “eso tendría impactos muy positivos sobre la forma de hacer banca que tenemos en el país”, y destacó que si en Colombia el uso del efectivo estuviera dentro del rango de los países de la OCDE, “podríamos tener otro banco más del tamaño del BBVA Colombia, lo que significa capacidad de apalancamiento y más inversión”.

Respecto a las telecomunicaciones, el CEO de Tigo Une, Marcelo Cataldo, aseguró que han puesto sobre la mesa la necesidad de tener un regulador único, mejorar las contribuciones y contraprestaciones del sector al Gobierno y extender las licencias de espectro a 20 y 30 años, entre otras propuestas “que nos permitan hacer lo que tenemos que hacer, que es invertir, pero queremos tener seguridad de esas inversiones para repagar el dinero que ponemos a disposición del país”.