“No se puede tener un sistema de control fiscal póstumo”: Auditor general de la República

Foto: Cristian Garavito/ El espectador

Felipe Córdoba lleva más de un año y medio al frente de la Auditoría General de la República, un período en el que ha hecho varios cambios, como exigir a las contralorías rendir cuentas mensualmente —no cada seis meses, como se venía haciendo— y a través de un solo sistema electrónico —en vez de cinco—, accesible para el público, llamado SIA Observa.

Al momento de su llegada al cargo no había certeza de cuánto era el presupuesto de los más de mil municipios y 32 departamentos. Luego de estudiar municipio por municipio y cada asamblea y concejo, la Auditoría calculó que la cifra promedio, en 2015 y 2016, fue alrededor de $120 billones, a lo que se suman $240 billones que tiene la Nación. “Estamos hablando de que son alrededor de $360 billones que ha tenido el Estado cada año”, resume Córdoba.

¿Qué ha pasado con el “apretón” que se había anunciado para las contralorías?

Las hemos apretado, tanto que se firmaron 64 acuerdos de vigilancia y control, en los cuales hoy ya tenemos claridad de cuáles son los resultados por región de cada uno de ellos. La gran conclusión es que el control fiscal y el modelo deben cambiar completamente. Hoy no podemos tener un sistema de control posterior, entendido como póstumo. Porque hoy el colombiano está aburrido de estar “surfeando” por las olas de la corrupción. Hay que crear un sistema que sea preventivo.

¿Qué se necesita para hacer ese cambio?

Una reforma constitucional, pero estamos en el momento. Toca hacerlo por medio de acto legislativo. El problema más grande son, por ejemplo, los recursos de Vaupés. Ahí hay una Contraloría que tiene sólo cinco funcionarios, no tiene ni siquiera un ingeniero civil, y por más esfuerzo que haya hecho el contralor de la región, no va a poder verificar el 100 % de los recursos. En el siglo XXI, con la tecnología que tenemos, con toda la ciencia, no podemos decirle al ciudadano que vamos a mirar sólo una muestra de contratos, hay que mirarlos todos. Pero hay un punto más importante: la Contraloría de Barranquilla, una entidad que debería ser más grande, tiene de presupuesto $2.500 millones y tiene que pagar $2.000 millones en sentencias judiciales.

¿Cuál sería la propuesta para ese cambio?

Hoy se rajan todas las contralorías en recuperación del recurso público. Por beneficios de auditoría, están recopilando alrededor de $400 de cada $1.000, pero en la recuperación del recurso como tal de $250.000 millones (que es el presupuesto anual de todas las contralorías) recuperan $1.500 millones. Entonces se rajan. Desde ese punto de vista, hay que cambiar el modelo. Por eso la Fiscalía hace rato lo cambió. ¿Quiénes son eficientes en recuperar el recurso? Los jueces, pero hoy el proceso no es tan eficiente y lo que generan son demandas multimillonarias en contra del Estado. De otro lado, el tema de salud es crítico, porque no tenemos médicos en las contralorías territoriales. Yo mismo tuve que pelear por doctores en la Auditoría, ya que no existían.

Entonces, cómo auditamos a las contralorías si no tenemos un médico que controle ese tema. Asimismo, si no tenemos un ingeniero ambiental que confirme el impacto ambiental que puede ocasionar alguna empresa, se vuelve difícil controlar el tema de la contaminación en el lecho marino o la ciénaga si no hay una medición certera. Si ya pusimos un panorama de contratación en todo el país, el cual puede seguir minuto a minuto, y si ve que un contratista que está en La Guajira es el mismo que está en otras partes del país, pues eso prende las alarmas. Pero esto no existía, y es un tema que les molesta a algunos contralores territoriales, por lo que han tenido que poner a sus 8.000 funcionarios a rendir cuentas mensualmente.

¿Por qué hay dineros sin usar y se quedan en el sistema financiero?

El año pasado creció la cifra de dineros sin usar, creció alrededor del doble, casi $8 billones, que se quedaron en el sistema financiero. Esto es porque algunas obras no se ejecutaron y algunos mandatarios territoriales eran nuevos. Pero eso va demostrando que hay mala ejecución del recurso público o malos ejecutores. Sin embargo, es preferible que no se gaste esa plata si no la van a invertir bien.

¿Qué ha pasado con las contralorías que vigilan la situación de La Guajira?

Hay sanciones que están en proceso y ya tenemos sanciones en contra del contralor de turno, Franci Ayala. De igual forma están fallando otras regiones, como Tolima, con el tema de los Juegos Nacionales. Hay unos recursos comprometidos y hemos estado adelantando sanciones en contra de las entidades territoriales correspondientes. También cabe mencionar otros contralores de la Costa que no han hecho su tarea “juiciosamente”, y próximamente ustedes verán resultados allí.

¿Cuántos procesos tiene hoy la Auditoría en curso?

Son 120 procesos con implicación en responsabilidad fiscal.

¿Qué pasa con la cuestión de las regalías, que parece afectar a varios departamentos?

El contralor general, Edgardo Maya, le ha venido haciendo un seguimiento constante al tema. Pero de ahí salen cosas increíbles, como en Buenaventura, que una piscina de olas costo más $3.600 millones, lo que ya se requirió y se encuentra en investigación. Por eso insisto en modificar el modelo de vigilancia fiscal en el país.

¿Ya se está trabajando en ese cambio del sistema de control?

Hay una propuesta del contralor al respecto. Pero lo que yo creo es que hay que cambiar el modelo, hay que separar la función de investigación y juicio, porque no puede ser que el mismo que investigue sea el mismo que juzgue.

¿Cuántos son los recursos que se destinan para el funcionamiento de la Auditoría?

Tenemos $30.000 millones de presupuesto, y eso es realmente nada.

¿Tienen personas especializadas para chequear todo lo relacionado con infraestructura?

Sólo tengo tres ingenieros civiles a cargo. Sin embargo, nuestra labor es vigilar las contralorías y son ellas las que deberían contar con ese personal especializado, pero no lo tienen, no cuentan con los profesionales para atacar el problema de la corrupción.

¿Qué tan grande ve ese reto en el proceso de posacuerdo? ¿Cómo ve el proceso de auditar algo que antes no existía?

El tema tiene que ser en línea y en tiempo real, para que después no estemos llorando sobre la leche derramada. Por eso habrá inversiones en infraestructura, por lo que hay que poner un esquema de infraestructura en línea para verificar lo que está sucediendo.

¿Han tenido problemas de demandas o los han amenazado por la aplicación que nos comentaba?

Claro, a mí me han dicho que no puedo hacer eso, de todos lados: me lo han dicho contralores y hasta en el Congreso, pero vamos en el camino del medio, como dicen la ley y la Constitución. Asimismo, a nuestra petición, cambió el decreto de contratación con entidades sin ánimo de lucro. Propuesta que nació porque de cada $15 billones que se contrataban con ese tipo de entidades, se perdían $1,2 billones en impuestos, o sea, dejaban de pagar esta suma en impuestos.

¿La Contraloría y la Auditoría trabajan conjuntamente?

Lo que hemos visto es que al firmar los 64 acuerdos de vigilancia, le hemos pasado a cada uno de los contralores cuáles son los riesgos claros en materia de contratación. De allí han visto que el contralor general sacó el cartel de la hemofilia y el cartel del zika. Ha denunciado varios carteles que dieron resultados importantes.

¿Por medio de la aplicación se puede denunciar?

Claro que sí. Hay varios tipos de denuncia allí, incluso denuncia anónima. Asimismo, puede subir cualquier tipo de documentos, videos, notas de voz, todo lo que usted considere que pueda ayudar.

¿Se puede hacer seguimiento a las denuncias?

Claro. A la persona le llega un código al correo que le ayuda a seguir su caso.

¿Hay disposición del Gobierno para cambiar el modelo de vigilancia?

Sí. De hecho, ya hemos visto la disposición del presidente y de la ciudadanía para cambiar estos temas. Estamos en un momento en el que hay que redefinir el control fiscal para el posconflicto.