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El consorcio constructor de Hidroituango se pronunció este viernes respecto a la imputación de cargos que realizó la Contraloría General a 28 personas (entre ellas dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia) y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. (Lee también: Hidroituango: siete años de malas decisiones habrían causado deterioro patrimonial de $2,9 billones)
El Consorcio CCC Ituango aseguró que atiende y respeta las actuaciones de los organismos de control, indicando que ha prestado toda la colaboración para responder diligentemente a los requerimientos legales, administrativos y contractuales relacionados con el proyecto. Y señaló que seguirá colaborando durante el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría.
El consorcio también dijo: “Hemos actuado con profesionalismo y diligencia ante las solicitudes de cambios, nuevas actividades y mayores cantidades de obra, que impactan los programas de obras y que fueron debidamente aprobados. Nos hemos ceñido a las instrucciones impartidas por EPM y sus delegados, siempre bajo la supervisión de la Interventoría, cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales”.
Además, según CCC Ituango el contrato de construcción ha tenido estricto seguimiento de la Contraloría Municipal, la auditoría interna de EPM, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades competentes.
La junta de EPM también se pronunció frente a la imputación de cargos luego de una reunión que realizó este viernes.
En primer lugar la junta dijo que guarda un total respeto, acatamiento y colaboración a las decisiones de los entes de control e investigación del Estado, entre ellas, las emitidas recientemente por la Contraloría General de la República.
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Asimismo, expresó a la “gerencia general y a la administración de EPM la necesidad de reunir y consolidar todos los esfuerzos organizacionales para la culminación exitosa del proyecto hidroeléctrico Ituango, con el fin de entrar en operación en el primer semestre de 2022, fecha prevista para tal propósito, toda vez que los compromisos técnicos y el ánimo para la ejecución del proyecto siguen intactos. Por tanto, entiende que la decisión de imputación que ha hecho la Contraloría en nada altera el cronograma acordado para la ejecución y entrada en operación de la obra”.
Sin embargo, indicó que los esfuerzos para terminar Hidroituango deben hacerse sin perjuicio del trámite conciliatorio y de las gestiones que se vienen adelantando con el fin de conseguir el resarcimiento de los daños sufridos por EPM en el proyecto.
Finalmente, la junta dijo que “es consciente de la responsabilidad económica y social de EPM, para lo cual ha propiciado y respaldado las decisiones administrativas orientadas a mejorar la evaluación y mitigación de los riesgos de los proyectos que ejecuta la empresa, así como el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos. Por cierto, en 2020, y a pesar de la pandemia, EPM ha tenido utilidades suficientes para transferir entre $1,1 y $1,3 billones a ciudad de Medellín, lo que ratifica la solidez de la empresa”.