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Intensas sesiones se libraron en el Senado en las últimas semanas para aprobar los últimos proyectos de ley dentro de la legislatura que terminó este martes. Para varias de estas iniciativas, el paso por el Congreso era relativamente sencillo, pues no sabe si sobrevivirán la etapa que sigue: la sanción presidencial. El problema es fiscal.
El cambio del horario en el que empieza a regir el recargo nocturno (de 10:00 p.m. a 9:00 p.m.), la disminución de 150 semanas para que las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos se pensionen (quedando en 1.150 y hasta que cumplan 57 años) y la reducción de aportes de salud de 12 % a 4 % de los pensionados son algunos de los proyectos que están en vilo por la falta de plata. Todos los proyectos fueron finalmente aprobados en el Senado.
El proyecto que contó con un trámite relativamente más sencillo fue el del cambio de horario del recargo nocturno. La iniciativa original proponía que el horario comenzara a las 6:00 p.m., pero después de diversas advertencias del Ministerio de Hacienda quedó desde las 9:00 p.m., propuesta aceptada por el Gobierno. Por el momento, la principal luz de alerta con este proyecto no tiene que ver con temas fiscales, sino laborales, pues, según la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), se podrían perder 35.000 empleos.
Los otros dos proyectos de ley son más complejos en materia fiscal, porque afectarían a dos sectores del Estado que ya tienen problemas de sostenibilidad: el de salud y el pensional.
Respecto a la reducción de aportes a salud de pensionados del 12 % al 4 %, el Ministerio de Hacienda ha manifestado que implicaría un costo fiscal de más de $3 billones. Además se trata de una reducción de recursos que le pegaría principalmente al financiamiento de la salud, un sector cuyo déficit para este año se estima en $5 billones. A esto hay que sumar la incertidumbre generada por la suspensión de la venta de Cafesalud, que traería $1,45 billones para pagar las deudas de la EPS más grande del país.
Lo problemático es que, al igual que el cambio de horario del recargo nocturno, se trata de una promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos. De manera que el mandatario está en la encrucijada entre afrontar los costos fiscales y cumplir sus promesas de campaña.
Jhon Jairo Díaz, presidente de la Asociación de Pensionados de Colombia (APIS), dijo que “el presidente nos debe cumplir. Pareciera que sólo hay plata para la guerrilla. Nosotros hemos mencionado varias formas que el Gobierno tiene para conseguir esos recursos: por un lado, puede sacar el dinero cobrándoles impuestos a los empresarios que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Nos dicen que las pensiones dejan un hueco fiscal, pero no hemos visto que hagan algo con el sueldo de retiro de los militares. Y debe haber un trabajo serio por recuperar el dinero que se perdió por la corrupción, que no se quede sólo en capturas”.
Por su parte, Edinson Delgado, senador del Partido Liberal y presidente de la Comisión Séptima, indicó que “el Congreso está teniendo un movimiento en el que promueve todos estos proyectos que buscan mejorar el bienestar de los colombianos. Pero, por supuesto, el Gobierno tiene que garantizar la sostenibilidad de esas iniciativas por medio de su regla fiscal. Yo creo que lo que debe hacer el presidente es mirar cómo redistribuir el gasto para que pasen este tipo de proyectos de ley”.
Por su parte, el proyecto de ley que reduce en 150 las semanas de cotización para las mujeres se da en un momento en el que todas las autoridades económicas hablan de reforma pensional. Por ejemplo, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, asegura que “es inevitable una reforma estructural” de este tema.
De hecho, la disminución de semanas de cotización va en contra de algunas recomendaciones internacionales sobre la reforma pensional. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que Colombia debería elevar la edad de jubilación, tanto para las mujeres como para los hombres.
Frente al proyecto de ley, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, afirmó que “se trata de iniciativas bien intencionadas, pero tremendamente costosas para el erario, lo cual hace que para un gobierno consciente de sus limitaciones fiscales sea inviable avalarlas. Los colombianos tenemos que ser conscientes de que no podemos incurrir en gastos adicionales cuando la situación fiscal exige que el Gobierno reduzca la magnitud del gasto público”.
Así las cosas, estos son algunos de los costos, tanto políticos como fiscales, que el presidente Santos deberá tener en cuenta a la hora de decidir si objeta o no estas iniciativas.