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Como todos los empresarios reunidos en su congreso anual, los mineros, que tratan de ganar un espacio en la comunidad, presentaron su pliego de peticiones al presidente Santos. En medio del evento se anunció que Continental Gold acaba de vender el 19 % de sus acciones a la Newmont Mining Corporation por cerca de US$25 millones, para impulsar la explotación de oro en el municipio antioqueño de Buriticá.
Aprovechando la presencia del mandatario de los colombianos, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, le recordó los puntos de la agenda revelada en la sede del Gobierno Nacional hace unas dos semanas. (Lea: El espaldarazo de Santos al sector minero)
Entre las estrategias para recuperar la inversión en un sector que recibe dardos desde todos los costados, la industria minera espera una importante participación en sus áreas de influencia para desarrollar obras por impuestos, como quedó contemplado en la reforma tributaria, pero hasta el momento el sector desconoce la forma de participación. Se requiere una reglamentación de la norma, sostiene Ángel. Los CERT piden una reforma al Sistema General de Regalías, sobre todo “en algunos de los mecanismos que permitirán fortalecer la inversión en las regiones”, dice el informe.
Asimismo piden implementar mecanismos para elevar la competitividad y reglamentar la participación ciudadana y la protesta social respetando los derechos de los terceros. El dirigente gremial recomienda al Gobierno una mayor certeza jurídica con normas para compatibilizar el uso del suelo y el subsuelo, reglamentación de la consulta previa, lucha contra la explotación ilícita de minerales y aclarar aspectos relacionados con la restitución de tierras.
El gremio está enfocado en desarrollar estrategias para “mejorar la reputación y la percepción de nuestro sector”, dice el presidente de la asociación.
La minería bien hecha
A estas peticiones del gremio minero se unió un grupo de alcaldes de Santander del área de influencia del páramo de Santurbán. “Permítanos hacer lo que hemos hecho durante 462 años, que es minería. Hoy estamos invitando a la ciudadanía a que firmemos un pacto por la defensa del páramo de Santurbán con una minería bien hecha y así proteger las fuentes hídricas, pero permitir el desarrollo social y local que tanto estamos necesitando”, señala el comunicado respaldado por varias de las alcaldías santandereanas de la provincia de Sotonorte. Los mandatarios municipales pidieron a las organizaciones “ajenas a nuestra región abstenerse de hacer manifestaciones donde asumen una presunta representación y se arrogan la defensa de nuestros derechos y de nuestros territorios”, dice el manifiesto.
La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia González, dijo que tanto su entidad como las CAR tienen la obligación de garantizar el desarrollo sostenible. Señaló que “uno de los retos importantes que tienen las empresas es lograr la articulación con las comunidades para hacerlas autosostenibles, sin hacerlas dependientes de la actividad minera”, para que cuando se acaben o disminuyan los recursos las comunidades sigan dependiendo de su actividad productiva.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, indicó que cuando la Continental Gold descubrió las reservas de oro, el número de habitantes creció de manera desmesurada y empezó llenarse la zona del mineros ilegales. Entonces “Buriticá pasó de ser un municipio pacífico, en donde no pasaba ni el tiempo, a convertirse en un lugar donde no había sino droga, prostitución y muchos delitos”. Hasta el grupo delincuencial clan Úsuga “se metió. Llegó a tener una mina con mil personas registradas y les pagaban seguridad social y sacaba cerca de US$100 millones anuales de oro en la zona”. Pérez dijo que a su llegada a la administración tomaron la decisión de intervenir esa región y los resultados ya muestran otra cara.