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Hace seis meses, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que se cerrarían más de 200 plantas de beneficio de carne bovina, porcina y de aves de corral en todo el país durante un año. Todo eso a causa de la puesta en marcha de una norma sanitaria expedida en 2007, el Decreto 1500, que se modificó y aplazó en varias ocasiones desde 2008, y que para el Gobierno era importante implementar para mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad de la carne.
La política estableció los requisitos técnicos y sanitarios que debe cumplir la cadena de producción, incluidos los mataderos y los establecimientos de desprese, empaque, almacenamiento, transporte y venta, entre otros. Uno de los principales propósitos es evitar que la carne “tenga residuos químicos veterinarios y evitar el desarrollo de la mayoría de los microorganismos o bacterias que afectan a los humanos”, según explicó el Ministerio de Agricultura.
De acuerdo con el director del Invima, Javier Guzmán, actualmente van 71 cierres, de los 208 planeados. “Las plantas que fueron cerradas no fueron seleccionadas por las gobernaciones en los planes de racionalización, es decir, estudios técnicos que hicieron los mandatarios y que no mostraban que esas plantas debían existir. Por otro lado, se cerraron aquellas que nunca presentaron un plan gradual de cumplimiento, las que nunca entraron en el proceso de mejoramiento después de tantos años”, explicó Guzmán.
Pero mientras que para el funcionario la implementación ha sido “exitosa”, para otros la norma no ha tenido un efecto contundente en el mercado o, por lo menos, ha puesto más cargas sobre el sector cárnico, que, dicen, a la larga pueden afectar los precios para el consumidor.
Según José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), es una “vergüenza” que el Gobierno se hubiera demorado tanto en poner en marcha el Decreto 1500 y que, además, “extienda su cumplimiento hasta 2018”. Así, desde su punto de vista, “el inversionista privado no hace los esfuerzos porque sabe que después habrá otra forma de lograr que se amplíen los plazos”.
Las cifras que tiene el Invima dan cuenta de que, de las 397 plantas de sacrificio que quedarán en el país (contando las que tienen autorización sanitaria provisional expedida o en trámite, es decir, un año más para cumplir con la modernización y los estándares), 203 son públicas, 168 privadas y 26 mixtas. Por otro lado, de acuerdo con Guzmán, los cierres que se han efectuado -principalmente en Antioquia y Santander, con 20 y 17, respectivamente- no han tenido impacto en el abastecimiento: “Estas 71 plantas son menos del 5 % del volumen de sacrificio nacional”.
Sin embargo, para Lafaurie, precisamente ese bajo volumen significa que no hay una incidencia en el mercado. “Lo que se hace es generar una situación crítica. (En esos lugares) cierran el matadero y no se van a quedar sin comer carne, matan la vaca en un potrero y la venden”, expresó el presidente de Fedegán, quien ha señalado las demoras en la implementación del decreto como una de las causas de la quiebra de la cadena de frigoríficos Friogán, en liquidación, que era mayoritariamente del Fondo Nacional del Ganado, cuenta parafiscal administrada hasta 2016 por Fedegán y que también está en liquidación.
Los porcicultores y los avicultores se pronunciaron en conjunto y advirtieron sobrecostos a los que están expuestos por cuenta de las inspecciones del Invima. “Los exagerados costos en los que las plantas de beneficio tienen que incurrir en los procesos de inspección, vigilancia y control de acuerdo con los términos establecidos por el Invima están afectando la competitividad de las plantas de beneficio animal para consumo humano, y de no revisarse este sistema, aumentará de manera inevitable el costo de la carne de pollo, cerdo y res a los consumidores”, expresaron, entre otros, los gremios Pork Colombia y Fenavi.
Durante los últimos doce meses, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los precios de carnes de res, cerdo y pollo se han incrementado en un 18,7, 12,8 y 2,49 %, respectivamente. De acuerdo con Fedegán, el encarecimiento de la carne bovina responde a “una mala política en materia ganadera”, y agregó: “Este gobierno recibió un hato en 25 millones (de cabezas) y ahora está en 22 millones. Cuando hay menos animales, la oferta se contrae y el precio sube”.
Carlos Gómez Hurtado, director del gremio de los empresarios de subproductos de la ganadería, Acesgán, señaló que en noviembre de 2016 hubo una disminución del sacrificio en un 9% (cerca de 30.000 reses por mes) respecto al mismo periodo de 2015. Explicó: "Esto no significa necesariamente que el sacrificio real haya disminuido. Es muy probable que el sacrificio legal se haya reemplazado por el ilegal, principalmente en municipios pequeños que quedaron sin matadero y muy lejanos de los frigoríficos que están funcionando".
Javier Guzmán, del Invima, defendió la implementación de la norma señalando que lo importante no son sólo los cierres que se han hecho, sino que “damos viabilidad a las plantas que fueron seleccionadas por los gobernadores en los planes de racionalización. De nada serviría cerrar mataderos si los que deben existir no terminan el proceso de modernización y cumplimiento de estándares sanitarios”. Además, aseguró que se crearon mecanismos de apoyo para los mataderos que permanecerán, como líneas de crédito de Finagro y que se puedan utilizar recursos de regalías para 89 plantas de autoconsumo.
Respecto a los sobrecostos, afirmó que la “inspección permanente del Invima mejorará en forma muy importante la inocuidad y calidad de la carne”, y que las plantas que sacrifiquen diariamente menos de 200 animales bovinos o porcinos o 50.000 aves sólo deben pagar un inspector, y los que superen ese límite deben contar con un inspector adicional y cuatro auxiliares. Según el Invima, las plantas grandes podrían pasar de pagar $50 millones o $60 millones a $110 millones al año a causa de la inspección que debe aumentarse.
No sólo preocupan los costos o que continúen los sacrificios clandestinos, como señalan desde Fedegán, sino que aumente el contrabando. “Es un problema que se ha identificado y que pone en riesgo el estatus sanitario del país. Trabajamos el Invima, el ICA y la Polfa, y es importante la presencia en la frontera con Venezuela”, expresó Javier Guzmán, quien añadió que se han “redoblado los esfuerzos”, con operativos, para combatir el sacrificio ilegal.
La medida, que entre otras cosas ordena la implementación de “un sistema de alerta inmediata y garantizar que el producto (carne) sea retirado del mercado en tiempo no mayor a 72 horas” y aplicar “métodos humanitarios de sacrificio”, genera varias discrepancias. Los efectos o resultados se seguirán evidenciando, por lo menos hasta 2018, en un país que al año consume ocho kilos de carne de cerdo, cerca de 18 de res y 30 de pollo per cápita.
