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Seis meses han pasado y tras la captura de varios líderes de dicho freno laboral, según la Fiscalía por vinculación al cartel de la chatarrización, este es el balance de lo cumplido. El problema es que las cuentas del Gobierno no coinciden con las de la Cruzada Camionera.
El Ministerio de Transporte asegura que hay tres puntos que no están en sus manos y por eso la responsabilidad debe caer en el Ministerio de Trabajo: la política de trabajo decente, la promoción de cumplimiento de normas laborales y el riesgo de ejercer, precisamente, la labor de conductor. De ahí que se argumente que el 85 % de dichos compromisos están cumplidos.
Pero los camioneros tienen otras cuentas. Hablan de 14 puntos incumplidos. Por ejemplo, de la política del 1 a 1, donde se obliga a chatarrizar un camión viejo para poder matricular uno nuevo. Mientras el Gobierno dice que ese tema está solucionado con el decreto 1517, los camioneros advierten que ese mismo decreto lo que hace es abrir el mercado para que a partir del 31 de diciembre de 2018 puedan entrar vehículos libremente al país.
Otro de los temas delicados es el punto 5. Habla de la actualización y complemento del SICE. Dice el Gobierno que cumplió al 100 %. La Cruzada Camionera asegura que no se ha actualizado el tema de peajes, combustible, IVA y tampoco se avanza en el SICE 2. “Sigue la anarquía en tarifas”, advierten los transportadores.
Uno más. El de buscar adelantar recursos del fondo de chatarrización y contratar una auditoría. Asegura el Mintransporte que “se han adelantado recursos y se encuentran en estructuración los pliegos para contratar auditoría”. Pero los camioneros les responden que los atrasos en los pagos alcanzan los seis meses y no se tienen claros recursos para 2017.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, le dijo a El Espectador que se han hecho más de 200 reuniones e incluso han viajado a los puertos para verificar que no se les violen los derechos a los camioneros. Mientras tanto, Luis Orlando Ramírez, líder de la Cruzada, aseguró que dicho movimiento “no está promoviendo ningún paro para el 20 de febrero”, y que Pedro Aguilar debe responder por los problemas de corrupción y chatarrización por los que se le acusa y que el sector sigue en crisis, con costos operativos de 2017 pero fletes del año 2000. Al cierre de esta edición estaban reunidos camioneros y Gobierno en busca de nuevas soluciones conjuntas.
