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Las dos cámaras del Congreso aprobaron esta tarde, 17 de septiembre, la conciliación del proyecto de ley para reformar el régimen de control fiscal.
En las dos cámaras las votaciones fueron mayoritariamente favorables al proyecto de conciliación. En la plenaria del Senado, el proyecto fue aprobado con 78 votos a favor; contra dos por el no. En la plenaria de la Cámara hubo 121 votos favorables al texto, frente a cinco contra este.
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El proceso llevado a cabo en el Congreso logró la conciliación de los actos legislativos 039 de 2019 del Senado y 355 de 2019 de la Cámara.
El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó en el Congreso que esta reforma permitirá que se vigilen los recursos “en línea y en tiempo real”. Indicó además que este proyecto de acto legislativo se trabajó con “los ocho sindicatos de control fiscal” y que nunca recibió una propuesta para la reforma de parte de los críticos de esta.
Córdoba también dijo que el control concomitante a los funcionarios vigilados por la entidad no constituye una “coadministración”, sino un control preventivo para los recursos que estos empleados manejan.
A pesar de la votación mayoritariamente favorable que tuvo la conciliación, hubo algunos congresistas que manifestaron inconformidad con la aprobación del documento que se votó en bloque.
Por ejemplo, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, representante a la Cámara por Bogotá, dijo que la conciliación “no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la Contraloría”, refiriéndose a la capacidad investigativa de la entidad y el mecanismo de elección de contralores locales.
Por el contrario, Goebertus señaló que se acordó un aumento presupuestal de la entidad, se le dieron facultades para modificar la planta de empleados y se estableció un control concomitante “con lo cual los contralores territoriales podrán extorsionar a los mandatarios locales”.
En concreto, Gobertus mencionó que “el presupuesto de la Contraloría pasaría de $581 mil millones en 2019, a $1, 2 billones en 2023”, lo que afirmó representa “ocho veces el presupuesto de la Procuraduría y cinco veces el de la Agencia de Desarrollo Rural”.
Además, la representante dijo que a la Contraloría ya se le habían dado facultades para modificar su planta en el Plan Nacional de Desarrollo, y que ahora, con la conciliación, se le estaba dando a la entidad más “facultades indeterminadas” para esto que podrían causar más burocracia.
Además, la representante mencionó que si estas facultades se “especificaban para la generación de cargos de investigación, no sólo tendría menos riesgos de inconstitucionalidad y se reducirían los miedos de crecimiento burocrático, sino que se habría podido fortalecer la capacidad de peritaje técnico de la entidad”.
Finalmente, Gobertus lamentó que no se haya modificado la forma como se escogen lo contralores locales (quienes son elegidos por las asambleas departamentales y concejos municipales, luego de una terna seleccionada en una convocatoria pública). La congresista dijo que había propuesto que esta elección se hiciera por concurso de méritos, pero que su idea fue rechazada en la plenaria.
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Una vez aprobada la conciliación, ahora se darán los trámites administrativos para que el texto sea promulgado como reforma constitucional.