El 55% de las entidades públicas cree que el gobierno en línea se debe aplicar para que el ciudadano pueda recibir mejores servicios gracias a la tecnología. Ese es uno de los hallazgos del estudio sobre las percepciones de la madurez de los entes del Estado en cuanto a gobierno electrónico, hecho por la corporación Colombia Digital, con el Centro Nacional de Consultoría y financiado por Ingram Micro Colombia.
En esta investigación, fueron consultadas 74 entidades, 58% de ellas del orden nacional. En los resultados, que básicamente lo que muestran son percepciones de los tomadores de decisiones, resalta que el 95% de las encuestadas cuenta con una persona, comité o dependencia encargada de planear y promover el gobierno electrónico.
Sin embargo, a pesar de que, por decreto, los entes del Estado deben tener un director de tecnologías de la información, sólo el 2% de quienes participaron del estudio son CIO (chief information officer). Los demás son en un 20% directores de tecnologías, 20% jefes de sistemas y 58% ocupan otros cargos directivos o jefaturas, pero toman decisiones relacionadas al gobierno electrónico.
De acuerdo con Luis Enrique Mejía, director de proyectos de Colombia Digital, también vale la pena destacar que el 92% de las entidades publica conjuntos de datos abiertos. Esto es útil para los ciudadanos -a la hora de hacer veeduría, por ejemplo- o para las empresas o emprendedores interesados en hacer analítica para sus desarrollos.
Entre los hallazgos también resalta que el canal digital más utilizado por las entidades para rendir cuentas y atender preguntas, quejas, reclamos y denuncias, son las páginas web, con un 99%. Las siguen las redes sociales, con 77%; una mesa de servicios, con 36%, y, finalmente, aplicaciones móviles, con un 35%.
“Si bien no quisiéramos decir que hay único nivel de madurez en las entidades públicas, sí podemos decir que hay factores en los que están muy bien en percepción, como en el objetivo o el fin que tienen las estrategias de gobierno en línea”, agregó Mejía, quien, además, aseguró que no hay grandes diferencias entre el desempeño de las entidades nacionales en comparación con las territoriales.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, Uruguay es el mejor país de América Latina en cuanto a implementación de gobierno electrónico. Ocupa el puesto 34 a nivel global, entre 193 países, seguido de Chile (41) y Argentina (43). Colombia es el cuarto mejor de América del Sur, con el puesto 57, antecedido por Brasil (51).
El informe presentado por Colombia Digital, en efecto, muestra que hay espacio para mejorar, por ejemplo, en la asignación de prioridad y presupuesto. En el 39% de las entidades no existe una partida presupuestal anual para la implementación de estrategias de gobierno en línea.
En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con una dirección dedicada al gobierno en línea. De hecho, la ONU reconoció que en países como el nuestro, Chile o México, se han adoptado sistemas en este aspecto, así como los esfuerzos para la generación de coordinación, transparencia y facilidad en el acceso.
Mejía cree que sin duda sigue habiendo retos en la generación de confianza con el ciudadano, que aún lo piensa dos veces antes de compartir información en la red. “Creo que la construcción de confianza es una de las principales barreras de uso de los servicios de gobierno. No es solo que se perciba que una entidad puede ser vulnerada. La situación internacional -en referencia al ataque del Wannacry- afecta la imagen de los servicios digitales, pero no es el único frente. La cultura misma es una barrera de acceso”, concluyó Mejía.
Sin embargo, acerca de los servicios digitales que el Estado ofrece a los ciudadanos, desde la sociedad civil efectivamente se ha manifestado la inquietud sobre las vulnerabilidad de las entidades y el trato que se da a la información de los ciudadanos. Para los lineamientos que planea el gobierno, la Fundación Karisma, defensora de derechos humanos en entornos digitales, afirma que "es necesario abordar el hecho de que se expone la intimidad de la ciudadanía y de las organizaciones a nuevas amenazas, además de llamar la falta de alfabetización digital".