Y vendrían más manifestaciones

Un país paralizado

Desde los juzgados y las cárceles, miles de trabajadores estatales exigen altos aumentos salariales, mientras que los ciudadanos de las regiones más marginadas piden inversión en infraestructura social.

Colombia ha sido el blanco de más de seis paros en la última semana. Una seguidilla de protestas en la que han participado decenas de miles de colombianos de diferentes sectores, dentro y fuera del Estado, que piden atención por parte de las autoridades. El Ejecutivo, la justicia, la educación y dos de las regiones más marginadas del país han expresado su malestar. ¿Qué se puede decir de una nación con tal densidad de manifestaciones?

Para la exdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Cecilia López, “una de las grandes tragedias de la guerra con las Farc es que se deslegitimó la protesta social. Las manifestaciones hacen parte de la democracia y el país se debe acostumbrar a que se realicen. Son buenas para la sociedad. Mientras se hagan peticiones razonables y no se recura a la violencia, no tienen nada de malo. Es claro que el Gobierno no la tiene fácil, pues en Colombia hay muchas cosas por mejorar, algunas que se han dejado de atender por el conflicto armado, por lo que debe ser muy hábil para atender todas estas críticas y realizar los mayores cambios posibles en el año que le queda”.

Para el director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Eduardo Sarmiento, “la densidad de paros que se vive en Colombia es muestra de que el Gobierno no está dando las herramientas suficientes, como que las personas puedan hacer sus peticiones por los vehículos regulares y en cambio tenga que salir a las calles a exigirlas. Lo cual trae consecuencias sobre el sector productivo”.

Ninguno de los paros que se han convocado en la última semana ha llegado a una solución consensual, por lo que se esperan que continúen las movilizaciones. Y si llegan a un acuerdo, sólo queda esperar que se cumplan los compromisos y de esta forma no se convoque de nuevo a las mismas protestas.

Ministerios frenan

El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte e incluso el Inpec ya han llamado a paro para protestar en contra del incremento salarial de 0,15 % por encima de la inflación, es decir, 5,90 %, que propone el Gobierno.

Por ejemplo, en el Inpec piden un seguro de vida y regular la jornada laboral, pues denuncian que son el único ente público que no tiene regulada la jornada laboral y que trabajan más de 96 horas a la semana.

Por su parte, los funcionarios del Mintrabajo denuncian que tienen los sueldos más bajos del Gobierno.La CUT pide un incremento del 10,5 %, es decir, 5 puntos por encimar de la inflación. 

Maestros marchan

Este martes, más de 60.000 profesores salieron a las calles a protestar por el 5,90 % que propone el Gobierno. La CUT respalda a los maestros al pedir, al igual que  los trabajadores estatales, un alza de 10,5 % en total.

El Ministerio de Hacienda se ha defendido diciendo que ha cumplido con el cronograma de incremento salarial pactado en el paro hace dos años y que debe cumplirse en 2019. Hasta el momento se han incrementado 6 de los 12 puntos acordados.

Los maestros piden también que los afilien al sistema de salud y un fondo (de 7,5 % del PIB) para la financiación de la educación pública.

Piden justicia

La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano (Asonal) convocó este martes a un paro de 24 horas. Entre sus peticiones está el modificar la calificación de los jueces, el sistema de competencias y revisar la viabilidad de los centros de servicios ubicados en todo el país, los cuales consideran un fracaso.

Este martes, Asonal y demás funcionarios de la Rama Judicial se reunieron afuera de los juzgados de Paloquemao en Bogotá, impidiendo la entrada de usuarios y otros empleados. Indicaron que están dispuestos a negociar con el Gobierno, con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.

¿Y los taxistas?

Hace una semana, 45.000 taxistas marcharon en las principales ciudades del país exigiendo una respuesta del Gobierno ante la crisis que, según ellos, se vive por la informalidad en el transporte.

Entre sus peticiones están las medidas específicas contra plataformas como Uber, que según ellos es la principal fuente de informalidad en el transporte, lo que ha provocado que los cupos hayan bajado de $110 millones a $60 millones.

Advierten que adicional a los 300.000 taxis que hay en Colombia, hay 150.000 vehículos que prestan el servicio de transporte de manera ilegal. Los taxistas no descartan más movilizaciones.

Paro cívico en Buenaventura

Este martes, el municipio de Buenaventura convocó a un paro cívico para exigir la declaratoria de la emergencia, social, económica y ecológica. Asimismo, piden el cumplimiento de los pactos que se lograron en la “Marcha para vivir con dignidad”, que se realizó en 2014.Puntualmente exigen que se restablezca el servicio en el hospital de Buenaventura en sus niveles dos y tres. Además, piden que se mejore de una vez por todas el acueducto de la ciudad para dar solución a los serios problemas de agua potable.

Líderes sociales de Buenaventura como Judith Segura, integrante del comité del paro, aseguraron que sus peticiones ya fueron mandadas al Gobierno Nacional y que están a la espera de establecer una mesa de diálogo para dar respuestas a las peticiones que añora este municipio del Valle del Cauca.

Paro cívico en Chocó

El pasado fin de semana el departamento del Chocó convocó a un paro cívico, en el que se cerrará el comercio, con el fin de llamar la atención del Gobierno sobre las grandes necesidades que tiene esta región del país.

El coordinador del Comité Cívico, Dilon Martínez Mena, denuncia que hace un año el Gobierno prometió soluciones en términos de educación, vías, salud, servicios públicos, deportes, alternativas productivas, derechos humanos y seguridad. Sin embargo, según el líder social hasta el momento solo se ha cumplido el 10 % de estas promesas.

El sábado pasado el comité del paro se levantó de la mesa de negociaciones que llevaba a cabo con el Gobierno Nacional y congresistas del departamento, tras no llegar a un acuerdo. De esta manera la manifestación continúa en Chocó y el comercio sigue afectado.