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Para llegar a Abidjan (en español Abiyán), Costa de Marfil, hay que viajar casi 24 horas desde Medellín. Una vez allí, el clima, la música, la comida y las carreteras lo transportan a uno de inmediato a la costa colombiana. Llegué la semana pasada a Abidjan, y de allí a la antigua capital de la colonia francesa, Grand-Bassam, para participar en calidad de experto de la conferencia global de adopción de los principios de Abidjan, una guía de principios que aspira a precisar las obligaciones de los Estados para asegurar la educación pública y de calidad, pero sobre todo la obligación de regular la participación de los particulares en la educación.
La conferencia de adopción de los principios de Abidjan puso fin, en esta etapa, a un proceso de consultas y de trabajo de cerca de tres años en el que organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del derecho a la educación, con el apoyo de académicos y otros actores trabajaron arduamente para redactar y precisar estos principios.
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A Abidjan llegamos, aparte del comité redactor, 20 expertos (en su mayoría mujeres) de Senegal, Burkina Faso, Kenia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, India, Brasil, Colombia, entre otros, y más de 70 observadores de la sociedad civil del mundo entero. Como experta invitada estuvo también la relatora especial por el derecho a la educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, exministra de Educación de Burkina Faso. Durante dos días discutimos en jornadas intensas el borrador preparado por el comité redactor conformado por diez autoridades mundiales en la materia, teniendo en cuenta los contextos cambiantes y las realidades complejas de las diferentes regiones del mundo.
La selección de Abidjan como lugar de la conferencia no fue casual; tampoco lo es que Colombia haya sido llamada a participar. Costa de Marfil tuvo hasta hace algunos años un modelo de educación pública digno de imitar en África occidental. Los maestros de varios países de esa parte del continente se formaban en dicho país. Sin embargo, en los últimos años la calidad de la educación pública se ha deteriorado dramáticamente y ha dado paso a una creciente proliferación de instituciones educativas privadas, algunas con fines de lucro, y con resultados académicos dispares.
Esta realidad se asemeja a la de muchos otros países africanos, pero también latinoamericanos, incluido Colombia, en los que la falta de una regulación estricta de la actuación privada en la educación no ha hecho otra cosa que profundizar en las desigualdades de nuestro contexto. Es justamente por todo lo anterior que los resultados de la discusión sobre educación pública que culminó en la redacción de los principios de Abidjan son de fundamental importancia para Colombia.
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Los principios de Abidjan reconocen entonces la realidad de la prestación privada de la educación y no pretenden suprimirla. También reconocen la autonomía de padres y acudientes para decidir la institución educativa de sus hijos. Sin embargo, también admiten que existen tensiones y algunos vacíos en el derecho internacional de los derechos humanos en lo que respecta a las obligaciones de los Estados en relación con los prestadores privados del derecho a la educación.
Lo que los principios proponen es una guía para, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos vigente, concretar el contenido del derecho a la educación, pero sobre todo las obligaciones de los Estados en relación con la educación pública y la prestada por particulares. De manera especial, precisa los deberes de regulación y los mecanismos de monitoreo y seguimiento que debe hacer el Estado frente a los servicios de educación que prestan agentes del sector privado, sobre todo cuando estos reciben recursos públicos para su operación.
La discusión de Abidjan es de la mayor importancia para Colombia. Es indispensable que una vez publicados, las organizaciones sociales, padres de familia, profesores y estudiantes nos apropiemos de dichos principios y hagamos de ellos una herramienta ineludible en las discusiones sobre educación pública y de calidad por venir. De igual forma, las autoridades públicas deben adoptar en el derecho interno las obligaciones contenidas en los principios de Abidjan, entre las cuales se encuentra el deber de regular en forma debida la prestación de servicios educativos por parte de particulares. Pero, sobre todo, las instituciones colombianas deberán tomar medidas para fortalecer el sistema público de educación en todos sus niveles, evitando la segmentación en la educación que no hace otra cosa que profundizar nuestras desigualdades. Esa es la hoja de ruta del camino trazado en Abidjan.
Si quiere conocer más información sobre el proceso y los principios de Abidjan visite la página www.abidjanprinciples.org
* Esteban Hoyos Ceballos es profesor de derecho constitucional y coordinador de la Maestría en Derecho de la Universidad EAFIT en Medellín.