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Directora del ICBF denunció presunta corrupción dentro de la entidad

Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), afirmó que se encontraron 220 contratos en cabeza de 59 operadores con el mismo representante legal.

03 de marzo de 2024 - 09:12 p. m.
Cáceres también afirmó que los contratos de operadores son los que han tenido mayores muertes de niñas y niños por desnutrición.
Cáceres también afirmó que los contratos de operadores son los que han tenido mayores muertes de niñas y niños por desnutrición.

Este domingo 3 de marzo, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hizo señalamientos sobre presunta corrupción al interior de la entidad. De manera más específica, Cáceres afirmó que se encontraron 220 contratos en cabeza de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, fecha y características de constitución, y errores en el objeto y alcance.

Además, y como Cáceres publicó en su cuenta de X (antes Twitter), también se encontró que varias nóminas del instituto reportaban un valor mucho más alto al que se le había pagado a los colaboradores.

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Tampoco se cumplió con lo que decía el objeto de los contratos, pues, según Cáceres, el número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados, no cuadra.

Algunos proyectos se ejecutaron en menor tiempo para ahorrarse el pago a sus proveedores, pero esa suma igualmente se cobraba al instituto como si se hubiera hecho en el plazo establecido.

Cáceres también afirmó que los contratos de operadores son los que han tenido mayores muertes de niñas y niños por desnutrición. “Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana”, continuó, afirmando que, en ocasiones, organizaciones o fundaciones que han contratado con la entidad tenían relación directa con clanes políticos. “En revisión de los documentos que reposan en las carpetas de contratación del ICBF, se pudo encontrar presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia”, dijo la directora.

Por ahora, Cáceres afirmó que los casos se pusieron a disposición de las autoridades para llevar a cabo las sanciones que correspondan. Esto sucede luego de que la Contraloría emitiera una alerta sobre la situación de más de 780 mil niños y niñas menores de cinco años, quienes llevan más de un mes sin recibir atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta situación se debe a las demoras en el proceso de contratación que adelanta la entidad para atender los Centros de Desarrollo Infantil. “Esto representa un grave problema para una de las poblaciones más vulnerables de Colombia”, advierte la entidad.

“El 28 de diciembre de 2023 se publicó el inicio del proceso para la adjudicación de contratos de aportes para los Centros de Desarrollo Infantil, los Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $3.033.038.286.259 por una duración de 330 días”, señala la entidad.

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Este proceso de contratación tenía como objetivo la atención de más de 785 niños y niñas menores de cinco años. Para esta primera fase, se presentaron 1.417 ofertas. Sin embargo, desde el 17 de febrero de 2024, se han publicado una serie de reclamaciones, denuncias, (algunas con connotación penal por presunta falsificación de documentos), recursos, subsanaciones, derechos de petición, observaciones o aclaraciones. En total fueron 690, que han retrasado el avance de este proceso.

Luego, aquellas ofertas que fueron seleccionadas deberán suscribir los contratos y, para ello, tienen tres días posteriores a la publicación del informe de elegibilidad. Sin embargo, este paso debía llevarse a cabo entre el 21 y 23 de febrero, pero, debe pasar por una serie de procesos antes de la firma de los contratos.

Este proceso de contratación, añade la Contraloría, podría ser inferior a los 330 días originalmente planificados y perjudicaría la atención de los niños y niñas.

Para la entidad, “fácilmente la emergencia se podría prolongar, desde hoy 26 de febrero 2024 por unos 7 u 8 días hábiles siguientes, teniendo en cuenta que hay actividades que se deben cumplir y que no dependen de la voluntad de la administración del ICBF”.

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