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En las últimas horas, se conoció que el Gobierno y el principal sindicato de maestros del país acordaron poner a funcionar un nuevo modelo de salud para los profesores y profesoras del Estado. De acuerdo con la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien se encargó de anunciar el acuerdo, el modelo “integra la salud y la seguridad en el trabajo”. La apuesta, continuó Vergara, busca “dignificar la labor docente, dignificar su vida y las de sus familias”. La decisión llega en un momento clave de este sistema.
A finales de 2023 el presidente Gustavo Petro informó en su cuenta de X (antes Twitter) la suspensión de la licitación para elegir a los nuevos operadores, porque, decía, había una presunta red de corrupción. Aunque al final no se conocieron detalles de esta red, esa suspensión fue la tercera. Se supone que la contratación de los operadores que prestan los servicios de salud hoy a los profesores se hace cada cuatro o cinco años, pero la última vez fue hace seis. Desde entonces, los mismos operadores han seguido trabajando a través de prórrogas en la licitación. Esa última prorrogada comenzó el 24 de mayo y debe terminar en abril.
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Es decir, los profesores y el Gobierno tenían que decidir algo pronto porque los servicios de salud que hoy se prestan quedarán sin operadores durante este mes, por lo que, además, la implementación del nuevo modelo tendrá que ser rápida. Como explicamos en esta nota hace unas semanas, en el nuevo modelo se elimina, en la práctica, a los operadores. De acuerdo con la presentación del Ministerio de Salud, en particular por el viceministro Jaime Urrego, esto se hacía cambiando la estructura interna del sistema.
“Se habla de una red nacional de servicios de salud, que tendría tres niveles: un componente de prestador primario, un nodo regional de servicios, y centros de excelencia o altamente especializados para acceso nacional a cualquier maestro o beneficiario del magisterio. Acompañado de un gestor farmacéutico a lo largo de los tres y de un sistema de transporte especializado”, dijo Urrego. Cuando el Ministerio habla de una red nacional, promete que los profesores no tengan que sufrir con algo que estaba en el centro de sus críticas: la falta de capacidad de los operadores. Lo que hoy sucede hoy es que los profesores ven limitado el acceso a su salud en algunas regiones debido a que los operadores no contratan todos los servicios con los prestadores. Por ejemplo, si el operador contratado en una región no tenía una IPS para, por ejemplo, atender cáncer, ese profesor tenía que ser trasladado a otra región, demorando su diagnóstico y tratamiento.
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Lo ideal es que los tres niveles de atención (primario, regional y alta especialización) se garanticen en cada nodo regional. ¿Qué es un nodo regional? Urrego ejemplificó de esta manera: la región Pacífico. En ella hay subregiones, en donde hay municipios. En esos municipios estarán los equipos territoriales (según el Ministerio de Salud, harán seguimiento y acompañamiento en poblaciones de unos 2.000 maestros y sus familias, y brindarán atención prioritaria permanente). Si el paciente necesita servicios de mayor complejidad, se mueve dentro de la subregion, si no lo logra, se mueve dentro de la región, y si no lo encuentra en la región, se mueve a otra región. La región Pacífico, por ejemplo, se conecta con Antioquia y el Eje Cafetero.
El sistema pasaría de diez regiones en las que se divide hoy, a ocho. “Este sistema debe pensarse nacional. Significa que si un maestro de Leticia tiene que ser atendido en Medellín, porque allí se ha desarrollado una tecnología que no tiene Bogotá ni Cali, tiene derecho de ser atendido en este punto. Lo que no puede seguir sucediendo es que si el operador no incluyó al Instituto Nacional de Cancerología, que está en Bogotá, entonces los que están con equis entidad no pueden ir allá porque el operador no lo incluyó en su red”, agregó Urrego. Se abriría entonces una inscripción nacional para que clínicas y hospitales de todo el país se registren a partir una serie de condiciones que se definirían con antelaciones. Con estas entidades se establecería lo que el Gobierno llama un “acuerdo de voluntad”, una figura similar a un contrato.
Esa inscripción de clínicas y hospitales tendría que ocurrir en las próximas semanas. En el nuevo modelo entrarían a jugar otros actores como la ADRES (el “banco de la salud”) y la Superintendencia de Salud. La ADRES entraría a ser una figura de interventoría, que realizaría el seguimiento a todos los pagos y la contratación. Lo que sí no cambia es el papel de la Fiduprevisora, una fiducia que es mayoritariamente pública y que lleva treinta años gestionando los recursos del magisterio, como prestaciones y los de salud.
En este tiempo la entidad ha recibido quejas, sobre todo en salud y prestaciones sociales, porque el retraso en el pago de las cesantías ha generado grandes costos en mora. Aunque su papel se mantiene, se espera que esta entidad experimente algunos cambios internos Según explicó Urrego, la Fiduprevisora deberá someterse a una transformación mediante un acto administrativo, estableciendo un nivel de gestión que abarque diversas áreas, tales como la gerencia del modelo, el respaldo para la planificación estratégica y las comunicaciones, la administración de la red nacional de servicios, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, así como la gestión territorial (a través de ocho o diez coordinaciones nacionales), la gestión administrativa y financiera, la participación ciudadana, la gestión de sistemas de información, entre otros.
Finalmente, no se toca el acuerdo 05 de 2022, por el cual se mantienen los no copagos y no se modifica la Ley 91 de 1989, que originó el modelo diferenciado de los maestros y el papel del FOMAG y de su consejo directivo (conformado por cinco personas con voto, en donde el Gobierno tiene tres puestos y Fecode los dos restantes). (Puede ver: Colombia sigue en epidemia de dengue, pero letalidad ha disminuido)
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