Abren investigación a director del SENA por presuntas irregularidades en contratación

El trámite de contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes de la entidad tiene un valor superior a un billón de pesos.

Foto: SENA

Por medio de un comunicado, la Procuraduría anunció que abriría una investigación a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y cuatro funcionarios de la entidad por presuntas irregularidades en el trámite de contratación de servicios tecnológicos. (Lea: En Guaviare, más de 1.600 estudiantes indígenas llevan un mes sin PAE)

Los otros funcionarios investigados, aseguró el órgano de control, son Carlos Martín Coy Rodríguez, jefe de la Oficina de Sistemas y quien fue suspendido provisionalmente por tres meses, Manuela Valentina García Cano, directora jurídica, y María Ofelia Gallo Sisa.

El proceso de contratación de este servicio, según estima el órgano de control, tiene un valor de un billón de pesos. En el documento señaló que investigará “irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública, sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión”. (Puede leer: ¿Quiere estudiar?, la Beca Usaquén está abierta para cupos en educación superior)

Además, el órgano investigará si la firma de esta resolución habría afectado los derechos jurídicos de Unión Temporal Sena 2.0, proponente, por los cuales tuvo que solicitar su autorización para revocar el proceso de licitación.

El propósito de esta investigación, de acuerdo con la Procuraduría, es verificar “la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”. (Le puede interesar: MinTic abrió cursos gratuitos para mujeres en varias áreas: así puede inscribirse)

Otro de los temas que explicó fue el de la suspensión provisional del jefe de Sistemas. El órgano de control precisó que era necesaria tomar esta medida porque “en su calidad de ordenador del gasto y líder del proceso de selección que se analiza no brinda las garantías a la entidad ni a la comunidad que se beneficiaría con el desarrollo del proyecto”.

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