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El Espectador pudo confirmar que la Consiliatura de la Universidad del Rosario desvinculó a José Alejandro Cheyne como rector a partir de este 18 de abril. “De acuerdo con lo establecido en las constituciones ante la vacancia presentada, ocupará la Rectoría el Vicerrector, doctor Gustavo Adolfo Quintero Hernández, quien convocará a elección de rector para el resto del periodo, a la mayor brevedad”, se lee en el comunicado conocido por este diario.
Esta decisión sucede luego de varios días de controversias en la universidad. Como revelamos en El Espectador, había dudas sobre el manejo financiero en la institución y un declive en las matrículas que se vino presentando desde 2018, a excepción de 2020. También se habían presentado varios despidos, como lo contamos en reiteradas oportunidades, a reconocidos docentes como la internacionalista Arlene Tickner o el muy citado jurista Manuel Quinche.
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A eso se suman las múltiples cartas firmadas por docentes, egresados y estudiantes que le pedían a Cheyne que diera un paso al costado de su cargo, pues lo señalaban por presunto conflicto de interés tras contratar a varios de los colegiales que participaron en su elección como rector. El Espectador pudo confirmar que Sebastián Giraldo, uno de los electores de Cheyne, fue nombrado director de programa por instrucción del exrector, a pesar de no cumplir el perfil requerido, según el manual descriptivo del cargo.
A esto se le suma el hecho de que el pasado 17 de abril, 5 exrectores del Rosario publicaran un comunicado en el que explicaban que, tras reunirse con Cheyne y cuatro miembros de la Consiliatura, su recomendación fue que diera “un paso al costado” del cargo. Los firmantes fueron Guillermo Salah Zuleta, Rafael Riveros Dueñas, Hans Peter Knudsen Quevedo, José Manuel Restrepo Abondano, y la exrectora encargada Maria del Rosario Guerra de la Espriella.
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La defensa de Cheyne
En una entrevista que Cheyne otorgó a Caracol Radio el pasado 16 de abril, el ahora exrector manifestó en su momento que no tenía intención de apartarse de su cargo. En primer lugar, recordó que el pasado 12 de abril las directivas del Rosario ya se habían pronunciado sobre la situación económica. “El sector de educación superior privado atraviesa una situación difícil. No obstante, las decisiones que la Universidad del Rosario ha venido tomando, nos permiten asegurar que nuestra institución registra una solvencia financiera comprobable”, dijo en su momento la institución mediante un comunicado. Allí, además, se afirmó que al cierre de 2023 se presentó un excedente neto de $2.265 millones, y que en los primeros meses de 2024 esa misma suma se habría consolidado en $4.960 millones.
Cheyne también explicó que, actualmente, la deuda del Rosario suma los $120.000 millones a un plazo de 12 años, con “dos más de gracia”. Luego de adquirir este crédito, aseguró el exrector, la colegiatura de la universidad aprobó la posibilidad de adquirir otros créditos, pero no se ha pedido ninguno adicional “porque no los hemos necesitado”. Asimismo, dijo que hace varios años se creó un fondo para emergencias económicas, que surgió con $50.000 millones, y que aún tienen disponibles $27.000 millones. Además, aseguró que entre 2021 y 2023 la cantidad de estudiantes se ha incrementado en un 7.9 %.
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En cuanto a las acusaciones por presunto conflicto de interés, el exrector negó haber contratado a estudiantes que votaron por él durante su reelección en 2022. También dijo que no existían los llamados “despidos masivos”, pues, en sus palabras, en la universidad hay 2.000 trabajadores, y se despidió a 52 de estos. Añadió que algunos de esos despidos correspondieron a personas que estaban tomando la licencia, pero que ya la habían prorrogado varias veces, durando “hasta cinco años por fuera de la universidad”.
Por ahora, y tras la desvinculación de Cheyne, las múltiples cartas firmadas por miembros de la comunidad universitaria pidieron que se hicieran públicos los estados financieros de los últimos seis años; que se entregue un listado de los despidos que se han realizado junto a una justificación para esa decisión; y que se muestren los estudios de viabilidad financiera y académica para la compra de nuevos edificios y para la creación de nuevos programas académicos.
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