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En estos últimos días se han prendido las alarmas acerca de las consecuencias, para algunos nefastas, que tendría la reforma tributaria para la edición de libros, los autores y las librerías, lo cual redundaría en disminuir las tasas de lectura del país. Sin embargo, muchas de las personas que trabajamos en el sector, en condición de autores, editores y promotores de la lectura, pensamos que se está analizando y exponiendo el asunto, solo desde la perspectiva de algunos pocos agentes del sector que tradicionalmente se han beneficiado de las exenciones que les otorga la ley.
En 2023 se cumplen treinta años de la expedición de la Ley 98, de 1993, o Ley del Libro, y no hay mejor momento que el cambio que atraviesa el país para abrir la discusión. La Ley otorga la exención del impuesto a la renta a los editores. Esta ley, promulgada bajo el gobierno de César Gaviria, se firmó asegurando que tenía como vigencia 20 años después de ese momento. Sin embargo, como muchas de las reformas en este país, cumplido ese tiempo, ninguna de las instancias del sector propuso una discusión seria y, en su lugar, la Ley se amplió mediante un “mico” que se añadió a la Ley 1379 de Bibliotecas (el artículo 44 que prorroga la vigencia del artículo 21 de la Ley 98, y, finalmente, la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016 derogó el mismo artículo 21 de la Ley 98 de 1993).
En la actualidad, los editores están obligados a pagar un 9% sobre sus excedentes. Lo importante es señalar que, en el marco de una reforma tributaria progresiva, no es lo mismo un grupo multinacional que una editorial independiente cuyo tamaño es mil veces menor. Evidentemente, no se trata de proponer un esquema binario que estigmatice a nadie, pero no pueden seguir contándose peras como manzanas. La inmensa mayoría de los editores colombianos son pequeños y medianos, no perciben utilidades y no estarían dentro de la tributación que propone este gobierno. Y si algunas las percibieran, estaría persuadida de que tributarían en pro de los colombianos más pobres y excluidos. Además de lo anterior, es preciso hacer notar que mientras una editorial está exenta del pago de impuestos, sus empleados sí están obligados a ese pago si sus ingresos son superiores a 10 millones mensuales.
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Me parece que estos deben ser los debates de un gremio capaz de ponerse a tono con los vientos de cambio, en donde se comprenda la importancia de buscar formas colaborativas y creativas de aplaudir el trabajo de los grandes, pero apoyar con muchísima más decisión a las editoriales independientes colombianas.
Entiendo que hay temor a que el aumento de impuestos a las empresas recaiga sobre el precio de venta al público, pero en ese sentido, se trata de gravar utilidades y no procesos de producción. La única razón para que este PVP aumente sería la de que se sigan manteniendo intocables las ganancias de unos pocos, con lo cual sería el consumidor el que carga con mantener intactas estas utilidades. Estamos seguros de que las medianas y pequeñas editoriales no aumentarían, por estas razones, en nada los precios de sus libros.
La otra alarma que se ha prendido es decir que la reforma afecta a los autores que reciben, mediante anticipos de regalías, el pago por su trabajo. Esto habría que especificarlo en la reforma y hacerlo de la misma manera en que se hará con cualquier colombiano que devengue más de 10 millones de pesos mensuales. Hay que recordar que todos los colombianos estamos llamados a aportar a las grandes inversiones que se requieren para disminuir las enormes desigualdades que vivimos. Cualquier autor que tenga ingresos anuales que superen el tope de 120 millones, deben ser contribuyentes: son contados con los dedos de la mano los autores que perciben sumas superiores a esta cifra.
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El tercer actor del campo del libro que se dice que estaría afectado es el de las librerías. Nada más lejos de la realidad. Las pequeñas y medianas librerías independientes, que no hacen parte de una cadena, tampoco perciben utilidades, a duras penas sobreviven, pues este es tal vez el eslabón más débil del ecosistema del libro. La prueba es que con frecuencia asistimos al cierre de una librería porque sus cuentas no dan. La exoneración que supuestamente se suprime no las afecta, pues no están en condiciones de hacer inversiones que luego se deduzcan de la renta. Lo que sí es importante es que se piense en programas que las fortalezcan, que permitan que tengan presencia en todo el país y que las existentes no se cierren.
Por último, lo que sí puede ser un factor de estímulo a la lectura y con ello a la compra de libros para beneficio de editores y autores, es que las personas, una vez satisfechas sus necesidades básicas, puedan contar con recursos para invertir en libros y puedan acudir a bibliotecas bien dotadas con libros colombianos y extranjeros.
Igualmente, este propósito de garantizar para todos el acceso a la cultura escrita, requiere fomentar las creaciones y producciones colombianas.
*Silvia Castrillón es bibliotecaria, escritora y editora colombiana, experta en fomento y políticas públicas de lectura.
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