Se denuncia la utilización de “mares de dinero”, se señalan nexos entre partidos y actores armados, mafiosos o criminales, y se exigen medidas urgentes para contrarrestar toda posible financiación ilegal.
El fenómeno no es nuevo. Tiene como precedente la difundida práctica del clientelismo. Ahí en donde el voto libre no hace presencia, se tolera y promueve su compra y venta. Difícil negar que los vicios en las prácticas electorales colombianas se originan en pecados y omisiones que no son recientes. La desconcertante impunidad en el plano judicial viene precedida, es cierto, de la indiferencia ciudadana, de la impunidad social. Pero esta no es razón para suponer que nada puede hacerse, ni motivo para no prender las alarmas, una vez más, frente al desborde total de la contaminación del ejercicio de la política.
Ya en 2006 se denunciaba cómo el entonces director de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, hacía su campaña electoral con una mochila atiborrada de millones de pesos. Hoy, con Gil tras las rejas a la espera de un juicio por parapolítica, proliferan descripciones similares sobre la campaña que, en cabeza de su esposa y antiguos copartidarios de esa colectividad, desarrolla el nuevo Partido de Integración Nacional, PIN.
Con la parapolítica como precedente, la fuerza de las denuncias y los señalamientos contra candidatos y movimientos activó la reacción del Gobierno y las instituciones de control. Falta ver con qué efectividad.
Del lado gubernamental entró en funcionamiento la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), integrada por funcionarios de Fiscalía, Contraloría, DAS, Procuraduría, Registraduría, Fuerzas Militares, entre otras instituciones. Una red de veeduría electoral que, no obstante sus buenas intenciones, llega tarde, omite la diligencia de otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas desde hace tiempo y con profesionalismo a dar la batalla por la democracia, y corre el riesgo de convertirse en otro centro de acopio de denuncias sin acción alguna.
No deja de ser paradójico, por lo demás, que el mismo Gobierno que en vísperas de elecciones da muestras de indignación, hace menos de seis meses impulsó una reforma política que no estableció correctivos para los partidos, en su mayoría de la coalición de Gobierno, que acogieron a los parapolíticos que hoy se encuentran en prisión. El mensaje de impunidad que se impartió entonces fue contundente y tuvo consecuencias negativas, pues quedó claro que las relaciones con ilegales son rentables electoralmente y, en general, quedan en la impunidad.
En cuanto a los organismos de control, usualmente dedicados a fiscalizar vallas, pendones y pasacalles, el tradicionalmente inocuo Consejo Nacional Electoral decidió suspender esta semana temporalmente la personería jurídica del partido Alianza Democrática Nacional (antes Colombia Viva), pues la colectividad, de filiación uribista, violó procedimientos legales con la participación de parapolíticos al modificar su nombre original, sus logos y sus estatutos.
Una prueba fehaciente de que, con un mínimo de voluntad política e institucional, es posible desterrar algunas de las conductas ilegales más visibles. Y sin embargo, seguimos del lado de lo insuficiente: los miembros de ADN, provenientes de todo el país, irán seguramente a parar a otros partidos, como el PIN, cuyo presidente, Samuel Arrieta, confirmó que está dispuesto a recibirlos. Así, el grueso de aspirantes de ADN a la Cámara de Representantes por el Valle pasará a engrosar las filas del PIN, que coincidencialmente carecía de listas en esta región.
En fin, valioso el interés en actuar para detener estas prácticas que hieden, pero el camino es largo y tortuoso mientras la sociedad entera no se levante a recuperar el valor de la decencia en nuestra política.